José María 'Chema' Salcedo te explica los motivos detrás del conflicto social relacionado al proyecto minero de Las Bambas, en Apurímac.
Violencia, protestas y promesas incumplidas. Todo esto se está suscitando en estos momentos por el proyecto minero de Las Bambas, en la región Apurímac. El último conflicto había estallado en setiembre del año pasado con una serie de protestas, 3 muertos, decenas de heridos y varios detenidos.
El origen es la modificación del estudio de impacto ambiental, aparentemente sin consulta previa. El cambio señalaba que ya no se iba construir un viaducto y que los minerales saldrían del proyecto en camiones, por carreteras que cruzan territorios de las comunidades campesinas y van hacia el puerto de Matarani. Esto, según dirigentes de los ciudadanos, afectaba a cuatro comunidades.
“Hace dos o tres años, la empresa había suscrito contratos con las comunidades, con propietarios de terrenos de las zonas aledañas a la carretera, sobre el derecho de servidumbre. Pero estos estarían quedando sin efecto porque en julio del 2016, un día antes de que se vaya el señor Ollanta Humala, promulga una norma que cambia la categoría de la vía, que ya no es de tránsito comunal, sino nacional”, explica Ronald Ibarra, jefe de conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros.
A metros del tajo abierto del proyecto minero de Las Bambas, de la empresa china Limited, viven 16 familias que se encuentran en el caserío de Taquiruta. Estas decidieron no reubicarse, como sí lo hicieron otras comunidades. La razón: quieren que les paguen lo que ellos consideran justo por sus terrenos, a pesar de que, según denuncian, los límites de sus chacras van siendo poco a poco invadidos.
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