Policía de México negó ejecuciones extrajudiciales en operativos

La Policía mexicana negó hoy de nuevo ejecuciones extrajudiciales en un operativo realizado en mayo pasado en Michoacán, en el que murieron 42 presuntos delincuentes y un agente federal, tras señalamientos en ese sentido, y aseguró que la investigación permanece abierta.

Ninguno de los fallecidos el 22 de mayo tenía "un tiro de gracia en la nuca como se afirmó, ninguno tiene el tatuaje de pólvora que indica que el disparo fue a corta distancia", dijo el titular de la Policía Federal, Enrique Galindo, sobre el suceso registrado en el municipio de Tanhuato, colindante con el estado de Jalisco.

Así, en declaraciones a Radio Fórmula, el funcionario desmintió un artículo de opinión del 5 de agosto del comunicador Carlos Loret de Mola, en el que afirmaba, citando un peritaje de la Fiscalía de México, que más del 70 % de las víctimas fueron ejecutadas y que una de ellas habría sido matada a golpes.

Galindo negó que la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) hubiera realizado un peritaje, alegando que es la Fiscalía de Michoacán la encargada hasta el momento de reunir pruebas, si bien funcionarios federales participaron en la indagatoria.

Fuentes de la Fiscalía de Michoacán confirmaron hoy a Efe que actualmente son ellos quienes continúan con las diligencias y que, tras finalizar la investigación, mandarán "todo el expediente" a la PGR para que siga con este caso.

Galindo añadió que, hasta el momento, la procuraduría michoacana no ha ejercido acción penal contra los policías federales que participaron en el operativo, quienes ya declararon en esta "delicada" investigación.

El pasado 22 de mayo, policías federales y miembros del Ejército mexicano se enfrentaron a tiros con presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras recibir una denuncia sobre la ocupación ilegal de un rancho de Tanhuato.

El saldo fue de tres detenidos, un policía herido y 43 muertos -42 presuntos delincuentes y un agente federal- y el desbalance de víctimas fatales llevó a muchos analistas a recordar el caso de Tlatlaya, en el central Estado de México, donde 22 civiles murieron a manos de militares en 2014, la mayoría después de haberse rendido.

Loret de Mola afirmó que, según el peritaje de Tanhuato al que tuvo acceso, los cuerpos fueron movidos y se les colocaron armas.

En algunas de ellas los cargadores no eran del mismo modelo del arma, por lo que no hubieran podido ser accionadas en combate, agregó.

El comisionado de la Policía Federal respondió hoy, una semana después de la publicación del artículo, que "está acreditado que dispararon, está acreditado que eran elementos de la delincuencia organizada, que murió un policía federal y que había una denuncia previa (sobre la ocupación del rancho)".

Además, aseguró que 41 de los cuerpos presentaron positiva la prueba de rodizonato de sodio, lo que demuestra que dispararon armas de fuego. En el lugar se contabilizaron 2.626 casquillos y 1.282 cartuchos útiles.

"Hay 45 armas de la delincuencia organizada y hay un policía que perdió la vida" en un enfrentamiento donde las fuerzas federales mostraron "mejores habilidades", dijo Galindo, quien recordó que incluso se disparó a uno de los helicópteros que participó en la operación con un arma calibre 50 y que los criminales disponían de un lanzacohetes.

Todo ocurrió en el transcurso de la mañana del 22 de mayo, después de que los delincuentes afincados en el rancho "habían estado tomando y drogándose en la noche", aseveró.

Además, "hay tres detenidos. Si hubiera habido una situación diferente de excesos, estas personas quizá no las hubiéramos presentado detenidas", rebatió Galindo, quien afirmó que él ofrecía "datos duros" y no "especulaciones".

Y es que, según el periodista, en sus declaraciones al Ministerio Público "los tres supervivientes coincidieron en que al momento de la balacera se escondieron y fueron hallados mucho tiempo después, cuando la Policía Federal ya no estaba sola".

EFE