Protestas en Bolivia. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Juan Carlos Torrejon

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¿Qué puede explicar que una persona que ha presidido su país durante casi 14 años se haya empecinado en aferrarse al poder, aunque eso lo llevara a despreciar las instituciones, dividir a la población y poner en riesgo los logros económicos y la paz social? En el penoso anuncio de su renuncia, Evo Morales recurrió una vez más a dos de sus recursos retóricos más demagógicos: su supuesta condición de “primer presidente indígena de Bolivia” y la persecución de la que se dice víctima. Morales se refirió también a las intervenciones de la OEA y de la Iglesia Católica, que durante años pasaron bajo silencio algunas de sus arbitrariedades. La más saltante es por supuesto el desconocimiento de un referendo convocado precisamente para que el pueblo se pronuncie sobre su intención de presentarse a una tercera reelección. Morales perdió el referendo, pero el fallo de un Tribunal Constitucional a su servicio le permitió hacerlo.

Luego vino el descarado comportamiento del Supremo Tribunal Electoral, que según ha dicho la OEA se prestó a una grotesca manipulación del escrutinio. Al final el Tribunal proclamó a Morales ganador en la primera vuelta electoral. Las manifestaciones populares condujeron a una situación inédita: la policía decidió rebelarse ante las órdenes de represión e incluso privó de su protección a la sede presidencial. La oposición se mantuvo unida en torno a la figura del expresidente Carlos Mesa, quien supo aportar ponderación y visión estratégica en las condiciones dramáticas que atravesaba su país. Finalmente, el comandante general de las Fuerzas Armadas “sugirió” que el presidente renunciara, inaugurando una nueva forma de intervención militar en las crisis políticas.

Debemos sacar lecciones de la experiencia boliviana. En primer lugar, sobre la actitud ideologizada de los que no dijeron nada cuando se pisoteó el referendo y que ahora se ofuscan ante la existencia de un supuesto golpe de Estado contra Morales. La lista la preside el recién liberado Lula, los dictadores de Cuba y Venezuela, Cristina Fernández, Ernesto Samper y otros dirigentes del llamado Grupo de Puebla. Entre ellos figura también la excandidata presidencial Verónica Mendoza, cuyas convicciones democráticas vuelven a estrellarse contra sus intereses políticos. Ya no se trata solo de su alianza con un partido dirigido por un condenado por corrupción. Ahora estamos ante una interesada distorsión de los hechos, renegando el compromiso de adecentar la política, como Nuevo Perú dijo pretender.

La lección más importante es que todos debemos respetar la ley y las instituciones, independientemente de si nos favorecen o no. Todo poder que se ejerce fuera de ese respeto termina por ser abusivo y por conectarse con la delincuencia, que tanto en Bolivia como en el Perú llevan el nombre final de corrupción y narcotráfico. En el curso de los próximos días esperamos el pronunciamiento de instituciones jurisdiccionales cuyas resoluciones debemos respetar, nos favorezcan o no. En primer lugar el Jurado Nacional de Elecciones deberá decidir si los miembros del Congreso disuelto pueden o no postular en las elecciones del próximo enero. En segundo lugar el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse sobre el habeas corpus presentado por la defensa de Keiko Fujimori y después sobre la demanda competencial presentada en nombre del Congreso disuelto. En tercer lugar, lo más duradero: la elección que la Comisión Especial hará de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La experiencia propia y ajena nos ha mostrado a dónde lleva la ambición y la prepotencia de jefes que pisotean las instituciones. La alternativa es el camino que escogió Evo Morales y que lo ha llevado al despeñadero.

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