Cristina Kirchner ante la Fiscalía argentina, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

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Los tímidos pasos que hemos dado en el Perú hacia el fin de la impunidad del presidente de la República contrastan con la decisión anunciada ayer por el fiscal argentino que investiga la corrupción practicada durante los dos mandatos presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner, hoy vicepresidenta de Alberto Fernández. El fiscal Diego Luciani ha solicitado para ella doce años de cárcel y la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. Aunque la Justicia argentina acoja los argumentos del fiscal y la condene, Cristina Kirchner podrá hacer valer su fuero actual y podrá volver a postular a un cargo más probable, como el de Senadora. Falta saber cuál será la reacción de la opinión pública a la que el fiscal ha dicho que lo hecho por los Kirchner es el mayor desfalco de la historia de Argentina. Y que ha sido hecho precisamente en nombre del “pueblo”, de “los descamisados” y de “los cabecitas negras”.

En el Perú, durante varias generaciones nos acostumbramos a creer que una persona elegida a la más alta magistratura, no era capaz de incurrir en corrupción. Las constituciones han consagrado esa creencia, garantizando inmunidades y privilegios al presidente, que no puede ser acusado, salvo por cuatro infracciones a sus deberes funcionales. Pero durante las últimas décadas, la mayoría de los presidentes se han visto envueltos en graves casos de corrupción. Y desde el estallido del caso Odebrecht la vida política discurre al ritmo de revelaciones fiscales y argumentos de penalistas. El día de hoy la Justicia abordará el caso de Yenifer Paredes, investigada por su presunta participación en una organización criminal liderada por Pedro Castillo. Mal haría el presidente en seguir evadiendo los reproches tras el discurso populista de los grandes delincuentes que no quieren que un hijo del pueblo gobierne. Ante la codicia y la mentira, todos somos iguales.

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