Mediante un comunicado, la bancada de izquierdas cuestionó la política ambiental y laboral del país asiático.
El Frente Amplio no está de acuerdo con la condecoración que el Congreso le otorgó este lunes al presidente chino Xi Jinping. La titular del parlamento, Luz Salgado (Fuerza Popular) le otorgó la Medalla de Honor. Mediante un comunicado, la agrupación de izquierdas ha expresado que "no está de acuerdo con el otorgamiento de la distinción".
Las razones. Esta oposición se debe principalmente a la relación comercial que mantienen las empresas del gigante asiático con el Perú. Consideran que estas incumplen estándares sociales, laborales ambientales y culturales y que la relación con sus trabajadores es deficiente.
El gobierno de China tiene un sistema político comunista con pleno control y restricción de las libertades políticas y algunas sociales. Sin embargo, su sistema económico es de libre mercado, lo que le ha permitido crecer sostenidamente y realizar tradados de libre comercio con naciones del mundo, como con el Perú. Xi Jinping es el secretario general del unitario Partido Comunista de China y presidente desde el 2013.
Inversiones en Perú. No firmaron la moción y pusieron como ejemplo a las transnacionales mineras donde, según la bancada, "se produce permanente maltrato a sus trabajadores y se vulnera derechos territoriales de pueblos indígenas". Shougang, en Marcona, Chinalco en Toromocho, MMG-Las Bambas en Apurímac y Zijnj en Piura priorizan, para este grupo, el interés de las ganancias "antes que el derecho de la gente".
También critica el proteccionismo del gobierno chino y los subsidios hacia su industria que hace que las exportaciones generen una situación de dumping que afecta a productores nacionales. Cita el ejemplo del emporio comercial de Gamarra. Además, se mostraron en contra de que el sistema de ese país se oponga a políticas migratorias que permitan el libre movimiento de las personas y que desprotejan derechos sociales, económicos y ambientales.
"Entregar una distinción, con el argumento de una supuesta conveniencia económica, al margen de la grave repercusión que genera en el campo social y ambiental en nuestro país, así como la preocupación que genera las conocidas denuncias de violación de Derechos Humanos en dicho país no es consistente con la democracia y los derechos que la mayoría parlamentaria dice defender", dice el comunicado.
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