Seis candidatos ante los electores [COLUMNA]

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El primero de los debates presidenciales que se realizó anoche tuvo al menos tres méritos: 1) Reafirmó la autoridad del Jurado Nacional de Elecciones, que supo renovar el formato y adaptarlo a la presencia simultanea de seis candidatos. 2) Permitió que se diera ejemplo de respeto a las formas democráticas y al lenguaje no insultante. Los moderadores solo intervinieron una vez para recordar que el Pacto Etico Electoral proscribe los agravios y los ataques personales. 3) Incrementó el interés en la campaña y sus protagonistas, como evidencian su amplia difusión en medios y el masivo intercambio registrado en las redes sociales. Entre los aspectos negativos se puede destacar el silencio sobre la recuperación económica, que ni siquiera figuraba en la agenda de cinco puntos. Cuando los planes y las propuestas no se integran a una visión económica cuantificada, corren el riesgo de dar lugar a un festival de promesas sin garantías de cumplimiento. Ninguna de las intervenciones permanecerá en la historia de la oratoria política, entre otras razones, porque no hubo expresiones de ironía y sutileza crítica, que suelen quedar en la memoria mucho más que la diatriba y las acusaciones. Por otra parte, costaría trabajo hallar ideas nuevas sobre la la pandemia, la educación, la corrupción o la seguridad ciudadana, que eran los temas del debate. Esta noche y mañana observaremos el segundo y el tercer debate, antes de entrar a un período de Semana Santa y confinamiento.

Los candidatos harían bien en leer con atención el artículo sobre la corrupción que ha publicado en El Comercio el contralor general de la República. Bajo el título de Impunes, Nelson Shack sostiene sin miramientos: “La corrupción se nutre de la ineficacia estatal. Y en un estado ineficiente, la corrupción indefectiblemente crece. Todos sabemos que muchas veces un trámite que demora demasiado termina en una coima”. Lo grave es que los corruptos puedan seguir contando con la sensación de que no serán castigados. Los datos que aporta Shack son contundentes: menos de 5% de los funcionarios señalados en informes de la Contraloría fueron condenados. Y en lo que respecta a demandas económicas, solo se pudo recuperar menos de 1% del monto involucrado en procesos judiciales por perjuicio al Estado. ¡Menos de 1%! Shack recuerda que “llevamos más de un año esperando que el Congreso apruebe algo tan sencillo como una ley con la lista de conductas sancionables, conforme recomendó el Tribunal Constitucional”. La demora del Congreso es tanto más injustificable que todos los partidos juran que lucharán contra la corrupción. Y que todos sabemos que “sin sanción eficaz no hay resultados en la lucha contra la corrupción”.

El director del consultorio jurídico de la Universidad del Pacífico Andrés Calderón sostiene en El Comercio que Rafael López Aliaga “es quizás el peor candidato que tenemos pero no el peor que podríamos tener”. Y argumenta diciendo que “amenaza la libertad de prensa cada vez que insulta a los periodistas que lo confrontan con preguntas difíciles o pretende intimidarlos con querellas judiciales, como ha sido el modus vivendi de quien acumulaba más de 170 litigios solo hasta el 2011”. Pese a todo, Calderón alerta sobre la eventual llegada de peores males, que podrían encarnarse en “un candidato con la misma agenda antiderechos, antimercado, antiprensa, en fin, antidemocracia, pero menos grotesco o con mejores habilidades para el engaño”. La historia de nuestra débil democracia nos enseña que debemos informarnos y reflexionar antes de elegir a quienes puedan abusar del poder que les confiamos. Es cierto que la pandemia, el empobrecimiento y la sucesión de casos de corrupción inspiran un voto de cólera que favorece a los extremos. Pero las soluciones no se hallan en los extremos. Se hallan en los consensos.

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