Marisol Pérez Tello vs. Katherine Ampuero, ¿quién tiene la razón?

En el centro del escándalo por la destitución de la procuradora adhoc del caso Odebrecht, Katherine Ampuero, se encuentra el intento de Odebrecht de vender sus acciones en el proyecto de irrigación Olmos en Lambayeque al fondo Brookfields y Suez.

Dice el Ejecutivo. De acuerdo con la ministra de Justicia, Marisol Perez Tello, Ampuero se negó a aplicar el decreto de urgencia 003 -2017, que permite la venta de los activos de las empresas cuestionadas por corrupción siempre y cuando antes depositen en un fideicomiso la reparación civil al Estado, monto que la procuraduría debía estimar. Y por el contrario consiguió una medida cautelar del juez Richard Concepción Carhuancho que impide cualquier venta.

“Acá hay un hecho concreto cuando ella tuvo que fijar una reparación civil en el momento que el decreto 003 entraba en vigencia ella decidió no hacerlo, no asumir su responsabilidad puesta en una ley, no un dicho, no un pedido, no una orientación, puesta en una ley”, indicó.

La respuesta. Sin embargo, en una conferencia de prensa junto con la también saliente Julia Príncipe, Ampuero refirió que el Ministerio de Justicia debía pedirle a la procuraduría que estime el monto de la reparación civil en caso de una venta de activos de estas empresas, tal como señala la norma. Sin embargo, en el caso de Olmos, esto nunca sucedió.

“No he recibido ni una carta del ministerio de justicia donde me diga señora procuradora señale usted el monto aproximado de la reparación civil porque hay una persona sea natural o jurídica interesada en comprar Olmos. ¿Eso que demuestra?, que de repente han llegado a un acuerdo para que la venta de Olmos no vaya primero a pagar la reparación civil, sino a los acreedores”, dijo la procuradora.

¿Proceso congelado? Incluso, especuló se estaría esperando a que el Decreto de Urgencia venza en febrero del 2018 para que Odebrecht venda sus activos en Olmos sin pagar una reparación civil. Para evitar que los acreedores bancarios embarguen primero los activos, Ampuero solicitó la medida cautelar.

Tras la conferencia, Odebrecht envió un comunicado negando que exista un acuerdo para que el pago fuera destinado solo a sus acreedores bancarios, pero recociendo que sí pidió que se priorice el pago a proveedores y trabajadores del Perú.

¿Quién tiene la razón? De acuerdo con el abogado Ian Galarza del Estudio Muñíz el Decreto de Urgencia sí definía que por cada operación de compra, el Ministerio de Justicia debía requerir a la procuraduría pública estimar la reparación civil.

“En caso de e una transferencia de estas empresas, sean vendidas a un tercero interesado en continuar con las obras tendría que en esa operación estimarse un monto de reparación civil que debería ser comunicado al Minjus y el Minjus tendría que aprobarlo y ser depositado en un fideicomiso”, comentó.

Ampuero reveló que la empresa brasileña ha ofrecido pagar 60 millones de dólares, o poco menos de 200 millones de soles de reparación por los proyectos en que se le acusa de actos de corrupción, pero la procuraduría calcula esta compensación en unos 2,000 millones de soles, es decir 10 veces más.