La exfiscal de Venezuela pidió una orden de arresto internacional contra Maduro

La exfiscal de Venezuela Luisa Ortega Díaz pidió ante la Corte Penal Internacional (CPI) una "orden de arresto internacional" contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y varios de sus ministros por crímenes de lesa humanidad, como más de 8.000 asesinatos y 17.000 detenciones arbitrarias.

Ortega se reunió durante casi una hora y media con personal de la Fiscalía de la CPI para presentar "más de 1.000 elementos probatorios", entre ellos "reconocimientos médicos legales, reconocimientos psiquiátricos, inspecciones técnicas y entrevistas", según dijo a la prensa en La Haya.

Esas pruebas, recolectadas entre 2015 y 2017, mientras ella era la fiscal general de Venezuela, demostrarían las responsabilidades del Gobierno en crímenes de lesa humanidad, incluidos "asesinatos, torturas, encarcelaciones, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil", comentó Ortega a su salida de la CPI.

La exfiscal dijo que se ha visto "en la necesidad" de acudir a este tribunal porque "en Venezuela no hay justicia", y mantuvo que en su país "no es posible que se logre sancionar a los responsables de esos crímenes".

Añadió que ha existido "un ataque sistemático y generalizado contra la población civil" y que "funcionarios policiales y militares" asesinaron a 1.777 personas en 2015, a 4.667 en 2016 "bajo las mismas condiciones" y a 1.846 hasta el mes de junio de 2017.

La exfiscal, que presidió el Ministerio Público de Venezuela entre diciembre de 2007 y agosto de 2017, incluyó en la denuncia la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), por la cual "fueron asesinadas 505 personas" y cuyos responsables habrían sido "grupos tácticos de combate", dijo Ortega.

Todos esos crímenes se habrían cometido "bajo las órdenes del Ejecutivo" y amparados "en un plan que persigue el Gobierno de limpieza social", indicó Ortega, que en su breve intervención ante los medios utilizó dos veces el término "razia" para describir los supuestos delitos cometidos.

Añadió que "la militarización de la seguridad ciudadana" tuvo como consecuencia que se permitiera "el uso de las armas de fuego en las manifestaciones, lo que también trajo como consecuencia muertes y represión hacia el pueblo de Venezuela". (EFE)