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por Redacción RPP
·La representante del Banco Interamericano de Desarrollo, Mirna Liévano, manifestó que, "no es saludable", alentar la cultura del no pago.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) expresaron hoy su preocupación al Gobierno de Nicaragua por una ley que permitirá a miles de productores en mora renegociar sus deudas con instituciones financieras de este país.
La representante del BID en Nicaragua, Mirna Liévano, confirmó a periodistas que se encuentran "muy vigilantes y atentos" a esa ley, principalmente, dijo, porque tienen colocados 20 millones de dólares en varias instituciones microfinancieras nicaragüenses y temen no recuperarlos.
El director adjunto del FMI para el Hemisferio Occidental, Miguel Savastano, que inició este jueves una visita a Nicaragua para revisar el acuerdo económico con el Gobierno, señaló, por su lado, que no es "saludable" para la economía alentar la cultura del no pago.
Ratificó también que analizarán a fondo el impacto que tendría en la economía nicaragüense esa ley.
El asesor para asuntos económicos del Gobierno, Bayardo Arce, dijo a periodistas que ejecutivos de esos organismos financieros multilaterales, así como representantes de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), transmitieron "sus inquietudes" a la Administración del presidente Daniel Ortega.
"El tema realmente es preocupante", señaló Arce, quien anunció que el Gobierno analizará esas preocupaciones.
"A mí me parece que esa ley no contribuye en nada a la bien andanza de la economía", añadió.
El Congreso nicaragüense aprobó el miércoles pasado con amplia mayoría una ley especial que permitirá la renegociación de deudas entre unos 5.000 productores agropecuarios y comerciantes morosos y microfinancieras de Nicaragua, a una tasa de interés no mayor del 16 por ciento anual.
La ley establece que la renegociación entre los clientes que están en mora al 30 de junio de 2009 y las instituciones financieras se debe llevar a cabo en un plazo de 120 días, y manda a suspender los embargos y los juicios.
Además, que los plazos para pagar los adeudos serán de 4 y 5 años con un período de gracia de seis meses.
Nicaragua asumió compromisos con el FMI en relación a buscar el consenso "para promover una reestructuración, voluntaria y apegada a reglas del mercado, de los créditos morosos en la cartera de los microcréditos", según una carta de intención suscrita entre ambos en octubre de 2009.
El presidente de la Asociación de Microfinancieras de Nicaragua (Asomif), Julio Flores, dijo a periodistas que pedirán a Ortega que vete esa ley, de lo contrario esas instituciones no recibirán unos 70 millones de dólares de sus acreedores internacionales para destinarlos a créditos en este país.
Indicó, además, que están en riesgo unos 350 millones de dólares ya colocados.
Las 22 microfinancieras que operan en Nicaragua atienden a más de 500.000 clientes.
Esa polémica ley fue aprobada luego de presiones de productores agropecuarios y comerciantes con problemas para cancelar sus deudas.
Ese grupo es el mismo que desde hace dos años organizó el llamado "Movimiento del No Pago" y protagonizó hechos violentos contra entidades financieras en el norte del país, para protestar contra lo que califican "intereses leoninos" de hasta 60 por ciento anual cobrados por las microfinancieras.
EFE
La representante del BID en Nicaragua, Mirna Liévano, confirmó a periodistas que se encuentran "muy vigilantes y atentos" a esa ley, principalmente, dijo, porque tienen colocados 20 millones de dólares en varias instituciones microfinancieras nicaragüenses y temen no recuperarlos.
El director adjunto del FMI para el Hemisferio Occidental, Miguel Savastano, que inició este jueves una visita a Nicaragua para revisar el acuerdo económico con el Gobierno, señaló, por su lado, que no es "saludable" para la economía alentar la cultura del no pago.
Ratificó también que analizarán a fondo el impacto que tendría en la economía nicaragüense esa ley.
El asesor para asuntos económicos del Gobierno, Bayardo Arce, dijo a periodistas que ejecutivos de esos organismos financieros multilaterales, así como representantes de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), transmitieron "sus inquietudes" a la Administración del presidente Daniel Ortega.
"El tema realmente es preocupante", señaló Arce, quien anunció que el Gobierno analizará esas preocupaciones.
"A mí me parece que esa ley no contribuye en nada a la bien andanza de la economía", añadió.
El Congreso nicaragüense aprobó el miércoles pasado con amplia mayoría una ley especial que permitirá la renegociación de deudas entre unos 5.000 productores agropecuarios y comerciantes morosos y microfinancieras de Nicaragua, a una tasa de interés no mayor del 16 por ciento anual.
La ley establece que la renegociación entre los clientes que están en mora al 30 de junio de 2009 y las instituciones financieras se debe llevar a cabo en un plazo de 120 días, y manda a suspender los embargos y los juicios.
Además, que los plazos para pagar los adeudos serán de 4 y 5 años con un período de gracia de seis meses.
Nicaragua asumió compromisos con el FMI en relación a buscar el consenso "para promover una reestructuración, voluntaria y apegada a reglas del mercado, de los créditos morosos en la cartera de los microcréditos", según una carta de intención suscrita entre ambos en octubre de 2009.
El presidente de la Asociación de Microfinancieras de Nicaragua (Asomif), Julio Flores, dijo a periodistas que pedirán a Ortega que vete esa ley, de lo contrario esas instituciones no recibirán unos 70 millones de dólares de sus acreedores internacionales para destinarlos a créditos en este país.
Indicó, además, que están en riesgo unos 350 millones de dólares ya colocados.
Las 22 microfinancieras que operan en Nicaragua atienden a más de 500.000 clientes.
Esa polémica ley fue aprobada luego de presiones de productores agropecuarios y comerciantes con problemas para cancelar sus deudas.
Ese grupo es el mismo que desde hace dos años organizó el llamado "Movimiento del No Pago" y protagonizó hechos violentos contra entidades financieras en el norte del país, para protestar contra lo que califican "intereses leoninos" de hasta 60 por ciento anual cobrados por las microfinancieras.
EFE
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