Indecopi: Trabas municipales retrasan gas natural en Lima e Ica

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) reveló que las empresas de distribución de gas natural de uso doméstico gastan en promedio más de S/. 60,000 para obtener la autorización municipal por un proyecto estándar de instalación de redes domiciliarias.

Según la entidad, estas trabas burocráticas están postergando el  acceso de este servicio a más familias y afectando la competitividad en el mercado de los combustibles de uso doméstico.
 
De acuerdo al estudio elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi, en coordinación con las empresas Cálidda y Contugas, el mayor costo burocrático está relacionado al cobro de tasas municipales en función de los metros lineales de las obras.
 
Así, para la autorización del tendido de redes de gas natural se identifican, principalmente, dos potenciales barreras: incumplimiento del Silencio Administrativo Positivo (SAP) en 5 días, según normas vigentes, y el cobro para la autorización por metro lineal o por tamaño de la red.
 
Debido a esta situación, por ejemplo, el costo administrativo para obtener la autorización municipal correspondiente a un proyecto estándar de 8,000 metros lineales costaría S/. 60,899.
 
Si se tiene en cuenta que en este sector la meta es instalar 455,000 conexiones domiciliaras de gas natural para el 2016, que implican un tendido de alrededor 5,651 km de red en Lima Metropolitana, la empresa Cálidda podría enfrentar un costo burocrático municipal de S/. 4 millones 238 mil 250.

Asimismo, el retraso por el incumplimiento del SAP demoraría proyectos planificados por los inversionistas, afectando aproximadamente US$ 20 millones en infraestructura.
 
El análisis del costo económico se realizó sobre la base de la información proporcionada por las empresas concesionarias, correspondiente al ámbito de actuación de 10 municipalidades distritales de Lima Metropolitana (Chorrillos, Jesús María, Miraflores, San Isidro, San Juan de Lurigancho, Santiago de Surco, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo) y en la región de Ica (Chincha Alta y Nazca).
 
Estos costos retrasarían el acceso a una fuente de energía más limpia y segura, principalmente para el uso doméstico, a 68,120 hogares.

Las trabas posiblemente también afectarían la competencia de combustibles alternativos en el mercado ya que se limita la disponibilidad de variedades para las familias sobre la toma de una mejor decisión de compra.