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Solicitan orden de arresto para el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol por declarar la ley marcial

Yoon Suk-yeol fue destituido por el Parlamento hace dos semanas.
Yoon Suk-yeol fue destituido por el Parlamento hace dos semanas. | Fuente: EFE

Es la primera vez en Corea del Sur que un presidente enfrente la posibilidad de ser detenido antes de que concluya el proceso de juicio político en su contra.

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Un equipo conjunto de investigación anunció este lunes que solicitó una orden de detención contra el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, por su declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre. Esto después de que el mandatario ignorara tres citaciones para ser interrogado al respecto.

El anuncio supone la primera vez en la historia democrática del país asiático en que un presidente, aún en el cargo, encara la posibilidad de ser detenido.

Yoon fue destituido el pasado 14 de diciembre por la Asamblea Nacional, lo que lo ha despojado momentáneamente de sus funciones hasta que el Tribunal Constitucional decida de aquí a junio si restituye sus competencias o lo inhabilita definitivamente.

Los representantes del mencionado equipo de investigación, que integra a la oficina anticorrupción, a la Policía y a la unidad de investigación del Ministerio de Defensa Nacional, informaron a los medios de comunicación locales que el pedido de arresto fue presentado ante un tribunal del Distrito Oeste de Seúl.

La solicitud alega que Yoon lideró una insurrección y abuso de su cargo al declarar el estado de excepción el pasado 3 de diciembre y que supuestamente ordenó al Ejército que impidiera a los diputados del Parlamento votar en contra de su decisión para revocarla.

Los parlamentarios finalmente lograron votar en contra de la ley marcial, aparentemente gracias en parte a la negativa de mandos militares intermedios a cumplir órdenes, lo que obligó al presidente a rescindir el estado de excepción a las pocas horas de decretarla.

Se defiende de acusaciones

Yoon ha negado las acusaciones argumentando que su declaración de la ley marcial fue un "acto de gobernanza" que buscaba advertir a la oposición, que tiene mayoría en el Parlamento, contra lo que ha descrito como un abuso del poder legislativo que busca minar al Estado y apoyar al régimen de Corea del Norte, con quien el Sur está técnicamente en guerra. 

También instó a los dos principales partidos surcoreanos a evitar "las políticas imprudentes y beligerantes".

El mandatario afirmó que la decisión entra dentro "del ámbito de la autoridad ejecutiva" y "que no está sujeta a revisión judicial", antes de añadir que luchará "hasta el último momento junto al pueblo" y que encarará "con confianza" las investigaciones que pesan sobre él.

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