Estás escuchando
En vivo
por Redacción RPP
·
El camino a la comunidad nativa harakbut de San José de Karene —en la región amazónica de Madre de Dios, en Perú— es también un recorrido por la historia de la extracción indiscriminada de oro en los últimos años. En el trayecto se observan almacenes con cilindros de gasolina, dragas funcionando en el río y miles de hectáreas de bosque deforestado.
Son tres horas de viaje en auto por la vía Interoceánica desde la ciudad de Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, hasta el centro poblado de Santa Rosa. Luego, se continúa por una trocha carrozable —camino sin pavimentar— hasta Puerto Carlos, donde toca hacer un trasbordo para cruzar el río Inambari. Empieza así un trayecto de una hora y media en automóvil hasta el asentamiento Delta 1, también llamado Bajo Pukiri.
De día, Delta 1 alberga transportistas y comerciantes con negocios abastecidos con combustible, mangueras, tubos, repuestos de maquinaria pesada, entre otros insumos para la actividad minera. De noche se vuelve bulliciosa y con calles enteras llenas de prostíbulos. En el camino se cruza el río Pukiri, de cauce reducido, sus riberas parecen un desierto lleno de montículos de arena, señal de que la minería lleva tiempo practicándose en ese lugar.
Aún faltan 40 minutos para llegar a la comunidad nativa San José de Karene —al pie del río Colorado, en la provincia del Manu, muy cerca de la Reserva Comunal Amarakaeri—, pero ya hemos visto las huellas dejadas por la minería. Son las 7:30 de la mañana y ya funciona una draga en medio del río. Es inevitable preguntarse si la actividad minera alguna vez descansa.
En el trayecto también se observan las casas de madera de los mineros que con los años fueron apropiándose de esos terrenos. Se ven pozos de agua, quebradas turbias y, en algunos tramos, no hay vegetación ni bosque, solo montículos de desmonte. Se escucha el ruido de motores funcionando a lo lejos, un zumbido constante que anula los sonidos de la naturaleza.
La pérdida de la herencia harakbut
Isaías Quique Kameno vive en una casa de madera a medio construir. Mientras se sienta a conversar, lamenta no tener su tocado de plumas. “La gente se ha transformado, nos ha desunido el oro, la minería. Algunos estamos trabajando como artesanos. Antes vivíamos bien, trabajábamos para nuestro consumo, pero la minería nos ha dividido”, comenta.
El líder fundador de la comunidad cuenta que cuando llegó con su padre —a los seis años— notaron la presencia de lavaderos de oro aluvial instalados por colonos andinos. Él fue uno de los que promovió esta actividad en la comunidad. Ahora se arrepiente de esa decisión.
“Ha cambiado mucho. Antes trabajábamos para comprar arroz, cartucho, nada más. Vivíamos bien, cazábamos animales y lo repartíamos entre todos. Hacíamos fiesta tomando masato ¡Ahora nadie conoce qué es el masato! El harakbut es bueno, humilde, no es ambicioso, nuestra costumbre es la pesca, cazar en el monte. Por eso yo siempre digo que un harakbut nunca se acostumbrará al pueblo”, dice Isaías Quique.
Desde sus inicios, San José de Karene estuvo vinculada a la minería. Como cuenta Quique, tanto comuneros como migrantes se dedicaban a extraer oro de manera artesanal. No obstante, según explica el abogado especializado en temas ambientales César Ipenza, el aprovechamiento de minerales requiere de una autorización de parte del Estado e invitar a mineros a trabajar en tierras comunales o cualquier otro espacio es sancionado si no se cuenta con los permisos. Así la minería terminó siendo ilegal. Aún más en 2010 cuando se emite una norma para declarar ilegal el uso de dragas y, en 2012, al definirse como un delito penal.
En la comunidad pareciera que esas normas no existieran. “Más de 50 personas no tenemos motores, pero otros tienen dos o tres tracas (dragas). Hemos acordado en asamblea comunal que por comunero se tendría un solo motor, pero no hacen caso. Más de la mitad tienen máquinas grandes y los que no, tenemos que ver cómo sobrevivimos”, comenta uno de los fundadores de la comunidad, quien prefirió no ser identificado por temor a más conflictos.
Jerónimo Moque, de 42 años, asegura no practicar la minería. “Mi familia me ha dado la espalda. Otros tienen sus motores, yo solo me sostengo de las ventas de mi bodega”.
Otra de las consecuencias de la minería ha sido la pérdida de la identidad harakbut en San José de Karene. “Cuando los niños van a la escuela afuera de la comunidad no hablan el harakbut, se avergüenzan. Algunos no tienen casa aquí, viven en el campamento. Solo en las reuniones vienen”, comenta Moque.
“Hoy ya no se practican las costumbres. Inclusive los mismos padres no manejan los conocimientos y esto se fue perdiendo por la minería. Antes cuando llegaba un neto (nacido en San José de Karene) a Puerto Maldonado era como si Soda Stereo llegara a Madre de Dios, pero ahora llegan avergonzados, no quieren hablar harakbut. Si perdemos nuestras costumbres, luego no tendría sentido llamarnos comunidad nativa”, dice Francis Quique, nieto de Isaías y fiscal de la junta directiva de San José de Karene.
Territorio tomado por la minería
Se podría decir que existen dos San José de Karene. El primero se mira en la zona ubicada cerca a la ribera del río Pukiri, donde lo que predomina es la deforestación. No hay rastro del bosque y durante el día se observan personas trabajando con maquinaria pesada en los campamentos mineros. El segundo se encuentra cruzando el río Colorado, en los límites de la Reserva Comunal Amarakaeri. Ahí no hay minería y el bosque se muestra intacto. Los comuneros harakbut aseguran que los mineros no han cruzado a esa zona, porque ahí no hay suficiente oro.
En San José de Karene, la minería ilegal ha impactado el 29.1 % de su territorio: 6282 hectáreas perdidas por esta causa. Esta cifra es el resultado de un análisis espacial realizado por Mongabay Latam, tomando como base la información geográfica de las comunidades del Instituto del Bien Común (IBC) y del Ministerio de Cultura, así como la data sobre minería ilegal de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG).
Este análisis también incluyó información sobre deforestación del Ministerio del Ambiente. El resultado indica que de las 21 605 hectáreas que tiene la comunidad, 3591 se deforestaron entre 2010 y 2020. Así, en la base de datos elaborada por Mongabay Latam y como resultado del análisis geográfico, San José de Karene ocupa el segundo lugar entre las comunidades con mayor impacto en su territorio en Madre de Dios. Si se suma la afectación por minería ilegal y deforestación, podemos decir: que el 45 % del territorio de esta comunidad ha sido seriamente afectado.
Además de la minería y la deforestación, San José de Karene —comunidad nativa titulada a la que aún le falta la definición de sus límites— enfrenta un conflicto por el territorio con el Asentamiento Humano Agro Forestal Minero Pukiri Bajo sector Delta 4, que reclama la posesión de las tierras que ocupa.
Walter Quertehuari, presidente del Contrato de Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri (ECA Amarakaeri) —San José de Karene es una de las 10 comunidades que forman parte de la reserva comunal—, asegura que este escenario los ha obligado a solicitar a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Madre de Dios, que realicen operativos contra la minería ilegal. Pero, dice, no han obtenido respuesta.
Karina Garay, excoordinadora del Quinto Despacho Transitorio de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios hasta inicios de este año, señala que en el 2019 se realizaron dos operativos en el sector de San José de Karene. En el primero, se destruyeron más de once máquinas y un campamento donde operaba un prostíbulo; en el segundo, se halló una sola máquina. Una intervención más se realizó en marzo de 2020 y se destruyeron dos máquinas y dos balsas. Desde esa fecha, asegura, no se han realizado operativos en la zona.
“Este año los operativos del Quinto Despacho fueron en las zonas de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene. El pasado 16 de septiembre realizamos un operativo en el río Colorado, a 10 kilómetros del distrito Boca Colorado; pero no hemos intervenido en el sector de San José de Karene”, confirma Carlos Chirre Ramírez, designado en febrero de este año como fiscal provincial en el Quinto Despacho de la FEMA Madre de Dios y que está a cargo del Operativo Mercurio.
Chirre Ramírez señala que hay comunidades a favor y en contra de la minería. “Un caso —dice— es la comunidad de Kotsimba, donde hemos ingresado por aire al no tener el apoyo de la comunidad. La otra cara de la moneda es Tres Islas, quienes han realizado una acción de amparo contra las concesiones otorgadas dentro de su territorio sin consulta previa. San José de Karene podría imitar lo hecho por Tres Islas”.
El fiscal reconoce que no ha tenido comunicación con la comunidad San José de Karene, pero “si hay una gran cantidad de motores y, si tenemos información previa, se podría realizar una intervención en el futuro”.
Lee más | Cotuhe: concesión para conservación en Perú pierde 374 hectáreas en zona presionada por narcotráfico
Superposición de derechos
La comunidad de San José de Karene cuenta con título de propiedad desde 1986, pero para acceder a beneficios y apoyo administrativo por parte del Estado, es necesario definir sus límites a través de un proceso de georreferenciación.
Este proceso comenzó en 2015, pero no culmina hasta la fecha, sobre todo por la reiterada oposición del Asentamiento Humano Agro Forestal Minero Pukiri Bajo sector Delta 4. Este grupo, integrado por 15 familias instaladas dentro del territorio de la comunidad, solicitan ahora la titularidad de 500 hectáreas.
“Cuando empezó la minería en nuestra comunidad, pedimos a los foráneos que traigan productos, como víveres y otros. Fue así que se aprovecharon y se establecieron. Han pedido electrificación, escuela y a nuestras espaldas piden titularse”, explica Francis Quique.
Pepe Torres, técnico de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), organización a la que pertenecen 37 comunidades nativas en la región, asegura que por ley, el Delta 4 no puede detener el proceso de titulación de la comunidad. Por eso, dice, que “el problema surge cuando el Gobierno Regional de Madre de Dios paraliza el trámite y deja que las dos partes entren en controversia”.
Los pobladores del asentamiento Delta 4 han llevado su demanda hasta la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Madre de Dios. Incluso —indica Torres— su caso podría llegar hasta el Poder Judicial. “Y mientras todo esto se solucione, se ha suspendido el proceso de georreferenciación”, agrega Torres.
Luisa Ríos, coordinadora de la Oficina Regional de Madre de Dios de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), asegura que el Delta 4 no puede solicitar su titulación en un territorio indígena que ya está titulado y que incluso tiene pendiente su ampliación.
“Al estar superpuestos al territorio comunal no pueden pedir su titulación, tendrían que probar que llegaron antes de que se estableciera la comunidad. Pero este problema se repite en varios lugares: convertirse en asociación, solicitar su inscripción y que la Dirección Regional Agraria (DRA) les otorgue un certificado. Esto les da argumentos a los invasores”, detalla Ríos. La base de datos elaborada por Mongabay Latam, con información de IBC y el Ministerio de Cultura, muestra que la comunidad San José de Karene fue reconocida en el año 1980 y titulada en 1986.
El problema con Delta 4 inició cuando la Municipalidad de Boca Colorado aceptó su inscripción dentro del territorio de la comunidad. “El alcalde —señala Torres— siempre va a apoyar a los mineros. San José de Karene, al igual que otras comunidades, se encuentra en lo que se llama el corredor minero; si se les otorga la georreferenciación, ese territorio tendría que ser excluido y no les conviene”.
En San José de Karene también hay concesiones mineras entregadas mediante el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Según un informe de la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de Madre de Dios —obtenido mediante solicitud de acceso a la información— se señala que 74 mineros informales se han inscrito en el REINFO. El área entregada son 12 145 hectáreas dentro del territorio comunal.
Hay que resaltar que existe una corresponsabilidad entre los mineros ilegales y la comunidad. Cómo es posible que dejes ingresar a tus tierras a externos y cobres regalías. Ellos son dueños del suelo, pero no del subsuelo, existe una situación de ilegalidad de por sí. Por otro lado, una medida que daría solución a esta problemática es que los integrantes de la comunidad soliciten la nulidad de esas concesiones, porque no hubo un proceso de consulta previa para su otorgamiento”, indicó César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental.
Ipenza también cuestiona el proceso de formalización, que inició en el 2012 y cuyos plazos para el cierre de las inscripciones se han extendido en más de una oportunidad. “Si no es viable, cuántos años más vamos a continuar sin resultados”, precisó.
Lee más | Perú: más de 12 mil hectáreas de deforestación y 9 pistas de aterrizaje para narcotráfico en Ucayali
La construcción de alternativas
las siete de la noche y Francis Quique Álvarez, fiscal de la junta directiva de la comunidad, comenta sonriendo que la apuesta de esa noche en su partido de fútbol fue de 100 soles (24.31 dólares), asegura que en otros momentos el monto fue de 5000 soles (alrededor de 1215 dólares). Él trabaja en la concesión minera de su hermana, al igual que la mayoría de los jóvenes de su edad, y detalla que los operarios ganan el 25 % de la producción diaria.
“Al día se gana entre 1500 a 3000 soles (entre 364 y 729 dólares); así que entre 375 a 750 soles (91 a 182 dólares) es para los operarios. Si nos quitan la minería sería un golpe muy fuerte para nosotros”, indica.
Según Walter Quertehuari, presidente de ECA Amarakaeri, actualmente no existe una oferta distinta a la minería en San José de Karene. “Hemos intentado con el sistema de reforestación, pero se ha hecho muy poco para fortalecer la comunidad, porque cada vez que convocamos a reuniones no hay participación”, asegura. Una alternativa, dice, sería permitir que las comunidades tengan concesiones mineras, así como iniciar acciones de restauración.
Hemos logrado que Puerto Luz —comunidad vecina a San José de Karene— ingrese al Programa Nacional de Conservación de Bosques; ellos tienen un ingreso de 25 000 soles anuales (alrededor de 6000 dólares). Los hemos ayudado a apalancar un fondo de más de un millón y medio de soles para trabajar la línea comercial del cacao nativo. Se han descubierto 14 especies diferentes de cacao. La idea es que esto se replique en todas las comunidades mineras, como San José de Karene, pero para ello necesitamos el compromiso de todos”, agrega Quertehuari.
“Como comunidad tuvimos varias oportunidades de postular a proyectos alternativos a la minería, como es la producción de piscigranjas y aprovechamiento de castañas, pero al ser actividades cuyo retorno económico es lento, los comuneros deciden volver a la minería”, comenta Francis Quique. “Si mi papá no se hubiera enfermado yo ahora sería minera”, cuenta Jerica Ommia de 24 años e integrante del pueblo harakbut.
Cuando Jerica Ommia tenía 13 años, su papá sufrió un derrame cerebral que lo alejó de la actividad tradicional de la comunidad: la minería caranchera o artesanal, que consiste en la succión de material (arena y grava) de las riberas y cuerpos de agua. Ella tuvo que trabajar como comerciante.
A los 16 años y viviendo sola en Puerto Maldonado, Ommia logró ingresar a la carrera de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente, mientras sus amigos de la comunidad daban sus primeros pasos en la actividad minera. “Mi sueño —recuerda— siempre fue ser profesional. Me costó mucho, quizás por eso los jóvenes se desalientan y eligen hacer minería”.
Ahora ella trabaja en su tesis. Su investigación se centra en mostrar el impacto de la actividad minera en cuatro quebradas de la comunidad de San José de Karene.
El estudio de la joven harakbut consiste en evaluar el agua a través del uso de hojas de guaba (Inga edulis). El muestreo se realiza colocando las hojas en bolsas elaboradas con mallas, que se colocan bajo el agua por cuatro semanas para luego ser recolectadas. Todos los invertebrados acuáticos encontrados en los paquetes de hojas representan una medida de la diversidad de invertebrados y de la calidad del agua de cada quebrada evaluada. La investigación incluye las quebradas Kirasawe y Wepabendwe —impactadas por la minería— y Wacwe y Baraywe —sin impacto—. “Si estas dos quebradas que quedan son contaminadas, los peces se irán”, advierte Jerica Ommia.
Therany Gonzáles es uno de sus asesores de tesis, también es coordinador del Centro Amazónico de Educación Ambiental e Investigación—Fundación ACEER Madre de Dios. Para él, la investigación de Ommia tiene un valor social importante.
“Los invertebrados acuáticos son descomponedores de materia orgánica. Cumplen, además, un rol purificador del agua y se convierten en energía para los peces. Si no hay invertebrados no hay peces y esto pondría en riesgo la seguridad alimentaria de la comunidad”, explica Gonzáles a Mongabay Latam.
Son las 10:30 de la mañana y se observan, al menos cinco, motos lineales ingresando a hacer minería. Sus tripulantes nos observan. Es inevitable sentir la inseguridad. Jerica Ommia se mantiene tranquila, observa y asegura que tiene todo el derecho de estar ahí, porque es territorio de su comunidad.
En su lengua indígena, Ommia dice: “Quiero buscar alternativas a la minería. Espero que seamos más unidos y que los jóvenes sigan estudiando para que puedan apoyar a su comunidad”.
El artículo original fue publicado por Fiorella Fiestas en Mongabay Latam.Puedes revisarlo aquí.
Si quieres leer más sobre pueblos indígenas en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí o seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
Comparte esta noticia
Siguenos en
