Buen Jardín de Callarú: comunidad indígena que resiste al narcotráfico en la Amazonía de Perú

Los indígenas tikuna se han propuesto cuidar sus bosques en una zona de Perú donde los cultivos ilícitos le han declarado la guerra a la conservación.

Rodeado de cultivos de hoja de coca, Pablo García demanda la presencia del Estado para poder sacar adelante sus cultivos alternativos. | Fuente: Mongabay Latam | Fotógrafo: Alexa Vélez

(Mongabay Latam). “Yo era apu de la comunidad, estaba haciendo una reunión con el profesor y otras autoridades, y a las 8 de la mañana hemos escuchado que venían unos botes por aquí en cantidad, una chalupa, venían disparando, haciendo tiros. Y el otro grupo, los que estaban en el bote, subieron a la comunidad y comenzaron a correr armados, hacia esa casa de allá y los otros disparaban”, recuerda Pablo García, habitante de la comunidad tikuna Buen Jardín de Callarú, desde el lado peruano del Trapecio Amazónico.

La batalla que describe Pablo ocurrió en el 2014. Ese día dos bandas de narcotraficantes se enfrentaron a balazos en su comunidad, sin importarles las vidas de las familias que corrían para buscar un lugar seguro. Un año después llegó la segunda campaña de erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca.

En la triple frontera que comparten Perú, Colombia y Brasil episodios como este no son esporádicos. Los cultivos ilícitos están presentes en los bosques peruanos y dispersos en pequeños parches que invaden muchas veces las tierras de las comunidades indígenas. Los habitantes de las comunidades mencionan que ciudadanos colombianos les compran su producción y que son los que manejan los laboratorios de procesamiento.

En medio de este escenario, Pablo García y los habitantes de Buen Jardín de Callarú decidieron dejar esta economía ilegal y apostar por cultivos legales como el cacao, la yuca y los frutales. Pero también se convencieron de la importancia de cuidar sus bosques y de monitorearlos con la ayuda de tecnología.

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Tecnología como mecanismo de defensa

Buen Jardín de Callarú es una comunidad tikuna situada en la región amazónica de Loreto, un punto más en el mapa de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, distrito de Yavarí.

Cuando buscamos a Pablo García en esta comunidad para conocer los peligros que enfrentan por tratar de defender sus bosques, nos dijo que acababan de encontrar un nuevo parche de deforestación: 30 hectáreas de las 1771 que posee la comunidad.

Este tipo de hallazgos son posibles porque hoy conocen muy bien los límites de su territorio. No solo por los patrullajes, sino porque cargan con celulares que cuentan con una aplicación que les permite vigilar satelitalmente sus bosques.

Parche de deforestación registrado, con la ayuda de un drone, por los monitores ambientales de Buen Jardín en febrero de este año. Monitores ambientales de Buen Jardín. | Fuente: Monitores ambientales de Buen Jardín

Cada día reciben alertas en sus celulares de posibles incursiones en sus tierras. En cuanto les llega esta información, Pablo García, Camila Flores, Miguel Rivera y Enoc Chanchari —monitores ambientales de Buen Jardín— salen a revisar esas posibles incursiones.

Nos guiaron a uno de los parches más recientes. El manejo del GPS es sencillo ahora para ellos y si las lluvias no les permiten llegar hasta su destino, usan un drone para registrar el problema. Ellos han aprendido a usarlo con la ayuda de Rainforest Foundation, fundación estadounidense que los ha capacitado en el uso de esta y otras tecnologías.

Calculan que acaban de perder 300 metros cuadrados más de bosque.

Ellos señalan como responsables a sus vecinos, a la comunidad de Bellavista de Callarú. Aún recuerdan que cuando recibieron la primera alerta, a mediados de 2018, y fueron a verificar el área, se encontraron con un invasor que los amenazó.

“Nos hemos ido hasta donde estaba el lindero y encontramos a un invasor que vive en Bellavista”, narra Pablo García. Cuenta que lo encararon, que le dijeron que traerían a las autoridades, pero el invasor “no paraba de amenazarnos, decía que nos iba a matar”.

La primera medida que tomaron fue ir a conversar con el apu de la comunidad tikuna de Bellavista de Callarú, cuyo territorio colinda con el suyo.

“Nosotros no queremos que ustedes se metan más a nuestro territorio y deterioren nuestro monte. Ya hasta ahí, párale. Si tienen esa chacra, cultívale esa chacrita, pero ya no me estés rompiendo monte. Nuestro territorio se va a volver pampa”, le dijo ese día Pablo al apu de Bellavista y este se comprometió a frenar el problema.

Pablo volvió a Buen Jardín con muy pocas esperanzas, sobre todo porque antes de entrar a la reunión recibió una nueva amenaza.

El fiscal Alberto Caraza llegó, en febrero de este año a Buen Jardín de Callarú para confirmar la denuncia presentada por la comunidad. | Fuente: Rainforest Foundation

“Sabes qué, Pablo, ahorita te van a agarrar, te van a amarrar y te van a dar tu bruta paliza. Yo le digo: ¿Por qué me van a agarrar y dar mi bruta paliza? ¿Acaso yo estoy metiéndome en el territorio de ustedes? Yo no me estoy metiendo, pero ustedes sí se han metido y nosotros tenemos que ver ese problema”, así recuerda Pablo García esa escena que permanece fresca en su memoria.

Tampoco olvida las últimas palabras que le dijeron antes de entrar a la reunión: “Vamos a colgarlos”.

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La llegada de un fiscal

Hartos de las presiones y amenazas, los habitantes de Buen Jardín tomaron una segunda medida: llevarle la evidencia reunida a un fiscal (con el punto georreferenciado, fotografías y videos).

A comienzos de febrero de este año, el fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Loreto, Alberto Yusen Caraza, llegó a Buen Jardín acompañado por miembros de la policía nacional. No encontraron al invasor en el lugar, pero recorrieron el bosque y registraron imágenes de la deforestación. En una entrevista con Mongabay Latam, el fiscal de la FEMA de Loreto dijo que en la diligencia detectaron también una zona de peligro a 200 metros, por la presencia de cultivos ilegales de hoja de coca.

“En la zona hay un problema de seguridad personal, es una zona cocalera que siempre está resguardada por gente armada”, señaló Caraza, quien agregó que no es la única denuncia de este tipo que han recibido este año.

La palabra temor forma parte del vocabulario de los habitantes del Trapecio Amazónico. Pablo García teme por su seguridad, la de su familia y la de los demás habitantes de la comunidad.

Pablo García y los habitantes de Buen Jardín de Callarú han dejado el cultivo de hoja de coca y apuestan por cultivos legales como el cacao, la yuca y los frutales. | Fuente: Mongabay Latam | Fotógrafo: Alexa Vélez

Mientras recorremos el bosque inundable a bordo de un peque-peque, embarcación tradicional amazónica, Pablo nos cuenta que es muy difícil para ellos hablar abiertamente de las “mafias” que operan en la zona. “No podemos hablar. Si nos vamos a denunciar a la policía, la misma policía te vende. ¿En qué forma? Van a avisarle a ellos. Tú te vas a hacer una compra…y te desaparecen”, cuenta con resignación Pablo.

El narcotráfico tiene años operando en la zona. En el 2014, el Proyecto Especial Corah —a cargo de la erradicación de cultivos ilícitos en todo el territorio peruano— erradicó 1816 hectáreas en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en el Bajo Amazonas. Un año más tarde, en el 2015, se eliminaron 13 805 hectáreas de coca y solo en Bellavista 1426 hectáreas distribuidas en 795 parcelas.

Las campañas de 2014 y 2015, según el último informe de monitoreo de cultivos de coca de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), redujeron los cultivos ilícitos considerablemente: solo quedaron 370 hectáreas de coca en el Bajo Amazonas. Pero para el 2017, tras dos años sin intervenciones en el área, los sembríos de coca recuperaron terreno y se lograron introducir nuevamente 1823. A esta cifra hay que sumarle, además, las plantaciones de coca del último año.

Según la agencia de Naciones Unidas, la producción de coca estaría “articulada” al mercado colombiano. El informe destaca que esto ocurre por dos factores: “la ausencia de secaderos” en la zona de Perú, lo que hace suponer que la hoja de coca se procesa en “verde” (como se acostumbra en Colombia); y la cercanía a la frontera colombiana. Esto coincide con lo señalado por fuentes policiales destacadas en la zona, quienes señalaron en una conversación con Mongabay Latam que son ciudadanos colombianos los que inyectan dinero en las comunidades peruanas del ‘Trapecio Amazónico’ para que siembren coca y luego comprarles la totalidad de su cosecha.

Solicitamos una entrevista con la Policía Nacional del Perú, a través de su Dirección de Comunicación e Imagen Institucional, para conocer cómo controlan la violencia y las actividades ilegales en esta zona de frontera, pero hasta el cierre de la publicación no recibimos respuesta alguna.

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El salvavidas que no salva a nadie

Sara, una pobladora de la comunidad de Cushillococha —situada también en la Provincia de Mariscal Ramón Castilla, región de Loreto—, que por seguridad prefiere no dar su nombre, recuerda que un año después de la erradicación llegó Devida —institución del gobierno a cargo de la estrategia nacional de lucha contra las drogas— y el Pedicp —un proyecto del Ministerio de Agricultura que trabaja en el desarrollo integral de la cuenca del río Putumayo.

Ambas instituciones les propusieron los mismos proyectos a todas las comunidades: sembríos de cacao o de yuca, este último para producir ‘fariña’ (una harina en pequeños granos). Todos recuerdan la intervención de la misma forma: la llegada de los promotores a las comunidades, las capacitaciones, la gran cantidad de abonos que les dejaron y la ausencia de alimentos.

“Lo que pasó con Devida es que ellos trajeron bastante material para trabajar: abonos, bombas, implementación”, explica Edison Ney, teniente gobernador de Nueva Galilea, comunidad tikuna situada en el Trapecio Amazónico. “Lo que ellos no imaginaban —las comunidades— es que alimentos no venían en esa implementación, todo el mundo se enteró que no había comida para trabajar. Entonces en ese momento, todo el mundo entró en crisis”.

Sara prefiere narrar la historia de Cushillococha manteniendo el anonimato, teme que puedan haber represalias por dar su testimonio. | Fuente: Mongabay Latam | Fotógrafo: Vanessa Romo

Para Pablo García de Buen Jardín, la pobreza en los distritos de frontera es inmensa. Él sobrevive vendiendo sus plátanos, yuca y el cacao que ha aprendido a procesar artesanalmente. Lo muele en casa y arma pequeñas bolas de chocolate que luego vende en Tabatinga. Tiene hoy tres hectáreas de cacao en producción, pero reconoce que no es suficiente.

“Con la plata se hace plata, pero si no hay plata, ¿cómo vas a hacer plata? Vivimos toda la vida en este estado en el que estamos, queremos progresar pero no hay quién nos apoye. Hacemos chacra, hacemos de todo, pero… ¿el comercio?”. Esa es la pregunta que se hacen todos.

Sara recuerda que tras la última erradicación su hermano se dedicó por completo al cacao, pero “por gusto lo ha hecho. Lo que salió, se pudrió, porque Devida no compra. Ahora ha empezado a sembrar coca nuevamente desde hace un año”.

Buscamos a Devida para preguntarles sobre la intervención y sobre cómo tienen planeado atender las necesidades de las comunidades indígenas de los distritos de Ramón Castilla y Yavarí, pero se negaron a dar una entrevista.

El silencio de Devida contrasta con las declaraciones del ministro del Interior, Carlos Morán, quien confirmó que se realizarán acciones de erradicación en el Trapecio Amazónico desde abril hasta octubre.

“Vamos a erradicar 6200 hectáreas”, indicó escuetamente

El General PNP Víctor Rucoba, director del Proyecto Especial Corah —que depende del Ministerio del Interior del Perú—, señala que a la par de la erradicación debe ingresar Devida, pero los recursos no son suficientes. No tienen “la capacidad operativa para hacernos seguimiento [Devida]. Es más difícil”, precisó.

Lorenzo Vallejos, jefe de asuntos ambientales de Unodc para Perú y Ecuador, precisa que la planificación es la base para un desarrollo alternativo exitoso y la investigación la mejor herramienta para este fin. “Una manera real de cómo hacer retroceder la actividad cocalera es conociendo qué tipo de productos o servicios pueden ser competitivos para migrar de la economía cocalera a una economía lícita, partiendo de estudios de aptitud del suelo o de herramientas como la ZEE (Zonificación Ecológica y Económica), e inclusive mediante la elaboración de planes de negocio”, señala.

Solo si el Estado ofrece salidas viables y sostenibles, añade, las comunidades pensarán en dejar la coca, incluso arriesgándose a ganar menos. “Saben que bajo una estructura legal, no estarán preocupados pensando en que las autoridades erradicarán sus parcelas haciéndoles perder dinero”.

El artículo original fue publicado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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