Odebrecht y Graña y Montero anuncian demanda contra el Estado peruano por Chavimochic III

La empresa Concesionaria Chavimochic S.A.C., integrada por Odebrecht y Graña y Montero, a cargo de la construcción de las obras de la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic, anunció que ha iniciado una serie de acciones preventivas tendientes a “generar un diálogo con el Estado peruano, entre las que se cuenta una solicitud de arbitraje internacional, según las reglas establecidas en el contrato de concesión para la solución de controversias”.

“El principal objetivo es proteger la inversión realizada y posibilitar la continuidad del proyecto, bajo otra composición accionaria, atendiendo a las demandas de la comunidad local y empresarios agroindustriales de la región La Libertad”, indica a través de un comunicado.

No firmarán adenda. El Gobierno Regional de La Libertad anunció su intención de finalizar el contrato de concesión ante el incumplimiento del cierre financiero. El gobernador Luis Valdez informó que no accedieron a firmar una nueva adenda al contrato debido a que el privado no sólo planteaba nuevos plazos, sino un mayor costo al Estado por US$ 100 millones.

Chavimochic S.A.C., señala que de acuerdo con la ley peruana y según lo estipulado en el “Contrato de Concesión para para el Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras Hidráulicas Mayores del Proyecto Chavimochic”, este arbitraje "busca solucionar las controversias generadas por el incumplimiento del concedente, el Gobierno Regional de La Libertad, relacionadas a la entrega integral de los terrenos necesarios para la continuación del Canal Madre del Proyecto y que sirve también como condición previa para que la concesionaria acredite el cierre financiero".

Búsqueda de Alternativas de solución. "Otro factor que ha motivado a la concesionaria a buscar una instancia neutral y validada, fueron las recientes declaraciones de altas autoridades del poder concedente, que manifestaron su intención de terminar injustificadamente el contrato", sostiene. Recientemente, Valdez Farías sostuvo que la región “no podría seguir trabajando con una empresa con altos índices de corrupción”. En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que la empresa brasileña reconoció el pago de 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos, para adjudicarse obras públicas entre 2005 y el 2014. 

La concesionaria manifiesta que reitera su total disposición para, a partir de la solución de las controversias, “buscar alternativas en conjunto con el Gobierno Regional de La Libertad, sometiéndose al marco legal establecido por el Decreto de Urgencia 003-2017, emitido por el Gobierno del Perú”.