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Ecuador pide a Policía e Interpol detener a expresidente Mahuad

El exmandatario, acusado de peculado durante la crisis financiera que se desató en su Gobierno, también sufrirá el embargo preventivo de sus bienes.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador pidió hoy a la Policía nacional y a la Interpol la aprehensión del expresidente del país Jamil Mahuad acusado de peculado (malversación de fondos públicos) durante la crisis financiera que se desató en su Gobierno (agosto 1998-enero 2000).

La Segunda Sala de Garantías Penales de la CNJ, además, dictó una orden de prisión preventiva, para investigaciones, contra Mahuad y dispuso el embargo de los bienes y una evaluación siquiátrica del imputado.

"Para la localización, aprehensión y traslado del procesado a uno de los Centros de Rehabilitación Social ofíciese a la Comandancia General de la Policía y Policía Internacional (Interpol)", señala la providencia.

En junio de 2006, un tribunal sobreseyó a Mahuad del delito imputado, pero en diciembre de ese mismo año el caso se reactivó. Ahora, la CNJ emitió el auto de llamamiento a juicio plenario, por haber indicios del delito cometido.

El abogado Víctor Granda, quien impulsa la acusación contra Mahuad, recordó que la justicia ha demorado casi once años en tomar esta decisión, pues fue el letrado quien presentó la demanda en 1999.

Granda, además, dijo a periodistas que la decisión de la CNJ abre el camino para tramitar la extradición de Mahuad, quien reside en Estados Unidos, desde donde ha defendido su inocencia.

Según el abogado, que también es un político de izquierdas, Mahuad usó fondos públicos para entregarlos a bancos privados que en 1999 entraron en una profunda crisis de liquidez y que derivó en la peor crisis financiera que ha soportado Ecuador.

Mahuad fue derrocado del poder el 21 de enero de 2000, pero la crisis que se desató en su Administración produjo el cierre de una treintena de entidades financieras, algunas de las cuales pasaron a manos del Estado.

El salvamento bancario que supuso la crisis le costó al Estado unos 8.000 millones de dólares, y sus secuelas, como la falta de pago a varios depositantes perjudicados, aún se mantienen.

EFE

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