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por France 24
·El presidente de EE. UU., Donald Trump, desplegó tropas de la Guardia Nacional en California tras dos días de protestas contra las redadas migratorias.
Las redadas contra inmigrantes ordenadas por el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su posterior decisión de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles para frenar las protestas que se alzaron en contra de sus medidas entran a un terreno legal y de disputa entre Washington y California.
El gobernador de ese estado, el demócrata Gavin Newsom, declaró este lunes 9 de junio a ‘MSNBC’ que planea presentar una demanda contra la Administración Trump para revertir el despliegue de la Guardia Nacional, que calificó de "acto ilegal, inmoral e inconstitucional". ¿Podrá prosperar su demanda?
¿Qué respondió Trump a la demanda anunciada por el gobernador de California?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este lunes que apoyaría el arresto del gobernador de California, Gavin Newsom, en medio de las protestas a favor de la inmigración en el estado, que llevaron al mandatario a desplegar la Guardia Nacional.
Tom Homan, el zar fronterizo del gobierno, había amenazado con arrestar a cualquiera que obstruyera las medidas de control migratorio en el estado, incluyendo a Newsom y a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.
Newsom respondió durante una entrevista con NBC News desafiando a Homan a "terminar con esto de una vez" y proceder con el arresto.
Y al ser cuestionado sobre si Newsom había desafiado a Homan a arrestarlo, Trump respondió que él lo respaldaría.
Sus palabras fueron fuertemente refutadas por el gobernador: "El presidente de Estados Unidos acaba de pedir el arresto de un gobernador en funciones. Este es un día que esperaba no ver jamás en Estados Unidos. No importa si eres demócrata o republicano, esta es una línea que no podemos cruzar como nación: es un paso inequívoco hacia el autoritarismo", señaló Newsom en la plataforma X.
¿Qué leyes invocó Trump para justificar el despliegue de la Guardia Nacional?
El mandatario estadounidense citó el Título 10 del Código de Estados Unidos, una ley federal que describe el papel de las Fuerzas Armadas del país, en su orden del 7 de junio para convocar a miembros de la Guardia Nacional de California al servicio federal.
Una disposición del Título 10 (Sección 12406) permite al presidente desplegar unidades de la Guardia Nacional al servicio federal si Estados Unidos es invadido, existe una rebelión o peligro de rebelión, o si el presidente no puede, con las fuerzas regulares, ejecutar las leyes de EE. UU.
Precisamente el mandatario ha justificado su intensa cruzada contra los inmigrantes indocumentados como una “invasión”. Aproximadamente 300 miembros de la Guardia Nacional llegaron a la ciudad durante el fin de semana y el líder de la Casa Blanca afirmó haber autorizado el despliegue de 2000 miembros en caso de ser necesario.
Pero una ley de 1878, la Ley Posse Comitatus, prohíbe en general a las Fuerzas Armadas estadounidenses, incluida la Guardia Nacional, participar en la aplicación de la ley civil.
La Sección 12406 no anula dicha prohibición. Sin embargo, permite a las tropas proteger a los agentes federales que realizan actividades de aplicación de la ley y proteger la propiedad federal.
Por ejemplo, las tropas de la Guardia Nacional no pueden arrestar a manifestantes, pero sí podrían proteger al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos que realiza arrestos.
¿Pueden prosperar los recursos legales contra la medida de Trump?
Cuatro expertos legales de organizaciones de defensa de derechos humanos, tanto de izquierda como de derecha, han cuestionado el uso del Título 10 por parte de Trump en respuesta a las protestas migratorias. Califican esa acción de incendiaria e imprudente, especialmente por proceder sin el respaldo del gobernador demócrata de California, quien ha afirmado que las acciones de Trump solo intensificarán las tensiones.
Y es que el Título 10 también establece que "las órdenes para estos fines se emitirán a través de los gobernadores de los estados", pero algunos expertos legales señalaron que este lenguaje podría no ser un obstáculo. La historia legislativa sugiere que esas palabras probablemente pretendían reflejar las normas sobre cómo se despliegan típicamente las fuerzas de la Guardia Nacional, en lugar de dar a un gobernador la opción de no acatar la decisión del presidente de desplegar tropas.
Por otra parte, los expertos destacan que las protestas en California no alcanzan el nivel de "rebelión" ni impiden que el Gobierno federal aplique otras leyes para las que no es necesario el envío de tropas.
California puede sustentar su demanda en que el despliegue de tropas de la Guardia Nacional no estaba justificado por el Título 10 porque no existía "rebelión" ni amenaza para las fuerzas del orden.
Una acción legal en este sentido podría tardar meses en resolverse y el resultado sería incierto. Dado que las protestas podrían terminar antes de que se resuelva una demanda, la decisión de demandar podría ser más una cuestión política que legal, subrayan las mismas fuentes.
¿Cuándo fue la última vez que un presidente desplegó la Guardia Nacional sin autorización del gobernador?
Ningún mandatario lo ha hecho desde que Lyndon B. Johnson envió tropas para proteger una marcha por los derechos civiles en Alabama, en 1965, según el Centro Brennan para la Justicia.
Johnson, a diferencia de Trump, invocó la Ley de Insurrección, una ley de guerra del siglo XVIII que permite a los presidentes desplegar fuerzas militares en tiempos de rebelión o disturbios.
Trump, en cambio, se basó en una ley federal similar que coloca a las tropas de la Guardia Nacional bajo el mando federal en circunstancias que incluyen la amenaza de rebelión.
Pero, insisten los expertos, esa ley también establece que las órdenes para tales fines “serán emitidas por los gobernadores de los estados”.
¿Cuál ha sido la respuesta en América Latina frente a las redadas de Trump?
Si bien las personas inmigrantes sin un estatus regularizado proceden de distintas partes de Latinoamérica y de otras partes del mundo, México es uno de los países de donde más provienen los ciudadanos afectados.
La presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, instó este lunes a que los procedimientos migratorios se realicen de acuerdo con el "debido proceso" y sean "respetuosos con la dignidad humana". Solo en las redadas migratorias llevadas a cabo por las autoridades estadounidenses en Los Ángeles, al menos 42 mexicanos han sido detenidos.
“Hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de derecho”, declaró Sheinbaum.
La jefa de Estado también denunció la criminalización de la migración, al tiempo que instruyó apoyo legal y consular inmediato para los afectados.
Las imágenes de redadas este fin de semana en el estacionamiento de una tienda en la zona centro de Los Ángeles y en una fábrica textil han dado la vuelta al mundo y desatado indignación y protestas por el trato de las autoridades que, en algunos casos, han incluso detenido a personas con autorización para residir en el país, lo que pone aún más en relieve las detenciones con tintes raciales.
¿Qué otras leyes podría Trump invocar para desplegar militares contra las protestas?
Trump podría dar un paso más radical si decide invocar la Ley de Insurrección de 1792, que permitiría a las tropas participar directamente en la aplicación de la ley civil, algo de lo que existen pocos precedentes recientes.
Presentar las protestas como una "insurrección" que requiere el despliegue de tropas contra ciudadanos estadounidenses sería un terreno legal más arriesgado, según un experto legal, en parte porque las protestas mayoritariamente pacíficas y los incidentes menores no son el tipo de asuntos que la Ley de Insurrección se diseñó para abordar.
La Ley de Insurrección ha sido utilizada por presidentes anteriores para desplegar tropas dentro de Estados Unidos en respuesta a crisis como la Rebelión del Whisky de 1794 y el auge del Ku Klux Klan inmediatamente después de la Guerra de Secesión. La ley fue invocada por última vez por el presidente George H.W. Bush en 1992, cuando el gobernador de California solicitó ayuda militar para reprimir los disturbios en Los Ángeles tras el juicio de Rodney King.
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