La SNMPE señaló que este tipo de pedidos ponen en tela de juicio el trabajo de los fiscales quienes son responsables de la investigación criminal. | Fuente: ANDINA

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) cuestionó los pedidos del Ministerio de Justicia que buscan fijar criterios especiales para la investigación y juzgamiento “adecuado” de personas involucradas en acciones de violencia registradas en los últimos conflictos sociales en el país.

Promesa gubernamental

Durante la segunda sesión de la mesa denominada Justicia y Derechos Humanos realizada el último viernes 24 de mayo entre el gobierno y los comuneros de Cotabambas, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, indicó que como parte de los acuerdos alcanzados, la Defensa Pública hará un pedido a la Corte Suprema de Justicia para que evalué las consecuencias penales de la protesta social, a fin de que los jueces cuenten con estándares y criterios para evaluar adecuadamente los reclamos de las comunidades que se ven involucradas en conflictos sociales.

“La ley es igual para todos, por lo que no puede darse un trato preferente en su aplicación por el hecho de tratarse de un conflicto o protesta social. Nuestra democracia se sustenta en la independencia de poderes y todos tenemos el derecho a un debido proceso. Democracia no es sinónimo de impunidad”, comentó el presidente del gremio minero energético, Manuel Fumagalli.

En ese contexto, el dirigente gremial añadió que un segundo compromiso asumido por el despacho de Justicia es que la Defensa Pública también presentará un pedido ante la Fiscalía de la Nación y el Control Interno del Ministerio Público para que evalúen el desempeño de los fiscales de la provincia de Cotabambas.

“Este tipo de pedidos es sumamente peligroso, pues en la práctica se está poniendo en tela de juicio el trabajo de los fiscales quienes son responsables de la investigación criminal y el ejercicio de la acción penal pública”, expresó el presidente de la SNMPE.

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