Susana Villarán | ¿Por qué la Fiscalía pide prisión preventiva contra la exalcaldesa de Lima?

El fiscal Carlos Puma Quispe, miembro del equipo especial Lava Jato, solicitó 36 meses de prisión preventiva contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán luego de que su investigación revelara que los aportes de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS alcanzaron no solo a las campaña del No a la Revocatoria (2013), sino también al de su reelección (2014).

Este sábado la exalcaldesa de Lima admitió que sabía desde siempre de los aportes para la campaña 'No a la revocatoria' de las empresas brasileñas mencionadas; sin embargo, dijo que no sabía de la participación de ellas en su campaña a la reelección.  

Los aportes en campañas

El pedido fiscal también alcanza de José Miguel Castro y Gabriel Prado, funcionarios durante la gestión de Susana Villarán, y otros tres imputados por presuntamente haber recibido US$10 millones de Odebrecht y OAS para las campañas contra la revocación (2013) y por la reelección (2014) de la exalcaldesa.

La Fiscalía sostiene que entre fines del 2012 e inicios del 2013 Susana Villarán, a través de José Miguel Castro, solicitó US$3 millones a Odebrecht, versión que coincide con lo que declaró Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú, a los fiscales peruanos en abril, según fuentes de RPP Noticias. El Comercio agrega que para esta campaña la empresa OAS entregó otros 3 millones de dólares.

Después de recibir aportes económicos para la campaña contra la revocación, la alcaldesa se comunicó con dos exfuncionarios de alto nivel de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para agradecerles su apoyo, de acuerdo con las versiones de Jorge Barata y de Léo Pinheiro, expresidente de OAS, citadas ambas por el diario El Comercio. Según el mismo medio, OAS también entregó 4 millones de dólares para su campaña de reelección.

La modalidad: contratos ficticios

Un colaborador eficaz reveló ante la Fiscalía que a inicios del 2013 Villarán se reunió en la Municipalidad de Lima con el exdirectivo de OAS Valfredo de Asis para decirle que el proceso de revocación era "muy duro y que un cambio en la gestión municipal iba a ser muy perjudicial para el desarrollo del proyecto (Línea Amarilla)".

José Miguel Castro fue el encargado de decirle que la campaña para evitar la revocatoria costaría US$8 millones y que este monto sería repartido entre las empresas con concesiones en la municipalidad. De esta manera, a OAS le correspondía pagar US$3 millones.

Villarán repitió esta misma modalidad para recibir fondos ilícitos para su campaña de reelección en el 2014. Según colaboradores eficaces, José Miguel Castro le solicitó a Léo Pinheiro (OAS) US$4 millones "por el tamaño del proyecto (Vía Parque Rímac)" que tenían en desarrollo.

Los pagos en campañas: publicidad y artistas

Entre fines del 2012 e inicios del 2013, Susana Villarán, a través de José Miguel Castro, solicitó US$3 millones a Odebrecht y la misma cantidad a OAS para su campaña contra la revocatoria, según la Fiscalía. Este dinero fue empleado para pagar a los asesores Luis Favre (medio millón de dólares) y su colega brasileño Valdemir Garreta.

El dinero fue entregado por Odebrecht en cinco cuotas de US$400 mil cada una, entre mayo del 2014 y mayo del 2015, y por OAS en cuatro entregas de 500 mil reales entre junio y agosto del 2013. Según El Comercio, esta información está respaldada en las declaraciones de Barata, el cruce de llamadas entre Castro y los funcionarios de Odebrecht, así como el testimonio de Garreta y declaraciones de colaboradores eficaces.

Asimismo, según el documento fiscal revelado por Panorama, con este dinero se contraró publicidad en medios y paneles publicitarios por más de 5 millones de soles un total de S/5’460.246,33, además de los pagos a los artistas Magaly Solier, Julio Andrade y Christian Thorsen, quienes fueron contratados por S/7 mil cada uno en el 2013. Sobre este punto el fiscal advierte "una forma de contraprestación" por la participación en esta campaña.

¿Quiénes fueron José Miguel Castro y Gabriel Prado?

José Miguel Castro, exgerente municipal y Gabriel Prado, exgerente de Seguridad Ciudadana, son personajes claves en este caso. La Fiscalía también pidió la prisión preventiva para ambos funcionarios de la gestión de Susana Villarán y otros tres imputados por presuntamente haber recibido US$10 millones de Odebrecht y OAS para las campañas contra la revocación (2013) y por la reelección (2014) de la exalcaldesa.

De acuerdo la Fiscalía, citada por informes periodísticos, días después de que se iniciara el proceso para conseguir la revocatoria de Villarán, en enero del 2012, la entonces alcaldesa realizó nombramientos claves en la Municipalidad de Lima: José Miguel Castro como gerente municipal y Domingo Arzubialde como gerente de Promoción de la Inversión Privada. Ambos, según la Fiscalía, tenían el encargo de hacer que Villarán se mantuviera en el cargo.

"(…) Habría orquestado su idea de pedir dinero para su campaña por la no revocatoria y posteriormente para su reelección a las empresas brasileñas que tenían intereses en la Municipalidad de Lima, a cambio de beneficios para aquellas obras", señala parte del pedido fiscal revelado por el diario El Comercio.

Según Jorge Barata, Odebrecht entregó US$2 millones al publicista Valdemir Garreta, en Brasil, para gastos de la campaña. En su manifestación reveló que para la entrega del millón restante Castro tuvo la idea de abrir una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) a nombre de Gabriel Prado para hacer los depósitos de dinero.

“Se generó una reunión entre Sanguinetti (funcionario uruguayo de la BPA), Castro y Prado. Yo no sé si le explicaron a Prado si era para el pago de la campaña. Pero la gente de la Banca Privada de Andorra sabía que eran pagos indebidos”, precisó Barata.