Testimonios: Cuando los vecinos salen a defender sus espacios públicos

Desde mediados del siglo pasado la ciudad de Lima ha tenido una metamorfosis acelerada donde la expansión urbana comenzó a afectar sus espacios públicos naturales. Esta expansión, el desarrollo urbanístico y el crecimiento económico trajeron modernidad y fueron cambiándole el rostro a la ciudad, pero al mismo tiempo produjeron mutaciones importantes en sus espacios públicos.

“Un espacio público es el lugar donde nos encontramos con gente que piensa distinto a nosotros o usa el espacio de manera distinta. Es uno de los fundamentos de la democracia, es el ágora donde se discurre en libertad y donde se puede hacer de todo, pero respetando el derecho de los demás”, explica Jean Pierre Crousse, arquitecto docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Los casi siete años de docencia en la Escuela de Arquitectura Paris-Belleville en Francia le permiten analizar que en el país hay un malentendido sobre lo que es espacio público y que, con el tiempo, la tendencia de privatizar todo dejó de lado a los ciudadanos. Además, considera que el gran problema de los espacios públicos en el Perú está en que la autoridad piensa de otra manera sobre lo que representan y cómo influyen en la convivencia ciudadana.

A continuación, cuatro casos emblemáticos de defensa de espacios públicos por parte de los vecinos que alzaron la voz y que, respaldados incluso por instancias como el Tribunal Constitucional, hicieron retroceder a las municipalidades de utilizar estos espacios para otros fines.

Parque Manhattan, en Comas

El caso del Parque Manhattan de San Felipe en Comas es considerado un triunfo vecinal por las personas que se organizaron en su defensa, que desde hace 40 años se utiliza para el desarrollo de actividades de ocio, recreación o deporte de la urbanización.

Nadia Carolina Cruz Estrella es una madre de familia que los mejores años de su vida los compartió con niños de su edad en esta urbanización. Los gratos recuerdos de ese mundo feliz la invaden cada vez que, junto a los vecinos, dedica su tiempo para el cuidado de dicho parque.

“Es nuestro parque, donde crecimos y donde ahora juegan nuestros niños y que un alcalde sin mayor consideración y respeto por lo que no es suyo pretendió destruir queriendo ceder 7.667 metros cuadrados”, sostiene.

En el año 2016 los vecinos de San Felipe se enteraron de que la Municipalidad de Comas cedería parte del parque para la construcción de un Centro Comercial, otorgándole al consorcio privado derechos de superficie por 40 años. “Los vecinos y vecinas organizados pedimos que se respete el espacio cívico, deportivo, de recreación y las áreas verdes y le pedimos al alcalde que nos informara sobre el proyecto de Centro Comercial”, señala Nadia.

El alcalde defendía su decisión argumentando que no tenía fondos suficientes para el desarrollo urbanístico. “Decía que el parque y las áreas deportivas se encontraban en mal estado y que el proyecto permitiría generar ingresos y darle al parque un estado de calidad. Los vecinos sabíamos que él no prestaba los servicios municipales y no dejaba que nos hiciéramos cargo”, refiere.

Y así comenzó la odisea. Los vecinos organizados tocaron puertas, hicieron plantones, presentaron demandas ante el Poder Judicial y fueron al Congreso de la República. En el 2018 la Municipalidad dio marcha atrás luego de que la Contraloría informara que no podía otorgar en uso y declarar de interés social un inmueble que no es de su propiedad. 

Alameda Los Incas, en Independencia

Samuel Yáñez es un ciudadano que vive en la urbanización Tahuantinsuyo, en el distrito de Independencia. Hace 5 años es miembro de la Asociación de Propietarios y, junto a varios vecinos, lideró la defensa de la Alameda Los Incas.

“El alcalde de ese entonces aceptó la iniciativa privada de aproximadamente US$ 27.5 millones para la construcción de torres de vivienda con áreas comerciales en los primeros pisos sobre el área más amplia de las alamedas”, comenta.

Ante ello, los vecinos decidieron defender la Alameda, que incluso también había sido destinada como espacio de evacuación sísmica. “El alcalde pretendía destruir el espacio donde nuestras familias disfrutan para diversas actividades. Decidimos defender lo que nos pertenece. La fuerza de la protesta y del reclamo radica en la unión del vecindario que siempre busca participar en las actividades municipales”, revela.

La movilización ciudadana ejecutó plantones, marchando por las avenidas y buscando apoyo de las autoridades, quienes en todo momento les dieron la razón. La Alameda tiene loza de fútbol, juegos infantiles y lugares de recreación.

“Hemos demostrado que la vecindad organizada hace que la autoridad municipal no decida como quiera. Los municipios son encargados de administrar, pero no pueden cambiar los usos de los espacios públicos para los que fueron destinados”, enfatiza Samuel.

Tanta fue la fuerza de la protesta que el Concejo Municipal desestimó la iniciativa privada. Los vecinos de Tahuantinsuyo hicieron respetar el carácter de área verde intangible, inalienable e imprescriptible de La Alameda Los Incas.

Parque Monteverde, en San Juan de Lurigancho

Desde hace cuatro años “Salvemos Monteverde” es la consigna de los vecinos del Pueblo Joven Montenegro en San Juan de Lurigancho ante la pretensión municipal de construir un hospital en el lugar, pues consideraba que el Parque y complejo deportivo Monteverde se encontraba en mal estado y parecía un terreno descampado.

Maribel Quispe es una joven residente del distrito que lidera la defensa de los espacios públicos de su ciudad y que decidió salvar el parque. “Aquella vez estuvimos a punto de perder nuestro parque. Como distrito ya hay un lugar destinado para la construcción de un hospital de mejor nivel que hoy está ocupado por el comercio informal. Ese es el lugar del hospital y no en el parque Monteverde de Montenegro”, comenta.

San Juan de Lurigancho cuenta con más de un millón de habitantes y en el 2018 sólo contaba con 1.59 m² de área verde por persona según el Ministerio del Ambiente, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda tener 9 m² de áreas verdes por habitante.

“El parque Monteverde es una de las áreas verdes más importantes del distrito según el Ministerio del Ambiente y debemos defenderlo ante la imprudencia de cualquier autoridad que lo afecte”, comenta Maribel. “Fue la organización de la ciudadanía que levantó su voz, en especial a través de su participación en las mesas de diálogo en la PCM. Así se logró que se conserve el terreno de Monteverde como espacio ambiental, deportivo y recreativo”, agrega.

Hace algunos meses en plena pandemia la municipalidad del distrito comenzó a lotizar el parque Monteverde y una vez más la vecindad organizada salió al frente para defender su espacio público. “En mayo, en plena pandemia, los vecinos denunciamos que se había lotizado Monteverde para un mercado de comerciantes informales. Y volvimos a salir a las calles para hacer respetar el uso adecuado de este espacio público”, recuerda Maribel.

Parque Castilla, en Lince

La defensa de los espacios públicos tiene en el parque Castilla un caso emblemático por lo que representa la respuesta de ciudadanos que aman sus áreas vedes, las disfrutan intensamente y las comparten en comunidad.

Luis Enrique Perez Pinto es un vecino de Lince que, a sus 32 años, lidera un movimiento vecinal desde hace cuatro años, y puso en jaque a la autoridad municipal por impedir a los jóvenes su uso como espacio público.

El parque Ramón Castilla fue inaugurado 1953 como parte de una hacienda, que luego cedió un porcentaje de su espacio al Estado para la creación de un parque del cual disfruta ahora toda la comunidad. Por años era una costumbre ver a los jóvenes danzar, caminar, hacer ejercicios, haciendo del lugar un punto de encuentro de participación ciudadana.

Pero un día llegó lo inesperado. La municipalidad del distrito dio una ordenanza prohibiendo la recreación activa y las reuniones en el Parque Mariscal Ramón Castilla. “Todo cambió, los niños y jóvenes no podían ingresar al parque y se utilizaba la fuerza del serenazgo para el desalojo”, recuerda Enrique.

El vecindario empezó a reaccionar porque se daba cuenta que había perdido su espacio público. “Cada vez fue más violento el desalojo y por la respuesta que teníamos nos tildaron de agresivos y ‘rojos’ violentos. Fueron días muy complicados”, refiere.

La municipalidad justificó la medida argumentando que buscaba defender el parque como reserva ambiental. La esperanza era el Tribunal Constitucional y Enrique y algunos vecinos tuvieron que viajar hasta la ciudad de Arequipa para sustentar su posición. “No teníamos dinero para financiar el viaje así que recurrimos a la colaboración de todos y así logramos viajar tres personas con todo pagado”, señala.

El Tribunal Constitucional declaró que era inconstitucional prohibir el derecho a la reunión e impedir el derecho a la manifestación. Y ratificó que en el área verde se puede jugar, reunirse y disfrutar del espacio público.

La poca valoración que las autoridades le dan a estos espacios es una de las razones del por qué nunca hubo una ley sobre espacios públicos o una entidad que lo defienda. El marco legal que legisla sobre espacios públicos se realiza a través de la ley de bienes públicos, que es propiedad del estado, a través de normativas de las municipalidades, del gobierno regional o del código tributario.

En medio de esa maraña legal, en los últimos 20 años las permanentes decisiones municipales de privatizar espacios públicos han motivado la reacción organizada de ciudadanos adultos y jóvenes comprometidos con el medio ambiente que exigen vivir en una mejor ciudad. Organizándose, los vecinos han podido evitar que cualquier autoridad municipal recorte espacios donde los niños y niñas, los jóvenes y las personas mayores disfrutan de su derecho a convivir libremente en sociedad.