El abogado Juan Carlos Portugal tildó de “decisión ridícula” la recomendación del informe de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de evaluar una posible destitución de la presidenta Dina Boluarte.
Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, criticó duramente el informe final sobre el caso Cofre, en el que se evalúa un presunto uso indebido del vehículo oficial por parte de la mandataria para encubrir la fuga del prófugo de la justicia y líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón.
“Este informe claramente tiene un vicio patológico del debido proceso”, afirmó durante una entrevista en el programa Prueba de fuego, de RPP TV.
Portugal Sánchez mostró su rechazo a una de las recomendaciones del documento —aprobado por la Comisión de Fiscalización y Contraloría con nueve votos a favor, tres en contra y una abstención—, que sugiere evaluar si resulta jurídicamente procedente y políticamente legítima la declaración de destitución de la mandataria Dina Boluarte por incapacidad moral permanente.
“Ya nuestra Corte Interamericana [de Derechos Humanos] ha resuelto que el debido proceso administrativo que afecte derechos de orden fundamental y constitucional, como la decisión de vacar a la presidenta, debe situarse necesariamente dentro de un ámbito de mínimas garantías”, explicó.
"Es una decisión contraria a las mínimas garantías"
La defensa legal señaló que el titular de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Juan Burgos Oliveros, “no ha citado nunca” a Boluarte Zegarra ni a las personas que “habrían acompañado” a la mandataria al distrito de Asia, provincia de Cañete (región Ica), en febrero de 2024, donde se realizaban operativos policiales de control de identidad personal y vehicular con el objetivo de ubicar y capturar a Vladimir Cerrón.
“No ha citado absolutamente a ningún testigo, cosa que sí hizo el Ministerio Público, a su manera, durante la investigación por el presunto encubrimiento personal que se le siguió a la presidenta”, señaló.
Bajo esas circunstancias, Juan Carlos Portugal calificó de “decisión ridícula” la recomendación del grupo de trabajo, al considerar que la investigación se inició y concluyó “sin ningún tipo de evidencia”.
“Es una decisión contraria a las mínimas garantías que, en sede parlamentaria, exige un debido proceso”, enfatizó.
El informe de la Comisión de Fiscalización y Contraloría concluye que Dina Boluarte habría cometido cuatro delitos vinculados con la fuga de Vladimir Cerrón: peculado de uso, abuso de autoridad, omisión de deberes funcionales y encubrimiento personal.
De acuerdo con Juan Burgos, el texto no deberá ser aprobado por el pleno del Congreso, ya que no fue elaborado por una comisión investigadora, por lo que será remitido al Ministerio Público. "A nosotros nos solicitó Fiscalía todo lo avanzado. Son, aproximadamente, 2 336 folios", indicó.
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