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Denuncian penalmente a gerente general de minera Panoro por delito contra la fe pública

Foto: Difusi
Foto: Difusi

Acusana a Christian Pilón por supuestamente valerse de instrumentos públicos para dejar sin efecto el contrato de transferencia de la concesión minera Antilla.

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La Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional ofició al Ministerio Público la denuncia penal presentada por la empresa Chancadora Centauro contra el gerente general de la empresa Panoro, Christian Pilón, por delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica, por valerse de instrumentos públicos para tratar de validar un acto ilícito mediante el  cual deja sin efecto, unilateralmente, el contrato de transferencia de la concesión minera Antilla.

Al respecto, el  representante legal de Chancadora Centauro, Oswaldo Sánchez, señaló que esta decisión fue tomada debido a la dolosa acción emprendida por Panoro Apurímac al  desconocer unilateralmente el mencionado contrato suscrito el pasado 8 de abril de este año.

"Lo que alega Panoro para rescindir por sí y ante sí el contrato no tiene el menor sustento, pues Chancadora Centauro solo tiene tres meses operando en el proyecto y sus actividades fueron paralizadas por una resolución de Osinergmin debido a un problema de doble titularidad del área de exploraciones reconocida al momento de la firma del convenio de servidumbre como propiedad de la Comunidad Campesina de Antilla, el cual es reclamada ahora por un tercero", indicó.

"El problema de titularidad es anterior a la suscripción del contrato y por lo tanto Panoro tenía que asumir íntegramente la solución del mismo, lo que se ha negado hacerlo hasta la fecha y solo se ha avocado a exigir el pago por venta de la concesión desconociendo la fuerza mayor originada por la resolución de Osinergmin", dijo.
 
Es decir, Panoro se niega a cumplir sus responsabilidades para el desarrollo normal del proyecto ahora que la familia Dávila, el tercero en disputa de la titularidad del derecho de superficie del área en mención, está reclamando judicialmente 30 millones de dólares como indemnización por daños y perjuicios, agregó Sánchez.

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