Detrás de un producto de calidad están el esfuerzo, el tiempo, el dinero y la creatividad de muchos emprendedores. La legalidad también genera empleo formal y de calidad.
¿Te parece que el contrabando, la piratería o la falsificación son delitos leves o actividades tolerables? Pues no lo son, en absoluto. Se trata de actividades ilegales con graves consecuencias para todos. Los delitos aduaneros y los delitos contra la propiedad intelectual mueven millonarias sumas de dinero, pero además perjudican a la industria nacional y a la inversión privada, atentan contra la generación de empleo formal de calidad y perjudican a los consumidores que reciben productos de mala calidad. Por si fuera poco, generan que el Estado recaude menos impuestos que podrían ser empleados en obras e iniciativas que beneficien a toda la población.
Es importante, por todas estas razones, que el Estado redoble sus esfuerzos para combatir estos delitos. Es en esa línea que se creó la Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería (CLCDAP), presidida por el Ministerio de la Producción e integrada por 16 entidades provenientes del sector público y privado. El objetivo de esta Comisión es reducir la ocurrencia de ingresos de mercancía de contrabando al país, así como combatir los delitos contra la propiedad intelectual en todas sus modalidades, con miras a fortalecer la industria nacional y favorecer la competitividad.
El contrabando, la piratería y la falsificación constituyen competencia desleal contra las empresas formales que cumplen con los estándares de control y calidad en los productos y servicios que brindan, pagan sus impuestos y cumplen con la normativa laboral. Son delitos que no solamente perjudican a los empresarios; sobre todo, afectan a los trabajadores, pues favorecen la explotación laboral, el trabajo informal y el subempleo.
Asimismo, a causa de estos ilícitos, no se da el justo reconocimiento a los autores que deberían recibir un justo valor por su creación. Por este motivo, el contrabando, la piratería y la falsificación desincentivan la creatividad, el emprendimiento y la innovación.
Esta problemática es visible en mercados informales que favorecen la venta de mercancía de contrabando, pirata o falsificada en rubros tan diversos como alimentos, papel, productos químicos, calzados, textiles y confecciones, tabaco y bebidas alcohólicas, así como productos agrícolas y plásticos en general. En Lima, esto es fácilmente apreciable en centros comerciales como “Polvos Azules”, “Mesa Redonda”, “El Hueco”, “Polvos Rosados”, etcétera. En provincias, la problemática es similar y claramente apreciable en lugares como Puno, Juliaca, Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco, Ica, Huancayo, Iquitos, Pucallpa, Trujillo, Chiclayo, Piura y Tumbes, entre otros.
Tampoco se puede despreciar el impacto que tienen estos delitos en la recaudación de impuestos. Un informe de la SUNAT indica a lo largo del 2016 el monto de las incautaciones por contrabando en todo el país llegó a US$573 millones. Y eso es solo una fracción del contrabando que se mueve por el territorio nacional. Por eso, en el marco de la CLCDAP se han se han instalado diversas mesas de trabajo para la defensa de la Industria contra la piratería, la falsificación y el contrabando en los siguientes sectores: TV Paga, Radiodifusión, Cigarrillo, Bebidas Alcohólicas, Editorial, Audiovisual, Software y Cables y conectores eléctricos.
Ya lo sabes, si crees que el contrabando, la piratería y la falsificación son delitos “menores”, piénsalo dos veces.
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