Cuál es el origen de la polémica entre el Gobierno y los procuradores

Un inesperado huracán político terminó en apenas una horas con la destitución de la procuradora Julia Príncipe (la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado) y con una inminente salida de Katherine Ampuero (procuradora ad hoc del caso Odebrecht). Entre la noche del miércoles y la tarde del jueves, ambas han acusado del Gobierno de torpedear su trabajo.

RPP te explica qué hay detrás de esta polémica.

1. La primera orden. En 15 febrero de 2017, el Gobierno publicó el Decreto de Urgencia 003. Su objetivo fue asegurar la continuidad de obras públicas concesionadas a empresas cuestionadas por actos de corrupción, permitiéndole a estas vender sus activos para poder pagar la reparación civil al Estado. Cada uno de estos negocios debía ser aprobado primero por el Ministerio de Justicia.

Durante una entrevista en el programa Todo se sabe de RPP, Marisol Pérez Tello dijo que Ampuero perdió la confianza del Ejecutivo porque impidió que Odebrecht venda sus activos en el proyecto Olmos y no siguió la directiva del Gobierno en el Decreto.

2. Teléfono malogrado. Sin embargo, en una conferencia de prensa este jueves, Ampuero dijo que el Ministerio de Justicia nunca le comunicó a la Procuraduría que la empresa brasileña buscaba vender sus activos en el proyecto Olmos. Además, comentó que eso hacía imposible que se estimara un monto de reparación civil, como establece el Decreto.

“El Decreto de Urgencia señala que cuando una empresa natural o jurídica está interesada en vender sus activos tiene que comunicar al Ministerio de Justicia. A su vez, el Ministerio le pide a la Procuraduría que señala el monto aproximado que se debe retener para que vaya a un fideicomiso para asegurar la reparación civil. Sin embargo, a la fecha no hemos recibido una carta del Ministerio de Justicia sobre el tema Odebrecht”, comentó.

3. El detalle técnico. Según la ministra de Justicia, Ampuero interpuso un recurso de inhibición, aceptado por el juez Richard Concepción Carhuancho, mediante el cual Odebrecht no puede transferir sus activos y tampoco ser embargados por ninguno de sus acreedores. La ex procuradora precisó que en este fideicomiso hay S/ 1,5 millones por las utilidades que genera el proyecto de irrigación Olmos y S/ 16 millones por la hidroeléctrica Chaglla.

Según Ampuero, el problema es que Odebrecht no quería acogerse al Decreto de Urgencia 003 - 2017 para vender sus activos en Olmos. El argumento fue que no ha sido acusada de pagar coimas para obtener ese proyecto. La constructora brasileña obtuvo la venia del Ministerio de Justicia para acudir a un proceso judicial por ese tema.

4. Amigos y rivales. En la conferencia de prensa, la exprocuradora sugirió la posibilidad de que Odebrecht tenga un acuerdo con el Gobierno para no pagar la reparación civil por el proyecto Olmos o para alargar el proceso hasta que el Decreto de Urgencia venza en febrero de 2018. "Nuestro interés es que Odebrecht le pague al Estado en vez de irse del país con los bolsillos llenos".