Compra de chalecos y raciones en mal estado fue entre 2009 y 2010

El viceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa, General de División (r) EP Wilver Calle Girón, afirmó que el actual Gobierno no tiene ninguna responsabilidad por las supuestas irregularidades en adquisiciones de chalecos antibalas y raciones de campaña para el personal combatiente del VRAE, puesto que dichos casos corresponden a procesos llevados a cabo entre los años 2009 y 2010.

Aseguró que, el Ministerio de Defensa del presente Gobierno, es el principal interesado en que se esclarezcan estas denuncias que, de ser ciertas, habrían atentado contra la integridad y la salud de los miembros de las Fuerzas Armadas, que a diario exponen su vida por defender a todos los peruanos en su lucha contra el narcoterrorismo.

“El gobierno del presidente Ollanta Humala considera a la lucha contra la corrupción como la piedra angular en la construcción de un país con desarrollo e inclusión social”, señaló Calle Girón, quien señaló que el respaldo del Ministerio de Defensa a las investigaciones de la Contraloría, el Congreso y la Fiscalía sobre estos casos “es total”.

Tal como lo dijo el ministro de Defensa Alberto Otárola, el viceministro manifestó que si se comprobaran las irregularidades tanto en la adquisición de chalecos antibalas como en la compra de raciones, los responsables tendrán que ser sancionados con todo el peso de la ley.

Explicó que en diciembre de 2011, cuando se tuvo conocimiento del informe que efectuó Contraloría sobre las adquisiciones realizadas entre los años 2009 y 2010 de raciones para el VRAE, el actual Ministro de Defensa dispuso implementar todas las recomendaciones del órgano de control y se aseguró que actualmente las raciones cumplan con todos los requisitos exigidos.

Sobre la adquisición de mil chalecos antibalas que presuntamente no cumplen con las condiciones adecuadas para la zona del VRAE, aclaró que la compra se realizó en el año 2010, también antes de que el actual Gobierno asumiera funciones.

Enfatizó que en este caso fue el propio ministro de Defensa, Alberto Otárola, quien en marzo de este año pidió al Ejército retirar estos chalecos y solicitó a la Contraloría iniciar un examen especial.