Ayacucho: la batalla por salvar a las vicuñas de la caza furtiva en medio de la pandemia

“La vicuña es muy importante para mí y para todos los comuneros que vivimos en las zonas altoandinas del Perú. Para nosotros este recurso no es solo importante económicamente, lo es también culturalmente. Nuestros ancestros en la época incaica también aprovechaban este recurso”, dice César Rojas, comunero ayacuchano que lleva más de 27 años aprovechando la fibra de vicuña y que hoy narra sus vivencias sin poder salir de casa.

Cuenta que lo que más extraña es el viento helado de la puna, ese que le corta la piel violentamente mientras camina por los pastizales para monitorear las poblaciones de vicuñas junto a los guardaparques comunales. “La conservación de la vicuña —dice convencido—  ha sido una tarea difícil y hasta ahora lo sigue siendo, pero tenemos que entender que para seguir aprovechando su fibra, la columna vertebral es la conservación”.

Al Perú le tomó más de cinco décadas lograr que la vicuña, el animal que representa la riqueza animal en el escudo nacional, vuelva a desplazarse sin temor por las praderas altoandinas que en el pasado fueron tomadas por cazadores furtivos. Un negocio ilegal que casi desaparece a una población que bordeaba los 2 millones de ejemplares y que en su peor momento dejó con suerte a 5 mil vicuñas con vida.

Desde entonces, las comunidades campesinas de Ayacucho se organizaron y aportaron sus conocimientos ancestrales para proteger a esta especie y aprovechar sosteniblemente su preciada fibra. Este esfuerzo se sumo al de guardaparques y conservacionistas que desplegaron una estrategia de conservación para conseguir que la población se recupere hasta  alcanzar los 210 mil individuos.

Un logro por donde se vea. Sin embargo, en los últimos días, el fantasma que con tanto esfuerzo lograron espantar, a vuelto a mostrarles su peor cara.

Desde que el Gobierno peruano declaró la cuarentena por la presencia del COVID-19 en el país, la caza furtiva de vicuñas se ha disparado. De acuerdo con los guardaparques locales, se han encontrado los cuerpos de aproximadamente 200 vicuñas regados en el suelo, con casi el 70% de sus pieles arrancadas. Este hallazgo ya fue denunciado ante la fiscalía ambiental de Puquio.

¿Se puede decir que la caza furtiva ha vuelto o es que nunca desapareció del todo?

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Décadas de conservación

En las décadas de los 50 y  60, la caza furtiva fue una de las peores pesadillas para las comunidades campesinas. Esta actividad ilegal irrumpió en las praderas altoandinas del departamento de Ayacucho para arrasar con las vicuñas y  abastecer a un mercado internacional que demandaba su valiosa fibra.

Mientras más crecía el negocio para estas mafias, más tangible era la posibilidad de que esta especie desapareciera. La caza furtiva así como la competencia entre la especie y el ganado doméstico provocaron una disminución abrupta en una población presente en 16 departamentos del país. El impacto fue tan severo que el número de animales se redujo en un momento a 5 mil.

La vicuña llegó a ser declarada En Peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), un escenario trágico del que le costó mucho salir.

No fue hasta que un grupo de conservacionistas preocupado por la situación de este camélido sudamericano decidió impulsar la creación de un área protegida, que la situación empezó a cambiar. En 1967, se creó la Reserva Nacional Pampa Galeras —años más tarde se le agregó el nombre de la reconocida periodista Bárbara D’Achille para honrar su memoria—. La reserva es hasta hoy un referente de la conservación de vicuñas en la región Ayacucho y en los Andes peruanos.

“La reserva es un ícono para nosotros y nos ayuda a seguir impulsando la conservación de la vicuña”, cuenta Rojas, quien cree que de no haberse creado el área protegida no sería posible hablar de las cifras de vicuñas que se manejan hoy. Incluso se atreve a decir, que esta especie no sería más que un vago recuerdo.

Pero para crear la reserva fue necesario convencer a la Comunidad Campesina de Lucanas y a varias otras de que cedieran 6500 hectáreas, terreno entonces dedicado al pastoreo de vacunos, ovinos y auquénidos. Lucanas era propietaria del núcleo de la reserva y aceptó entregar sus tierras a cambio de poder seguir manejando la fibra de las vicuñas.

Años después, cuando compararon el censo de 1965, en el que se reportaba la existencia de 1000 animales, con el realizado cinco años más tarde, las comunidades sintieron que habían tomado una buena decisión. La población pasó a manejar, en poco tiempo, alrededor de 4500 vicuñas.

Las pampas poco a poco empezaron a verse más pobladas. Las asustadizas vicuñas podían correr de nuevo a sus anchas por un espacio libre de amenazas. Todo iba por buen camino. Pero los ochenta irrumpieron en el país con la violencia de Sendero Luminoso (SL). Las comunidades campesinas de Ayacucho fueron duramente golpeadas durante el conflicto armado interno. Los habitantes de Lucanas y guardaparques sufrieron el incendio y destrucción de la sede central de la reserva, así como de varios puestos de vigilancia. Y como suele pasar, un problema arrastra a otro y los cazadores furtivos reaparecieron.

La ausencia de vigilancia entre los años 1983 y 1994 permitió nuevamente la caza de cientos de vicuñas en el área.

No fue hasta que el Gobierno, en 1991, decidió involucrar a las comunidades en las tareas de conservación y permitirles la custodia y aprovechamiento de la fibra, que las cosas recobraron su cauce. Las comunidades de Lucanas empezaron a formar sus propios comités de vigilancia, sacaron a los cazadores y empezaron un negocio sostenible que dura hasta hoy, y que depende del cuidado de más de 17 mil vicuñas (4 mil dentro de la reserva y otras 13 mil en zonas aledañas).

Pero aunque la historia indica que siempre han logrado espantar a los cazadores furtivos, esta historia también indica que ante la primera oportunidad, el enemigo reaparece.

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La caza furtiva se intensifica

Alrededor de 150 mil familias campesinas están vinculadas de forma directa e indirecta al aprovechamiento de la fibra de vicuña en Perú, según información del Serfor. El país es el primer productor a nivel mundial y Ayacucho la región que encabeza la lista al concentrar el 34% de la producción nacional.

“El aprovechamiento sostenible de la fibra de vicuña impacta mucho sobre la economía de las comunidades locales. En la comunidad de Lucanas, por ejemplo, el dinero obtenido de la fibra de vicuña es usado para mejorar las escuelas, los puestos de salud, sus calles y otra infraestructura”, cuenta Santiago Paredes, jefe de la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille. Tan solo la Comunidad Campesina de Lucanas comercializa anualmente una tonelada de fibra, vendiendo cada kilogramo a 320 dólares americanos.

Este escenario en el que la conservación se combina muy bien con la existencia de una actividad que asegura una economía estable a las familias, no es usual. No son muchos los proyectos que han conseguido estos resultados en el país. Y es este trabajo de años el que hoy peligra con la pandemia del COVID-19.

“Estamos pasando por una crisis enorme porque no estamos trabajando. Muchas personas de mi familia han perdido también su trabajo y estamos sin ningún ingreso”, cuenta Rojas con voz preocupada.

La familia de Rojas es una de las miles que se sostienen económicamente con el aprovechamiento de la fibra de vicuña, considerada la más fina y cara del mundo.

A pesar de que la crisis actual y las medidas tomadas por las autoridades peruanas amenazan su economía a corto plazo, Rojas reconoce que el problema podría ser mucho mayor. “Vamos a tener problemas para la comercialización [de la fibra] este año —asegura Rojas—, y más aún, vamos a tener problemas para la conservación de las vicuñas. Si no tenemos ingresos de la fibra, no tendremos dinero para pagarle a los guardaparques de las comunidades”.

Desde que se declaró el estado de emergencia en el país, el SERFOR ha recibido cinco reportes de caza furtiva de vicuñas en varias localidades de los distritos de Puquio, Upahuacho y San Pedro de Palco. Sin embargo, esos eventos podrían no ser los únicos, pues muchas veces las denuncias se presentan directamente ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) sede Puquio. De acuerdo con lo declarado por los comuneros, alrededor de 200 vicuñas fueron halladas desangrándose y con casi el 70% de sus pieles arrancadas.

La caza furtiva se da casi todos los años pero, debido al COVID-19 y la cuarentena que se acata a nivel nacional, el problema se ha agudizado este año.

“En esta época del año normalmente se reportan este tipo de matanzas. Es probable que, debido a las directivas que ha dado el gobierno nacional para evitar la aglomeración de personas, los delincuentes aprovechen las circunstancias para intensificar su labor delictiva”, señala Alberto Gonzales-Zúñiga, director ejecutivo del Serfor.

Algunos de los comuneros encargados de las tareas de vigilancia se han visto obligados a abandonar sus labores para acatar la cuarentena. Rojas reconoce que el contexto que les toca vivir facilita las actividades ilegales, además, “la región Ayacucho, por su propia geografía, tiene condiciones para que se de la caza furtiva. Por más que hemos tenido guardaparques para cuidar los territorios comunales, siempre hemos tenido este problema”, se lamenta.

La FEMA de Puquio ya visitó la zona. “Ellos han levantado un acta y se ha pasado a una investigación penal. Adicional a ello, nosotros también lo comunicamos al Gobierno Regional, que tiene a cargo el control y vigilancia, para que ellos, en el marco de sus competencias, puedan colaborar”, dice Ana Luisa Calderón, directora de control de la gestión del patrimonio forestal del Serfor. Agrega que también han elaborado un mapa que especifica la ubicación geográfica de los eventos de caza furtiva, así como las rutas que podrían ser utilizadas por los cazadores para el traslado de la fibra. Este mapa ha sido entregado a la FEMA y al Gobierno Regional.

Por ahora, son dos las hipótesis que manejan los funcionarios des Serfor sobre el destino de la fibra extraída ilegalmente: o será vendida en la misma región de Ayacucho o en un mercado negro que involucra al vecino país de Bolivia.

El fiscal de la FEMA de Puquio, Aquiles Padilla, le dijo a Mongabay Latam en una entrevista  que ya se abrió una investigación en la que colaboran la Policía Nacional del Perú y la Agencia Agraria de Lucanas, órgano adscrito al Gobierno Regional de Ayacucho. Padilla indica que “se tienen datos de posibles sospechosos, sin embargo esta información es reservada”. Lo que sí precisó el fiscal, es que lo que le espera a los culpables es la cárcel.

Por ahora para Serfor es importante pensar en el papel que deben asumir las rondas campesinas en la zona. “Esto no quiere decir que vamos a prescindir de la FEMA o la policía, es complementario a ellos, pero esta función adicional fortalece a la organización comunal para enfrentar el delito de una manera sostenible”, precisó Gonzales-Zúñiga.

Una versión ampliada del reportaje de Talía Lostaunau fue publicada en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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