Loreto: los vigilantes de los ríos manchados de petróleo

Cuarenta y ocho años de explotación petrolera en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre y Corrientes, en Loreto, se pueden explicar con esta imagen: Elmer Hualinga apoya lentamente sus manos, protegidas por un par de guantes, sobre el crudo que burbujea en lo que fue una cocha, un pequeño reservorio natural de agua que solía estar poblado de peces y tortugas. Levanta las manos y muestra la sustancia viscosa, negra, brillante. El olor del petróleo y el sol del mediodía hacen imposible permanecer más de unos minutos en ese lugar.

Esa cocha de aguas negras malolientes es lo que queda de la laguna Shanshococha, en la localidad de Nuevo Andoas, donde hoy el bloque petrolero 192, conocido hasta el 2015 como el lote 1AB, se encarga de recordarle al visitante que queda muy poco lugar para la vida. La casa de Elmer queda a menos de tres kilómetros. Por muchos años, Shanshococha fue la fuente de alimentos del pueblo quechua de Nuevo Andoas, una de las grandes comunidades del Pastaza, y ahora es una tierra lodosa que tiene el crudo escondido en sus vísceras y que aflora cuando el suelo se calienta.

Shanshococha, que en el pasado fue un cuerpo de agua de más de dos mil metros cuadrados, es hoy uno de los puntos de ese mapa mortal que Elmer ha dibujado decenas de veces a los inspectores del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), a los funcionarios del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), a congresistas, a comisiones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ahora a Mongabay Latam. Es una ruta que ha recorrido al menos 30 de los 37 años que tiene, porque era la misma ruta que usaban sus padres y abuelos para obtener alimento. Luego de tanto años de caminarla, confiesa que lo que más recuerda ahora es el olor a petróleo.

Por eso cuando los trabajadores y funcionarios de Pluspetrol Norte le decían a él y a sus compañeros que comprueben que la contaminación en los suelos y cochas era real, Elmer Hualinga sentía una impotencia casi indescriptible. La mejor manera que encontró para enfrentar esta situación fue convertirse en un monitor ambiental. Hoy forma parte del grupo de 65 vigilantes ambientales indígenas que desde el 2006 reporta con la ayuda de celulares, equipos GPS, cámaras de foto y video todos los derrames de petróleo recientes y los pasivos históricos que bordean los 500 puntos a lo largo de las cuencas del Pastaza, Tigre y Corrientes.

Lee más | Perú: policía comunal usa cámaras trampa para monitorear fauna y detectar actividades ilícitas

Medio siglo de indiferencia

Miguel Zuñiga acababa de cumplir 30 años cuando la primera empresa petrolera llegó a la comunidad de Nuevo Andoas, la Occidental Petroleum Company, conocida como Oxy. Era 1971 y en el pueblo vivían alrededor de veinte familias. Don Miguel cuenta que alguna vez esas tierras fueron ecuatorianas, pero que luego de la guerra de 1941 pasaron a ser peruanas. Él, que nació en medio de la guerra, tuvo su nacionalidad en disputa durante ese tiempo. Sin embargo, lo que nunca estuvo en duda fue su identidad quechua.

El recuerdo más vívido que tiene de la actividad petrolera son los helicópteros y barcos que llegaban con tractores y personal a instalarse en el área. Nadie se acercaba a hablar con los pobladores. También recuerda el humo que salía de esas instalaciones que en pocos meses se convirtieron en una zona industrial. En su memoria permanece vigente la mancha negra que recorría las quebradas hasta llegar a diferentes lagunas, como la de Shanshococha o la Shipirococha.

“Nosotros íbamos a ‘anzuelear’ [pescar], sacábamos peces que parecían estar bien. Al cocinarlo y tomar su caldo, nos dimos cuenta que sabía a algo metálico, extraño. Ahora sabemos que era purito petróleo”, dice don Miguel. Nadie pensaba que eso podría ser dañino, porque la empresa y el Estado sabían que esas cochas eran su fuente de alimento. Confiaban en que si algo malo estuviera pasando, les advertirían.

A inicios de los años ochenta, Elmer Hualinga tenía 8 años y recuerda que la situación era la misma. Sus abuelos le contaban que en el pasado solían cazar animales cerca de la comunidad de Nuevo Andoas, pero que ahora tenían que caminar al menos 10 kilómetros para encontrarlos. “En mis chacras andaba el añuje y el majaz ¿Será la petrolera, hijo?”, le preguntaban.

Elmer no supo la respuesta ni siquiera cuando a los 16 años ayudó a su hermano a rescatar una sachavaca que había cazado en medio de una cocha. “La jalamos a la orilla y vimos que todo el hidrocarburo se había quedado en sus cerdas”, recuerda. Mientras tanto, la salud de sus vecinos se empobrecía. “Ya ni plantas medicinales encontrábamos para curarnos”, dice don Miguel. La vida en las comunidades del río Pastaza se había deteriorado rápidamente y pasaba lo mismo en las de Corrientes y Tigre.

La empresa Oxy se fue en el 2000 cuando Pluspetrol Norte S.A. compró sus activos y pasivos y asumió las operaciones de este controvertido lote de aproximadamente 500 000 hectáreas y 200 pozos petroleros denominado 1AB. Luego de décadas de extracción de hidrocarburos sin regulaciones ambientales, con la llegada de Pluspetrol, se empezaron a debatir nuevas prácticas. 

En el 2006, luego de las primeras protestas de los pobladores, un informe de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) encontró que el 98 % de los niños examinados en la cuenca del río Corrientes tenía cadmio por encima de los niveles permitidos y un 66 % excedía los de plomo. Esta revelación impulsó la elaboración del Acta de Dorissa, documento que cambió las reglas del juego: Pluspetrol debía reinyectar las aguas de producción a sus procesos y no desecharlas en los ríos, debía también reducir la contaminación e implementar un plan de salud.

La empresa cumplió con el primer punto durante tres años. Sin embargo, los derrames continuaron y Pluspetrol empezó a remediar las áreas contaminadas sin una supervisión técnica. Como quien trata de ocultar la suciedad bajo una alfombra. Es ahí cuando la práctica ancestral de vigilancia comunitaria indígena empezó a usar la tecnología para reportar denuncias ambientales en las tres cuencas afectadas.

Lee más | Colonos, militares y grupos ilegales pelean por las tierras de los Jiw en el Guaviare

El nacimiento de los monitores indígenas

En 2006 nacieron los primeros monitores ambientales indígenas en el río Corrientes a través de la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes (Feconacor). Dos años más tarde, la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep) hizo lo mismo y la siguieron las comunidades del río Tigre con la Feconat, ahora llamada Opikafpe. Aurelio Chino, presidente de la Fediquep, recuerda la asamblea en la que se decidió por primera vez quiénes serían los monitores del Pastaza. “Estábamos cansados de ver que, en cada derrame, las autoridades lleguen con los aviones de la empresa y los lleven a puntos que no estaban contaminados”, dice Chino a Mongabay Latam. “Así que cuando empezamos la convocatoria, la gente se levantaba y decía ‘yo quiero ser vigilante de mi territorio’”, agrega.

Al inicio era simple: una cámara de fotos para registrar evidencia de lo que encontraban. Luego llegó el equipo GPS para georreferenciar el punto impactado. Ahora, los 65 monitores de las tres cuencas afectadas cuentan con celulares que tienen Open Data Kit (ODK), un aplicativo de código abierto que permite estructurar un cuestionario digital personalizado y donde pueden cargar audio, fotos y videos sin necesidad de estar conectados a Internet.

David Sabogal, investigador del Instituto Internacional de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus de Rotterdam —quien junto a Hivos, E-Tech y Digital Democracy son aliados tecnológicos de las tres federaciones en el lote 192—, comenta que en octubre ingresará un nuevo sistema de monitoreo conocido como Mapeo, que ya está siendo utilizado en la Reserva Comunal Amarakaeri en Madre de Dios.

“Esto va a permitir que los monitores construyan un mapa interactivo con la información que recolectan y la misma aplicación puede elaborar informes”, cuenta. Además se podrá compartir información entre celulares o con otros equipos a través de una señal similar al bluetooth, un paso más en el camino a simplificar el intercambio de estos datos.

Sabogal señala que además de los talleres que se han dado en las comunidades, el proyecto Todos los Ojos en la Amazonía —comandado por la organización Hivos— contempla la compra de equipos GPS, celulares, laptops e incluso drones. Por ahora, el financiamiento privado para capacitaciones y equipos es la única forma que han encontrado las federaciones para desarrollar el proyecto.

El apu Aurelio cuenta que, al inicio, el trabajo de monitoreo era prohibido por Pluspetrol. “Cuando había un derrame, los monitores iban a buscar qué había pasado, llevaban sus cámaras y sus equipos GPS. Los guardianes de la empresa a veces los encontraban y no los dejaban pasar, entonces tenían que entrar a escondidas, con miedo”, dice. Aunque ahora hay más coordinación para trabajar entre los monitores ambientales y la empresa, pocas cosas más han variado.

Lee más | PetroPerú recibe multa de 83 millones de soles por derrame de petróleo en la Amazonía

Evidencia para salvar el bosque y las vidas

 Los monitores ambientales y las instituciones involucradas en esta labor coinciden en que reunir evidencias de los puntos contaminados cambió la manera como eran vistos por la empresa y el Estado. En algunos casos cuentan que ese trabajo incluso les ha costado incluso la vida. Cristian Javá, un monitor de 22 años de la cuenca del Marañón, que vigilaba las labores de la empresa Pluspetrol en el lote 8X, fue asesinado por invasores de terrenos que estaban en contra de su labor.

También ha costado años de libertad, como fue el caso de Marcial Sánchez, monitor ambiental y uno de los más de 50 indígenas que tomaron el aeropuerto de Andoas en el 2008 para reclamar por el desastre ambiental que Pluspetrol había ocasionado. Ocho personas de las comunidades del Pastaza y Tigre fueron detenidas y encarceladas, y puestas en libertad tras ser absueltas de todos los cargos. En muchos casos, como el de Marcial, pasaron más de un año en prisión.

Aunque reconocen que la tecnología es hoy una herramienta muy útil para defender su territorio, no abandonan las protestas, pues siguen siendo para ellos una forma efectiva de llamar la atención de la capital —situada a tres días de distancia— de un presente constante de contaminación. Eso es lo que ha pasado en la última protesta que comenzó el 8 de septiembre pasado para pedir que se acelere la remediación ambiental y se construya un puesto de salud que atienda a los diagnosticados con metales pesados. La medida, sin embargo, fue levantada una semana después con la promesa del Ministerio de Salud de terminar un hospital en el 2020 y del Ministerio de Energía y Minas (Minem) de transferir más fondos para la remediación ambiental.

Mientras tanto, los monitores siguen recorriendo su territorio, por lo menos una vez al mes, para detectar si hay nuevos puntos de contaminación, pero también se mantienen alertas durante sus actividades cotidianas, como la  caza, pesca o atención de sus chacras, ahora ubicadas lejos del desastre ambiental. Así, las cámaras y los equipos GPS se han convertido en herramientas tan imprescindibles en el campo como el machete o el rifle. Todo este trabajo, por cierto, no es remunerado. “Es un monitoreo ambiental independiente”, cuenta Elmer, mientras va cortando la hierba crecida en el camino de acceso a más puntos contaminados.

Hemos llegado a Shipirococha, o lo que alguna vez fue Shipirococha. Shipiro es el nombre que recibían las tortugas que nadaban en esa gran reserva de agua. “Ahorita estaríamos parados en medio de la cocha”, dice Elmer. Bajo nuestros pies solo hay tierra muerta. “Este es el trabajo de remediación que realizó Pluspetrol”, continúa Elmer.

Para eliminar el petróleo de estas antiguas fuentes de agua, la empresa puso tierra sobre ellas y hundió el hidrocarburo. Por ello es que ahora aquí o en Shanshococha, de repente, el crudo se abre paso y empieza a emanar del suelo. En el caso de Shanshococha, el organismo fiscalizador OEFA multó en el 2012 a Pluspetrol con S/ 20 millones (más de US$ 6 millones) por este procedimiento. Luego de apelaciones de la empresa, la multa se redujo a S/5 466 846 , es decir, US$1 600 000. Casi la cuarta parte.

Sin embargo, esa multa ni siquiera hubiera podido ser impuesta sin el trabajo de los monitores indígenas. Elmer Hualinga fue uno de los primeros en alertar de este problema, cuando se dio cuenta que la conocida cocha contaminada de petróleo no existía más. La habían tapado por completo. “Tomamos las coordenadas y fotos, y pudimos denunciarlo ante el OEFA”, cuenta.

Lee más | Perú: derrames de petróleo exponen el abandono de las comunidades indígenas

Un Estado que acompaña lentamente

Cerca de Nuevo Andoas, el equipo de monitores ha podido detectar seis puntos de contaminación nuevos. Tres de ellos en antiguas cochas; dos terrenos más que se han convertido en botaderos industriales, donde han encontrado desde agujas hasta equipos tecnológicos inservibles, y el sexto punto conocido como la poza de crudo, porque justamente era eso, donde terminaban los residuos de la actividad petrolera. El problema fue que nunca impermeabilizaron el lugar y el crudo era arrojado a un hueco de tierra.

El mayor logro de los monitores ambientales ha sido el fortalecimiento de su canal de denuncia con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Armando Eneque, subdirector de Sitios Impactados de la Dirección de Evaluación Ambiental del OEFA, confirma a Mongabay Latam que desde el 2017 empezaron a trabajar con los 65 monitores de las tres cuencas y han recibido de ellas cerca de 500 denuncias de áreas contaminadas que han podido comprobar en el campo.

Eneque resalta el trabajo de los monitores porque no solo se quedan en la identificación del sitio. “Cuando llegan los inspectores del OEFA piden la compañía de un monitor no solo como guía, sino para que el recojo de muestras sea transparente. Ellos deciden cuál es el punto más impactado”, agrega el ingeniero.

Para el OEFA, esta es la primera experiencia de un trabajo conjunto con monitores ambientales indígenas. El uso de las evidencias y el trabajo de incidencia política que hicieron los dirigentes de las federaciones del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón —agrupadas en la plataforma de lucha Puinamudt— permitió que en el 2015 el gobierno emitiera una ley que creó un Fondo de Remediación Ambiental con un monto semilla de S/50 millones (US$15 millones) con aporte del Minem y del OEFA.

Con esa ley nació también el Fondo Nacional del Ambiente (Fonam), que tiene la tarea de remediar y rehabilitar, en un inicio, 32 puntos de contaminación priorizados en el lote 192. Esos puntos están divididos de la siguiente forma: 13 en el río Corrientes, 12 en el río Tigre y 7 en el Pastaza. Solo en los estudios preliminares a la remediación ya se han agotado los S/50 millones.

Frente a ello, el Minem ha aprobado un fondo adicional de S/7 millones (US$ 2.102 millones) para empezar a remediar desde el 2020 estos 32 puntos, según confirma Julia Justo, directora ejecutiva del Fonam, a Mongabay Latam.

El Fonam también se ha convertido en un canal que tienen las federaciones indígenas para transmitir las denuncias de sus monitores ambientales. Para Justo, el trabajo de los monitores es valioso por el conocimiento territorial que poseen. “No se trata solo de cómo llegar, sino que cuentan con la historia del sitio, un análisis clínico de ese punto contaminado”, comenta. La funcionaria señala que Fonam y el OEFA también han contribuido a aumentar el conocimiento más técnico de los monitores, por lo que ahora pueden hacer una caracterización de suelos y agua básica como parte de sus informes.

“Ellos son un soporte importante para los trabajos de remediación en la selva y las herramientas tecnológicas que utilizan son cruciales para sustentar sus denuncias de mejor manera”, agrega Justo.

En blanco y negro, las denuncias de los monitores ambientales han permitido en gran parte que el OEFA pueda llegar al sitio de la afectación y desde el 2012 le haya impuesto al menos trece multas administrativas a Pluspetrol en el entonces lote 1AB, las que ascienden en total a S/12 207 676 (US$ 3 665 968), monto que fue cobrado de forma coactiva, según información del OEFA. Desde que la empresa finalizó operaciones en el 2015, el OEFA ha impuesto cuatro multas más, dos de ellas este año, tras confirmar que Pluspetrol no restauró un muro de contención clave para evitar futuros derrames.

En febrero de este año, además, el Minem desaprobó por segunda vez el plan de abandono que presentó la empresa, quien solo reconoce 39 puntos por remediar. Sin embargo, el OEFA, con el apoyo de identificación de los monitores ambientales, logró identificar 1199 puntos de contaminación que deben ser remediados por Pluspetrol. Ese mandato se encuentra desde el 2015 en un juicio civil en Loreto que aún no finaliza.

La adjunta para el medio ambiente, servicios públicos y pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto, cree que uno de los principales obstáculos que se presentan tras las denuncias de los pueblos indígenas es la judicialización y el cuestionamiento de las multas impuestas. “Pluspetrol no cumple con los pueblos indígenas ni con el Perú”, dice.

El artículo original de Vanessa Romo fue publicado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres conocer más sobre la situación de los pueblos indígenas en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.