El juez supremo Juan Carlos Checkley dispuso que las empresas operadoras del servicio de telecomunicaciones remitan al despacho fiscal en un plazo de 48 horas, los números de los teléfonos celulares a nombre de las investigadas, así como el registro histórico de sus llamadas, mensajes de texto, WhatsApp, entre otros.
El Poder Judicial autorizó levantar el secreto de las comunicaciones de la legisladora Rosio Torres, investigada por un presunto recorte de salarios a trabajadores de su despacho congresal
El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró fundado el requerimiento que hizo el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, el 15 de octubre del 2024, para que se ejecute esta medida respecto a dicha legisladora y a Nathalie Flor Rubio Yllatopa, implicada en este caso.
Mediante una resolución emitida el último 3 de enero, el magistrado dispuso que las empresas operadoras del servicio de telecomunicaciones informen al citado despacho fiscal, en un plazo de 48 horas, los números de los teléfonos celulares registrados a nombre de las investigadas y el correspondiente registro histórico de llamadas entrantes y salientes, así como de mensajes de texto, WhatsApp, y de voces entrantes y salientes, con la identificación de los números celulares con los que se comunicaron y la dirección o lugar donde se encontraban físicamente los celulares al momento de producirse las llamadas respecto al periodo comprendido del 2 al 10 de abril del 2022
El juez supremo Checkley Soria también dispuso que las empresas operadoras del servicio de telecomunicaciones remitan al citado despacho fiscal en un plazo de 48 horas el registro en tiempo histórico de llamadas, mensajes de texto, WhatsApp y de voces entrantes y salientes de dos teléfonos celulares vinculados a las investigadas respecto al periodo antes mencionado.
El magistrado dispuso que, una vez ejecutada la presente medida restrictiva de derechos por el Ministerio Público, deberá dar cuenta a su despacho sobre el resultado para el control respectivo.
El juez supremo Juan Carlos Checkley determinó que la medida dictada es idónea, necesaria, proporcional e imprescindible porque de otra manera no será posible obtener elementos de pruebas suficientes, inmediatos y urgentes que revelen datos objetivos relacionados las posibles comunicaciones sostenidas entre las investigadas y quienes estarían vinculados a los hechos investigados, así como de los teléfonos celulares o móviles que fueron utilizados por dichas personas durante el período del 2 al 10 de abril de 2022.
“Realizado el análisis sobre la necesidad de la medida se advierte que, para esta investigación en concreto, atendiendo a las circunstancias como habrían ocurrido los hechos, no existe otra medida de igual eficacia con la cual obtener información respecto a las comunicaciones telefónicas en torno a los hechos investigados” precisa el magistrado.
Investigación
El pasado primero de marzo, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra la legisladora Rosio Torres por el presunto delito de concusión por cobros presuntamente indebidos a personal de su despacho congresal.
Según un informe periodístico del dominical Punto Final, Rosio Torres habría obligado a sus trabajadores a realizar depósitos de parte de sus sueldos en una cuenta de su sobrino Juan Pérez Guerra.
En el reportaje se expuso el caso de Cecilia Salazar Mattos, quien ejerció como asesora de Torres desde julio del 2021 hasta agosto del 2022, periodo en el que transfirió un monto superior a 24 mil soles.
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