Reforma Judicial y Pleno Ético [COLUMNA]

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Pese a la crisis política y las divisiones que cada día constatamos al interior de la Fiscalía y del Poder Judicial, persiste en muchos magistrados el espíritu de la reforma y la voluntad de hacer su trabajo con profesionalismo e independencia. Prueba de ello es la detención en Huancayo del suspendido gobernador regional Vladimir Cerrón, condenado por actos de corrupción cometidos durante su primer mandato entre el 2011 y 2014. La Justicia ha establecido que Cerrón fue capaz de realizar pagos ilegales en un proyecto que debía ofrecer acceso al agua y al desagüe a una de las poblaciones más afectadas por la contaminación: la de La Oroya. Destaquemos que Cerrón, un médico neurocirujano de 48 años, es admirador del régimen de Venezuela y activista xenofóbico contra la presencia de venezolanos en su región. Cuenta sin embargo con un partido político propio, Perú Libertario, por lo que ha venido siendo cortejado por políticos sin partido, entre ellos Verónica Mendoza de Nuevo Perú.

El mismo día de ayer, el juez supremo Hugo Núñez Julca ha abierto proceso penal sumario con comparecencia simple contra el ex Fiscal de la Nación Pedro Chávarry, a quien se reprocha encubrimiento real. Chávarry, desde luego, se ha presentado como una víctima de la Justicia y como un héroe de la lucha contra Odebrecht y otras empresas que según él han funcionado como organizaciones criminales. “No me arrepiento de nada de lo que he hecho”, afirmó.

Junta Nacional de Justicia

Mientras tanto, la Comisión Especial para la creación de la Junta Nacional de Justicia, anuncia que el próximo lunes informará el calendario y la modalidad del nuevo examen. El equipo liderado por el Defensor del Pueblo ha sacado las conclusiones de los errores cometidos en el primer examen y se propone hacer lo posible para que nuestro país disponga antes de fin de año de una Junta que pueda evaluar, sancionar y nombrar jueces y fiscales. El economista Elmer Cuba, que dista de ser un admirador del Ejecutivo, sostiene en El Comercio que “el gobierno saliente ha acertado en hacer suyos tres objetivos: la reforma del sistema judicial, la del sistema político y las mejoras en la competitividad de las empresas”. Cuba afirma que pese a “un comienzo lento y accidentado, todavía es posible enderezar la ruta y apurar el paso”. El funcionamiento de una justicia independiente y sin demoras es necesaria para restablecer la confianza de los ciudadanos y la seguridad jurídica, base de una política favorable a la inversión.

Propuesta de diálogo desde el Congreso

Respecto de la relevancia de la justicia y la lucha contra la impunidad, vale la pena destacar la nueva declaración del presidente del Congreso, que quiso aclarar el sentido de su “Pronunciamiento”, en particular la discutida última frase: “No tenga miedo de gobernar”. Pedro Olaechea pidió a Vizcarra que no dudara de las buenas intenciones del Congreso y le propuso un “diálogo franco, directo y sin intermediarios para trabajar en una agenda común. Nos corresponde estar a la altura de las expectativas de la población”, sentenció. Como señal de la nueva imagen que quiere transmitir del Congreso, Olaechea anunció que el próximo 3 de septiembre se realizará un Pleno Ético, dedicado a los casos de congresistas con denuncias por infracciones, delitos o faltas éticas. Olaechea aseguró que el congreso no blindará a nadie y afirmó que “la inmunidad no es ni será impunidad”. Entre los casos pendientes figuran los de Roberto Vieira, Moisés Mamani, Daniel Salaverry y Yesenia Ponce.

Esperemos que el comportamiento de funcionarios y magistrados tome en cuenta la advertencia que hace más de cincuenta años formulara el juez Domingo García Rada: “El verdadero derecho de un país no está en sus leyes sino en los hombres que las aplican”.

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