Columna | Vientos de autodestrucción

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Una vez más, el debate público ha llegado a una cúspide de crispación por las mismas razones que hemos venido deplorando durante los últimos meses: la judicialización de la política y la manipulación de la justicia. Es cierto que la lucha contra la corrupción y el caso Lava Jato constituyen un escollo mayor al funcionamiento sereno de las instituciones, puesto que se trata de investigar los últimos cuatro gobiernos.

Sin embargo, la renuncia de Pedro Pablo Kuzcynski y la salida del fiscal Pedro Chávarry no nos habrán servido de mucho si los jueces no hacen su trabajo con imparcialidad y si los políticos no hacen el suyo con honestidad y eficacia. Por ahora, lo real es que la voluntad de fragilizar al presidente y ponerlo al mismo nivel que otros dirigentes investigados dificulta nuestra posibilidad de reformar las instituciones políticas y judiciales. Y en este clima, se hace cada vez menos probable forjar consensos para mejorar nuestra insuficiente tasa de crecimiento económico.

La campaña para presentar al presidente como un dictador, asimilarlo al fujimorismo de los años noventa, atribuirle vínculos ilegales con empresas corruptas y promover su vacancia ha hallado un nuevo pretexto en declaraciones desafortunadas de Martín Vizcarra sobre la actividad de su empresa privada hace más de diez años. Alan García ha afirmado incluso que Vizcarra fue Apoderado de la empresa Graña y Montero. Simultáneamente la Comisión de Constitución decidió archivar el Proyecto de Ley que Vizcarra llevó personalmente al Congreso para reformar el ministerio público.  El congresista Luis Galarreta, rompiendo su silencio, comentó que no “servía ni siquiera como insumo”.

Este martes también se conoció la recusación del Juez Concepción Carhuancho que ya no podrá juzgar a Jaime Yoshiyama y los otros investigados del caso cócteles de Fuerza Popular. El Fiscal Rafael Vela ha afirmado que la recusación es ilegal, puesto que no se ha convocado a una Audiencia en la que las partes hubieran podido intercambiar argumentos. Se cuestiona también que la jueza Jéssica León Yarango no haya sido separada de la Sala que decidió la recusación, pese a los cuestionamientos por sus supuestas relaciones con el exjuez César Hinostroza, sin hablar de las que se le atribuyen con Vladimiro Montesinos.

Lecciones del Brexit

Nuestro país debe recorrer un camino difícil salvando a la vez los escollos de la impunidad y los de la retórica vacía que no se traduce en acción y resultados. Para eso, resulta indispensable mantener la vista puesta en los objetivos y apartarnos del enfrentamiento estéril que termina favoreciendo los intereses de la corrupción.

Tomemos ejemplo de lo que está sucediendo en Gran Bretaña. El gobierno de Theresa May sufrió la más aplastante derrota que se recuerde en uno de los parlamentos más antiguos del mundo. La oposición laborista plantea una moción de censura, que solo podrá prosperar si se unen los votos de centro izquierda con los del populismo xenófobo y antieuropeo.

May llegó al poder como consecuencia de un referendo sobre la salida de Europa, Brexit, convocado irresponsablemente por su predecesor, y durante más de dos años negoció un Acuerdo con la Unión Europea para conseguir una salida razonable. Ese esfuerzo se estrelló contra la coalición de sus adversarios, integrada también por miembros prominentes de su Partido Conservador. May declaró este martes a los parlamentarios: “Ustedes solo saben lo que quieren destruir, pero no qué es lo que proponen ni cómo lo pueden conseguir”. Esos son los vientos autodestructivos que soplan en el país del pragmatismo político y el pacto de caballeros. Evitemos que soplen también en el nuestro.

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