Bolivia dice que huida de tres ex ministros a Perú demuestra su culpabilidad

El Gobierno de Bolivia aseguró hoy que la huida a Perú de varios ex ministros imputados en el caso del "octubre negro" demuestra que son culpables de los delitos de los que están acusados, entre ellos el de "genocidio".

Así lo aseguró el ministro de Defensa, el abogado Walker San Miguel, quien declaró para una televisora estatal que los tres ex funcionarios del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Mirtha Quevedo, Javier Torres Goitia y Jorge Torres Obleas, que se refugiaron en Perú "son culpables plenos de octubre de 2003 y por eso están saliendo del país".

"Saben que cualquier tribunal (...), así haya sido elegido en anteriores gestiones, obviamente va a determinar su responsabilidad", agregó San Miguel.

El titular de Defensa criticó así el reciente viaje para pedir asilo en Perú de tres ex ministros imputados junto al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) por las seis decenas de muertes que provocó la represión militar ordenada contra protestas sociales en 2003.

"Esto es claramente una demostración elocuente de que hay una culpabilidad que ellos no quieren que se conozca. Lo demás (...) son salidas que lo único que tienden es a que algún día prescriba la acción", agregó.

San Miguel denunció además que "la ley de asilo de la república del Perú prohíbe expresamente acoger en calidad de asilados a quienes están en un proceso judicial y por delitos de "lesa humanidad"".

Además, calificó de "francamente irrisorio" el pedido de Torres Obleas de que el juicio por el "octubre negro" se lleve a cabo ante la Corte Penal Internacional porque, según denunció el ex ministro, en Bolivia no existen garantías.

"No tiene siquiera una sindiéresis jurídica porque aquí hay un juicio al que ellos se han sometido, han respondido", dijo San Miguel.

Para mañana está previsto el inicio del juicio contra Sánchez de Lozada y varios de los ministros de su segundo Gobierno, acusados de genocidio en la variante de "masacre sangrienta" establecida en la legislación penal boliviana.

Las más de 60 muertes se produjeron durante la represión a una ola de protestas sociales entre septiembre y octubre de 2003 contra un proyecto de exportación de gas hacia Estados Unidos a través de puertos de Chile.

Sánchez de Lozada renunció el 17 de octubre de ese año y partió hacia EE.UU., donde también residen sus ex ministros de Defensa Carlos Sánchez y de Hidrocarburos Jorge Berindoague.

EFE