El Ministerio Público formuló acusación contra exmandos militares por irregularidades en la ejecución del contrato de asistencia en materia de seguridad y entrenamiento con la empresa israelí Global CST.
El Ministerio Público formuló acusación penal contra exmandos militares por irregularidades detectadas en la ejecución del contrato de asistencia técnica en materia de seguridad y entrenamiento con la empresa israelí Global CST en el segundo gobierno aprista, informó el contralor Fuad Khoury, quien dijo que se dio así un gran paso contra la corrupción.
La denuncia de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción alcanza a un exjefe del Comando Conjunto, como autor de negociación incompatible y falsa declaración en procedimiento administrativo.
De igual forma a un exjefe del Estado Mayor, por negociación incompatible y falsedad ideológica; y a un exjefe de la Segunda División de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto, como cómplice del delito de negociación incompatible.
Asimismo, está comprendido un exjefe de la Sexta División de Estado Mayor Conjunto por cómplice de negociación incompatible, y un exjefe de la oficina de Administración por cómplice de negociación incompatible y falsedad ideológica.
Al recordar que la negociación incompatible tiene una pena privativa libertad de cuatro a seis años o siete y medio si tiene agravantes, Khoury precisó que la acusación fiscal tiene como origen y sustento una auditoría llevada a cabo por la Contraloría, cuyos resultados fueron comunicados al país en febrero del año 2013.
Los indicios identificados por dicha institución y ratificados por la Fiscalía contemplan que la ejecución del servicio se dio de manera irregular y que los pagos se realizaron sin las conformidades de servicio, refirió.
Además, dijo, el extitular del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas inscribió a Global CST en el Registro Nacional de Proveedores, a pesar que tenía representantes legales en Perú.
Advirtió también que el contrato establecía los pagos a la empresa en función del tiempo transcurrido sin condiciones o plazos que permitan la verificación del cumplimiento de la prestación de los servicios para efectuar el pago.
Igualmente dijo que el contrato fue suscrito a pesar de no contar con la carta fianza de fiel cumplimiento y sin que la empresa estuviera inscrita en el Registro Nacional de Proveedores.
"Se fraguaron diversos documentos del expediente de contratación con posterioridad a la ejecución del contrato para simular su existencia, entre otros indicios que se precisan en la acusación", añadió el contralor.
A su juicio, la acusación fiscal se sustenta en elementos de convicción que denotarían que la firma del contrato se realizó de una forma totalmente arbitraria e ilegal, en la cual se habría favorecido indebidamente a Global CST.
Khoury estimó que esto le habría costado al Perú más de 45 millones de nuevos soles, monto con los que, lamentó, se pudieron haber construido escuelas, postas médicas, tambos para enfrentar el frío o el fenómeno El Niño.
"(La acusación) es una buena noticia para el país, para los ciudadanos que queremos desterrar la corrupción, porque los malos funcionarios o servidores que defraudan la confianza son sometidos a juicios ejemplares para que, con respeto al debido proceso, afronten las consecuencias de sus actos", afirmó.
"Nadie está por encima de la ley, sin importar rango o jerarquía si comete un delito la Contraloría lo identificará, lo denunciará, lo hará juzgar y finalmente será condenado, la lucha contra la corrupción proseguirá caiga quien caiga", añadió.
Andina
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