En diálogo con RPP Noticias, el laboralista Javier Mujica Petit remarcó que hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de los cesantes.
El abogado laboralista Javier Mujica Petit exhortó al Estado peruano cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de los jubilados y cesantes de la Contraloría General de la República.
“Hace dos años la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó la restitución de los derechos de estos pensionistas, pero esta decisión proviene del incumplimiento por parte del Estado peruano de sentencias que datan de 1993 y del año 2001”, dijo a RPP Noticias.
“Hablamos de sentencias pendientes de cumplimiento de hace más de 18 años. (...) Se trata de un órgano de control de la legalidad. O sea, si la Contraloría incumple las sentencias judiciales, todos los demás órganos del Estado reciben esa señal”, añadió.
La sentencia de la CIDH ordena al Estado peruano pagar el reintegro por concepto de devengados a los 273 miembros de la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Contraloría General. Según el diario La República, este monto ascendería a 257 millones de soles.
“La principal dificultad es que el Ministerio de Economía y Finanzas, desde hace 18 años, se niega a consignar los recursos presupuestarios para atender la decisión de las sentencias”, señaló Mujica Petit.
“Es decir, que no hay seguridad jurídica, no se respetan los pilares del estado de derecho y eso significa que hay una total discrecionalidad”, añadió el laboralista.
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