En el I Foro Integración al Bicentenario se concluyó que el proceso de descentralización debe ser un tema prioritario en la agenda pública.
Han pasado quince años desde que se inició el proceso de descentralización en el Perú, pero ¿cuánto se ha avanzado hasta hoy? Si bien el PBI nacional creció a una tasa promedio anual de 5.3% entre 2003 y 2017, en muchas zonas del interior aún se mantienen las brechas que separan a sus habitantes del desarrollo económico y social.
César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros, aseguró en su última presentación ante el Pleno del Congreso que su gestión tendría como uno de sus pilares la descentralización del país con un enfoque de desarrollo territorial.
Algunas cifras oficiales muestran las desigualdades. Por ejemplo, solo el 22% de los colegios en zonas rurales tienen agua, desagüe y electricidad, según el Ministerio de Educación. Por otro lado, solo el 2.2% de la población rural accede a agua potable mientras que entre los habitantes urbanos la cifra es de 52.9%, de acuerdo con el organismo supervisor Sunass.
“Tenemos que entender las disparidades y la lógica de la interculturalidad en el territorio peruano. Las políticas públicas tienen que ser acordes a las necesidades de cada una de las regiones”, advirtió María del Carmen Sacasa, coordinadora residente de las Naciones Unidades en Perú, en el I Foro Integración al Bicentenario, organizado por el Grupo RPP el último 11 de mayo.
Carlos Casas, exviceministro de Economía y profesor de la Universidad del Pacífico, explica que la lógica de la descentralización es ofrecer servicios diferenciados, en cantidades y calidades diferenciadas, según cada localidad. Para ello, el Estado debe conocer cada población.
“No existe esta información porque nadie la está recogiendo. Las municipalidades deberían hacerlo, pero tienen un rol limitado”, señala. “No conocer las diferencias en las demandas del país es malgastar recursos”, agrega.
En su diagnóstico de 2016, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) resaltó más diferencias sobre nuestro suelo: la mayor población con educación superior está reunida en cinco regiones; solo ocho departamentos tienen más del 50% de sus vías asfaltadas; solo cuatro gobiernos regionales superan el promedio del presupuesto anual asignado para estas entidades.
De hecho, entre las conclusiones alcanzadas en el I Foro Integración al Bicentenario, que congregó al sector público, al sector privado y a la sociedad civil, se destacó la necesidad de consolidar el desarrollo territorial del país y de adecuar la interacción entre todos los niveles de gobierno para asegurar la eficiencia en el gasto y generar un impacto aprovechable en la población.
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