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El juicio por los "narcoindultos" otorgados en el gobierno anterior comprende solo a una parte de los funcionarios presuntamente implicados, sostuvo el procurador anticorrupción, Joel Segura, quien consideró que "el caso no está cerrado" para nadie.

"Este caso coge una porción de las actividades de ciertos funcionarios, los otros niveles no le corresponden investigar a la fiscalía supraprovincial a cargo del caso, debido a las prerrogativas que esos niveles tendrían", declaró a la Agencia Andina.

A la fecha, dijo, el grupo procesado va desde los mandos mínimos hasta los medios, pero nada se encuentra cerrado, pues "el juicio puede abrir nuevas luces" y permitir encontrar cosas importantes.

"La experiencia dice, en un montón de casos de corrupción, que en los juicios se han dado más luces, y sobre esa base uno puede pedir actos de investigación para los que resultaran implicados", afirmó el abogado del Estado.

Según recordó, en el gobierno anterior el procedimiento de entrega de conmutaciones de pena e indultos concluía con la firma del expresidente Alan García.

Segura señaló que, bajo esa premisa, la Procuraduría solicitó en más de una oportunidad a la Fiscalía de la Nación abrir investigación al exmandatario, pero su entonces titular, José Peláez, negó los pedidos aduciendo que el tema era visto también en el Congreso.

"No obstante esto no está cerrado, todo dependerá de las evidencias y datos que puedan surgir en el juicio. Lo claro aquí es que no hay persecución política ni animadversión contra nadie, la idea es encontrar la verdad", afirmó.

El juicio por el caso “narcoindultos” empezó el 22 de julio y tiene entre sus acusados al extitular de la Comisión de Gracias Presidenciales, Miguel Facundo Chinguel; Noelia Gómez, secretaria técnica y servidores de dicha comisión; Manuel Carrera Toribio, Dámaso Luyo Vicente, Freddy Vilela Mijahuanca, Fabiola Ojeda Julca y Jaime Acevedo Saavedra.

De igual forma, el exfuncionario José Marruffo Acosta, los exdelegados del penal de Lurigancho Carlos Butrón dos Santos, Henry Cutipa Paricahua y Rafael Agurto Chiguán; así como Bernardina Niquén Giraldo.

El Ministerio Público solicitó 17 años de prisión por los presuntos delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo propio contra Chinguel, al argumentar que la comisión vendió su facultad a sentenciados por narcotráfico y afectó la lucha de la justicia contra este delito.

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