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por Redacción RPP
·En un informe de la CIDH dijo que el Gobierno de Caracas "atenta" contra la democracia y los derechos humanos y que existen serias restricciones al pleno uso de esas garantías.
El embajador de Venezuela en Estados Unidos, Bernardo Álvarez, acusó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA de mantener un "sesgo político" contra su país, e instó a dos influyentes líderes del Senado a que tomen en cuenta ese tipo de "manipulación".
Álvarez respondió así a la solicitud que realizaron los senadores Richard Lugar y Christopher Dodd para que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) discuta el informe de la CIDH sobre la precaria situación de la democracia y derechos humanos en Venezuela.
"Es lamentable que su lectura del informe no considere la manipulación política del tema de los derechos humanos por parte de la CIDH con respecto a Venezuela en los últimos ocho años", se quejó Álvarez en una carta enviada a los dos senadores.
En el informe del pasado 24 de febrero, la CIDH dijo que el Gobierno de Caracas "atenta" contra la democracia y los derechos humanos y que existen "serias restricciones" al pleno uso de esas garantías en Venezuela.
El informe destacó la intolerancia política, la falta de independencia de los poderes del Estado, la represión de los disidentes, las restricciones a la libertad de expresión y los problemas de violencia e impunidad.
Pero el diplomático dijo en la misiva que "Venezuela disfruta de un sistema político en el cual los venezolanos se expresan libremente de varias maneras, incluyendo manifestaciones de calle, elecciones y acceso libre a los medios de comunicación".
Asimismo, resaltó la amnistía del 2007 para quienes participaron en el golpe de Estado de 2002, excepto a aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad.
Si al Senado de EE.UU. realmente le interesa la situación de los derechos humanos en la región, "solicitaría a su misión ante la OEA que promoviera una discusión sobre el caso de (Luis) Posada Carriles", dijo el embajador.
Posada Carriles, un disidente anticastrista, es acusado por Cuba y Venezuela de terrorismo por la voladura de un vuelo comercial en 1976, en el que murieron 73 personas.
Su juicio en un tribunal de El Paso (Texas) por infracciones migratorias fue aplazado el lunes por cuarta vez.
Álvarez señaló que el Senado también podría pedir que la OEA investigue "cómo el Gobierno de Estados Unidos protege a dos ex miembros de la Guardia Nacional venezolana, José Antonio Molina y Germán Valera", que afrontan cargos por la planificación y bombardeo de los consulados de España y Colombia en Caracas en 2003.
"Los derechos humanos es un asunto que nos interesa a todos. De hecho, especialmente debido a las violaciones de derechos humanos realizadas por Gobiernos venezolanos en el pasado, su promoción y protección está en la médula de la Revolución Bolivariana de Venezuela", puntualizó Álvarez en la carta.
En una declaración conjunta el lunes, Dodd y Lugar se manifestaron "profundamente consternados" por algunos elementos del informe de la CIDH, en particular la falta de autonomía del sistema judicial que, según la entidad, permite la criminalización de los defensores de derechos humanos y la persecución de los disidentes.
Una discusión del informe de la CIDH ante la OEA "expondría ampliamente la clara erosión de la democracia en Venezuela y daría credibilidad a su papel en la protección de elementos esenciales de la democracia representativa", argumentaron los senadores.
Añadieron que "Venezuela es un terreno crítico en el que está a prueba el apoyo de la OEA a la democracia y los derechos humanos, donde las libertades civiles básicas están bajo amenaza".
Aunque los esfuerzos para ampliar la democracia y la protección de los derechos humanos se han convertido en la norma en la mayoría de los Gobiernos en América Latina en las últimas tres décadas, "la consolidación democrática" aún no está al alcance de todos los que viven en la región, señalaron Dodd y Lugar.
"Los retos al imperio de la ley, la libertad de prensa y los derechos humanos aún afectan a muchos de los habitantes del hemisferio", puntualizaron los senadores.
EFE
Álvarez respondió así a la solicitud que realizaron los senadores Richard Lugar y Christopher Dodd para que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) discuta el informe de la CIDH sobre la precaria situación de la democracia y derechos humanos en Venezuela.
"Es lamentable que su lectura del informe no considere la manipulación política del tema de los derechos humanos por parte de la CIDH con respecto a Venezuela en los últimos ocho años", se quejó Álvarez en una carta enviada a los dos senadores.
En el informe del pasado 24 de febrero, la CIDH dijo que el Gobierno de Caracas "atenta" contra la democracia y los derechos humanos y que existen "serias restricciones" al pleno uso de esas garantías en Venezuela.
El informe destacó la intolerancia política, la falta de independencia de los poderes del Estado, la represión de los disidentes, las restricciones a la libertad de expresión y los problemas de violencia e impunidad.
Pero el diplomático dijo en la misiva que "Venezuela disfruta de un sistema político en el cual los venezolanos se expresan libremente de varias maneras, incluyendo manifestaciones de calle, elecciones y acceso libre a los medios de comunicación".
Asimismo, resaltó la amnistía del 2007 para quienes participaron en el golpe de Estado de 2002, excepto a aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad.
Si al Senado de EE.UU. realmente le interesa la situación de los derechos humanos en la región, "solicitaría a su misión ante la OEA que promoviera una discusión sobre el caso de (Luis) Posada Carriles", dijo el embajador.
Posada Carriles, un disidente anticastrista, es acusado por Cuba y Venezuela de terrorismo por la voladura de un vuelo comercial en 1976, en el que murieron 73 personas.
Su juicio en un tribunal de El Paso (Texas) por infracciones migratorias fue aplazado el lunes por cuarta vez.
Álvarez señaló que el Senado también podría pedir que la OEA investigue "cómo el Gobierno de Estados Unidos protege a dos ex miembros de la Guardia Nacional venezolana, José Antonio Molina y Germán Valera", que afrontan cargos por la planificación y bombardeo de los consulados de España y Colombia en Caracas en 2003.
"Los derechos humanos es un asunto que nos interesa a todos. De hecho, especialmente debido a las violaciones de derechos humanos realizadas por Gobiernos venezolanos en el pasado, su promoción y protección está en la médula de la Revolución Bolivariana de Venezuela", puntualizó Álvarez en la carta.
En una declaración conjunta el lunes, Dodd y Lugar se manifestaron "profundamente consternados" por algunos elementos del informe de la CIDH, en particular la falta de autonomía del sistema judicial que, según la entidad, permite la criminalización de los defensores de derechos humanos y la persecución de los disidentes.
Una discusión del informe de la CIDH ante la OEA "expondría ampliamente la clara erosión de la democracia en Venezuela y daría credibilidad a su papel en la protección de elementos esenciales de la democracia representativa", argumentaron los senadores.
Añadieron que "Venezuela es un terreno crítico en el que está a prueba el apoyo de la OEA a la democracia y los derechos humanos, donde las libertades civiles básicas están bajo amenaza".
Aunque los esfuerzos para ampliar la democracia y la protección de los derechos humanos se han convertido en la norma en la mayoría de los Gobiernos en América Latina en las últimas tres décadas, "la consolidación democrática" aún no está al alcance de todos los que viven en la región, señalaron Dodd y Lugar.
"Los retos al imperio de la ley, la libertad de prensa y los derechos humanos aún afectan a muchos de los habitantes del hemisferio", puntualizaron los senadores.
EFE
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