La abogada de Keiko Fujimori señaló a RPP que tanto ella como sus defendidos aún no han sido notificados formalmente de la acusación y que quedaban diligencias por realizar. "Es un cierre de investigación muy apresurado", afirmó.
La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, afirmó este jueves que el pedido fiscal de 30 años de prisión contra su patrocinada tiene motivaciones políticas y busca afectar su participación en la campaña electoral a un mes de los comicios generales.
Giuliana Loza remarcó que la motivación del fiscal José Domingo Pérez es "tener un protagonismo en plena campaña electoral".
"Hay algo aquí. Presentar una acusación de esta manera, a un mes de las elecciones presidenciales, no tiene sino el objetivo de tener cierto protagonismo en la campaña", dijo en Las 5 de las 7 por RPP.
La letrada reclamó que tanto ella como sus defendidos aún no han sido notificados formalmente de la acusación, sino únicamente del cierre de la investigación preparatoria.
Además, aseguró que aún quedaban diligencias pendientes por realizar. "Es un cierre de investigación muy apresurado", lamentó.
"Nosotros sabíamos que en cualquier momento podia presentarse la acusación, no porque el caso tenga sustento, no es un caso sólido, pero lo que sí debemos tener en consideración son aspectos puntuales: habían diligencias pendientes todavía por programar", indicó.
Por otro lado, Giulliana Loza consideró que en su caso, la acusación por obstrucción a la justicia "es el costo de defender" a la lideresa de Fuerza Popular.
"Esto es el costo de defender a la señora Keiko Fujimori, es un tema politico... Estoy tranquila con mi consciencia, no he cometido acto indebido y la razón me la dan los actos de investigación que se han desarrollado dentro de la carpeta fiscal y estoy segura de que esto en algún momento se va a tener que archivar porque no hay sustento".
La acusación
El fiscal José Domingo Pérez presentó esta mañana una acusación contra Keiko Fujimori y otras 41 personas, incluidas en el caso conocido como 'cocteles', que investigó presuntos aportes ilícitos en la campaña electoral de 2011.
La acusación se formula por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia, falsa declaración en procedimiento administrativo. El documento fiscal incluye más de 15 mil páginas y fue presentado ante el despacho del juez Víctor Zúñiga Urday.
En el caso de Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Adriana Tarazona las penas solicitadas por el Ministerio Público son de 30 años y 10 meses de prisión, por los delitos antes mencionados, mientras que para otros 33 acusados las penas van desde los seis a los 22 años de cárcel.
La acusación fiscal también incluye un pedido de cárcel para Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori, por 22 años y ocho meses por el presunto delito de lavado de activos, y 6 años y 6 meses para Giulliana Loza, por el presunto delito de obstrucción a la justicia.
José Domingo Pérez también solicitó 19 medidas cautelares contra Keiko Fujimori, entre ellas una orden de impedimento de salida del país por 36 meses, tiempo considerado por la fiscalía para el desarrollo del control de la acusación y el juicio oral.
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