El Poder Judicial reprogramó para el 15 de diciembre, audiencia de juicio oral contra Humberto Acuña, por presuntos datos falsos en su hoja de vida.
Por cuarta vez, el Poder Judicial reprogramó la audiencia de juicio oral contra el gobernador de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, quien es acusado del delito de falsa declaración en su hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones.
El aplazamiento del juicio se debió a que el recurso de casación que interpuso la defensa de Acuña ante la Corte Suprema - con el fin de que el caso sea archivado-, aún no ha sido resuelto y por ello, el juez Renato Gamarra del Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo, decidió reprogramar esta audiencia para el próximo 15 de diciembre hasta esperar la resolución de dicha sala superior.
Reprogramaciones. Como se recuerda, la primera vez que fue citado el gobernador fue en setiembre del 2016; sin embargo, no se realizó debido a la ausencia del fiscal a cargo del caso y de la misma autoridad, quien pidió cambio de fecha pues se encontraba en Lima en una reunión con el presidente Pedro Pablo Kuczynski.
La segunda audiencia fue el 23 de noviembre del 2016 y quedó frustrada por la huelga que acataban en ese entonces trabajadores del Poder Judicial. Luego se reprogramó para el 03 de mayo del 2017, pero también se postergó por ausencia del personero legal de Alianza Para el Progreso, Miguel Silva, quien también es procesado por este caso así como del abogado de Humberto Acuña, César Nakasaki, quien presentó disculpa por no estar presente en la audiencia por tener otras diligencias.
Ante ello, el juez Gamarra pasó la audiencia para el 18 de agosto del año en curso, la cual quedó nuevamente frustrada por el recurso que interpuso la defensa ante la Corte Suprema.
Por este caso, la Fiscalía pide 3 años de cárcel para Humberto Acuña, a quien sindica de haber consignado en su hoja de vida una maestría que nunca estudió, ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el año 2010. Ante la acusación, la defensa del imputado sostiene no se trata de un delito sino de un error administrativo por parte del personero legal de Alianza Para el Progreso.
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