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por Redacción RPP
·La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) le otorgó a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) un plazo de 10 días hábiles para presentar sus descargos, conforme a lo previsto en el procedimiento correspondiente.
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) informó que inició un procedimiento administrativo sancionador contra la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), tras detectar presuntas infracciones al marco legal universitario vinculadas a la modificación de su Estatuto y a la elección de un rector interino ante la vacancia del cargo.
La decisión se sustenta en un informe técnico que indica, entre otros aspectos, que la Asamblea Universitaria eligió un rector interino luego de la renuncia del titular, aplicando una reforma estatutaria que no habría cumplido con los procedimientos formales ni respetado el principio de participación democrática.
Según la Unidad de Delimitación de Responsabilidades Administrativas (UDRA) de la Sunedu, la Asamblea Universitaria de la UNI habría excedido sus competencias al modificar el artículo 55 de su Estatuto, atribuyéndose la elección del rector en caso de vacancia del cargo, contraviniendo lo establecido en el artículo 66 de la Ley Universitaria, que dispone que dicha elección debe realizarse por sufragio universal, directo y secreto de docentes y estudiantes.
10 días hábiles para presentar sus descargos
De confirmarse los hechos, se configuraría la infracción tipificada en el numeral 4.7 del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, calificada como grave.
En ese sentido, la Sunedu ha otorgado a la UNI un plazo de 10 días hábiles para presentar sus descargos, conforme a lo previsto en el procedimiento correspondiente.
Este proceso sancionador se enmarca en el compromiso de la Sunedu por garantizar el respeto a los principios democráticos y de legalidad en la gestión universitaria, así como la participación efectiva de la comunidad académica en los procesos electorales internos, tal como lo establece la Ley Universitaria.
La superintendencia recordó que la autonomía universitaria debe ejercerse dentro del marco legal vigente y que cualquier modificación en la estructura de gobierno universitario debe respetar los principios democráticos y la participación efectiva de la comunidad educativa.
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