Piura: Contraloría detecta presuntas irregularidades en municipios

La Contraloría General detectó presuntas irregularidades en las municipalidades distritales de La Unión y Castilla, en la región de Piura, las cuales habrían ocasionado un perjuicio económico al Estado por más de 2.4 millones de soles.

Durante las acciones de control realizadas en el municipio de Castilla se detectó que funcionarios ediles habrían generado pérdidas por S/. 1´565,163 durante la ejecución de las obras realizadas para la ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado así como para la construcción de pistas y veredas del distrito.

El caso más importante, debido al perjuicio económico causado, es el presunto favorecimiento a un contratista a quien se pagó en exceso S/. 1´433 mil 380 por partidas no ejecutadas y que no cumplieron con las especificaciones técnicas. Estos hechos se registraron en la ejecución de la obra de “Ampliación y mejoramiento del sistema integral de agua potable y alcantarillado de los asentamientos humanos del sector noreste de Castilla”.

Asimismo se han encontrado una serie de irregularidades vinculadas al proceso de selección y ejecución de la obra “Construcción de pistas y veredas en el programa de habilitación urbana Felipe Cossio del Pomar”, las cuales han dejado pérdidas por más de S/. 131 mil 783.

En el caso de la municipalidad distrital de La unión se detectó que funcionarios ediles habrían generado pérdidas por S/. 851 mil 257 durante la ejecución de la obra de rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado del caso urbano del distrito; al haberse realizado pagos por trabajos no ejecutados.

En tanto, en el municipio de Sullana se detectó una serie de presuntas irregularidades en la obra de mejoramiento del Colector San Miguel en el tramo que va desde la calle Félix Jaramillo hasta la Cámara de Bombeo.

Se encontraron indicios de irregularidades en la elaboración de requerimientos técnicos mínimos, absolución de observaciones y en el otorgamiento de la Buena Pro para la elaboración del expediente técnico de la obra, y se estableció que el proceso de exoneración realizada para la compra de materiales para la ejecución de la obra se habría realizado sin seguir el procedimiento legal, otorgándose la Buena Pro a un proveedor para regularizar las entregas efectuadas previamente.

En ambos casos se limitó la concurrencia de postores y el acceso a mejores propuestas. En el caso de la EPS, las acciones de control señalan que esta empresa pública habría favorecido a la contratista durante ejecución de la obra.

“Mejoramiento y rehabilitación del colector principal de la av. Félix Jaramillo”, ocasionando retrasos en la culminación de la obra, riesgo de realización de mayores pagos, no recupero de los saldos del adelanto directo y adelanto de materiales indebidamente.

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