Gobierno de Ecuador denuncia que indígenas pretenden derrocarlo

El gobierno ecuatoriano afirmó el lunes que sectores indígenas pretenden derrocarlo y descartó ceder a sus presiones para modificar un proyecto oficial de ley sobre el manejo de agua, del que se dicen excluidos.

Los aborígenes, por su parte, negaron que quieran deponer al presidente Rafael Correa e intensificaron sus protestas bloqueando temporalmente algunas carreteras, en hechos que derivaron en enfrentamientos al ser desalojados por la Policía.

"No cederé a las presiones de un grupo por importante que se crea (..) Levantémonos, marchemos, somos muchos más. No dejemos imponernos los caprichos y los abusos por unos cuantos insensatos", dijo el mandatario.

Añadió que la dirigencia indígena "está totalmente huérfana de apoyo" y que las bases respaldan su "revolución" socialista.

"El movimiento indígena son esos millones de indígenas explotados a través de los siglos. Ese movimiento indígena está con la revolución ciudadana", aseguró Correa.

Más temprano, el viceministro de Pueblos (a cargo del sector aborigen), Orlando Pérez, aseguró que declaraciones del líder de la principal organización indígena, Marlon Santi, "ya no ocultan el verdadero propósito de este movimiento, de este fenómeno político, que es tumbarse al gobierno".

"Ellos quieren tumbarse a Rafael Correa porque no están de acuerdo con él, porque no les dio todo lo que ellos pidieron", indicó.

Pérez sostuvo que para ello los aborígenes cuentan con el apoyo de partidos opositores de derecha como el PRIAN y Sociedad Patriótica, este último dirigido por el ex mandatario Lucio Gutiérrez, depuesto por una revuelta popular en 2005 y quien desconoció la reelección de Correa en abril de 2009.

Santi, titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), negó esas acusaciones.

"No he dicho que vamos a tumbar al gobierno", afirmó a la AFP, indicando que quieren tergiversarlo y ponerlo en contra de la opinión pública.

"Lo que le hemos pedido al gobernante (..) es que se incluyan nuestras propuestas democráticamente", añadió.

El dirigente dijo que las manifestaciones continuarán en Quito en los alrededores de la Asamblea Legislativa, que tramita el proyecto en segundo y definitivo debate.

Luego de una primera semana de protestas en la capital en las que sitiaron el Congreso y se enfrentaron a la Policía con saldo de una veintena de heridos, los aborígenes bloquearon algunas vías como en el sector de Guachalá (60 km al norte de Quito) y Salcedo (90 km al sur).

Cientos de manifestantes atravesaron árboles y piedras para impedir el tránsito desde la capital, registrándose choques con los policías que habilitaron los caminos disparando bombas de gas lacrimógeno, constataron periodistas de la AFP.

La Policía tiene "disposiciones claras de mantener el orden público y garantizar que no se violenten los derechos de las otras personas (a la libre circulación), con total respeto de los derechos humanos", declaró el viceministro de gobierno, Edwin Jarrín.

Los indígenas, que se consideran 35% de la población ecuatoriana de 14,2 millones de personas pero que enfrentan divisiones, rechazan la iniciativa oficial alegando que perderán el control de las fuentes hídricas en sus territorios, y favorece a mineras y empresas embotelladoras.

Por su parte el gobierno, que tiene el respaldo de otras asociaciones indígenas, acusa a la Conaie de engañar a sus bases para acaparar el manejo del agua.

"Ellos quieren controlar las fuentes de agua, es decir un día nos cierran la llave en Quito y chao agua", denunció el viceministro Pérez, remarcando que "el país no puede ser manejado por corporaciones ni grupos privados".

AFP