Nueve indígenas mexicanos cumplen 22 días en huelga de hambre en el estado de Chiapas, afirmó hoy la ONG Amnistía Internacional (AI), que pidió a las autoridades que revisen sus casos, porque considera que su detención, juicio y condena estuvieron "colmados de abusos".

El 29 de septiembre pasado, once presos indígenas en una cárcel estatal ubicada en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en el sureste de México, comenzaron una huelga de hambre en protesta contra su reclusión.

Según los indígenas, presos por diferentes casos y dos de los cuales ya han sido liberados, durante sus juicios fueron violados sus derechos fundamentales, lo que resultó "en condenas por crímenes que ellos no han cometido", explicó la sección mexicana de AI en un comunicado.

De acuerdo con la organización defensora de los derechos humanos, "su detención, juicio y condena estuvieron colmados de irregularidades y abusos, incluyendo denuncias de tortura y malos tratos".

Los sentenciados "pudieron haber sido sujetos a juicios injustos y condenas infundadas", por lo que "deben ser repetidos sus procesos de acuerdo con los estándares internacionales (...) o deben ser puestos en libertad", apuntó.

De otra parte, AI expresó su preocupación por el traslado el jueves de uno de los líderes de la huelga, identificado como Alberto Patishtán Gómez, a una prisión federal ubicada a 2000 kilómetros de distancia, en la ciudad de Guasave, en el norteño estado de Sinaloa.

En opinión de la organización civil, el traslado "fue una represalia por su activo papel en la huelga de hambre y en las reivindicaciones por el respeto a los derechos humanos por parte de los presos".

Además, pidió a las autoridades federales y del estado de Chiapas respetar el derecho de los reclusos a llevar a cabo su huelga pacífica de hambre y a darles atención médica adecuada "de acuerdo a los deseos de aquellos que participan en la protesta y abstenerse de recurrir a la alimentación forzada".

AI, que cita supuestos testimonios de los presos, aseguró que la única mujer en huelga de hambre, Rosa López Díaz, "ha sido amenazada con ser separada de forma permanente de su pequeño hijo", si no suspende la protesta, y otros indígenas "han reportado haber sido amenazados con alimentación forzada".

La agrupación manifestó que la inadecuada aplicación de la justicia en Chiapas y otros estados mexicanos es "continua", y que frecuentemente a los indígenas se les niega en el país "el derecho a una defensa efectiva y juicios imparciales".

EFE