Viudas y padres de víctimas deben tener entre 65 y 80 años para cobrar indemnizaciones económicas del Estado, según dispone decreto supremo, vigente desde junio del 2011.
Unas 3.200 personas que figuran en las listas de beneficiarios de indemnizaciones del Estado a familiares de muertos y desaparecidos por el terrorismo, murieron sin cobrar las reparaciones económicas hasta junio pasado, reveló una investigación periodística.
Según informó la Unidad de Investigación de El Comercio, el cruce de la base de datos de beneficiarios y las defunciones reportadas a la Reniec reveló la cifra de fallecidos, que representa el 5% de los 69.132 inscritos para acceder a la compensación monetaria del Estado.
El principal obstáculo para que los beneficiarios accedan a la reparación es el Decreto Supremo 051-PCM (Presidencia del Consejo de Ministros), aprobado el 18 de junio del 2011, señala el diario.
Dicho dispositivo impone requisitos excluyentes para que pueda cobrar. Refiere que los cónyuges de la víctima (muerta o desaparecida) deben tener 65 años o más para recibir el pago; y los padres, 80 años o más.
El diario precisa que el actual jefe del Gabinete, Juan Jiménez Mayor, se comprometió a modificar el decreto en marzo pasado, cuando aún estaba al frente del Ministerio de Justicia, pero aún no hay cambios.
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