Estudio revela que el 50% de menores peruanos interactúa con desconocidos en internet mientras el Estado demora en reglamentar ley de protección digital.
Perú atraviesa una crisis de seguridad digital que afecta directamente a su población más vulnerable. Un reciente estudio de CHS Alternativo ha encendido las alarmas al revelar que cuatro de cada diez menores peruanos han recibido propuestas inadecuadas a través de internet, mientras que la mitad de ellos admite haber tenido contacto con desconocidos en el entorno digital.
CHS alternativo advierte que la situación se agrava debido a la inacción del Poder Ejecutivo, que mantiene sin reglamentar la Ley 31664 desde hace más de dos años, dejando en el limbo la protección de casi 10 millones de niñas, niños y adolescentes. Esta normativa, que debería obligar a establecimientos públicos y privados a implementar filtros de contenido en sus servicios de internet, permanece inaplicable ante la ausencia de un reglamento.
Millones en riesgo
Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, señala que la problemática afecta a los 9 millones 770 mil menores entre 0 y 17 años que registra el INEI. "El Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, es el responsable de adecuar el reglamento para que la ley empiece a implementarse", enfatizó el especialista.
Las cifras del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior son alarmantes: durante 2024 se registraron 575 denuncias por chantaje sexual, 164 por proposiciones sexuales a menores, 118 por pornografía infantil y 22 por explotación sexual de menores. Sin embargo, estos números podrían representar solo la punta del iceberg.
Un ciberpatrullaje realizado por CHS Alternativo ha identificado nuevas estrategias de captación por parte de explotadores, quienes utilizan plataformas como Discord, WhatsApp, Telegram y X (antes Twitter) para establecer contacto con menores mediante falsas propuestas de amistad. Los videojuegos en línea se han convertido en espacios particularmente vulnerables, donde los agresores aprovechan el anonimato digital para ganar la confianza de los menores y obtener material audiovisual que posteriormente monetizan.
La ley sin reglamentar afecta directamente a más de 1,800 municipalidades provinciales y distritales del país, que no pueden establecer ni imponer sanciones a los establecimientos que incumplen las disposiciones de seguridad. La norma debería aplicarse en cabinas públicas de internet, así como en servicios gratuitos o rentados en restaurantes, hoteles, aeropuertos, centros comerciales, plazas, parques e instalaciones gubernamentales.
Ante esta situación, CHS Alternativo ha puesto en marcha iniciativas preventivas, incluyendo un proyecto en Loreto con el apoyo de Safe Online, y otro enfocado en empresas privadas del sector turismo y tecnologías de la información, respaldado por Brot Für Die Welt, para fortalecer la seguridad de sus plataformas.
La problemática afecta especialmente a grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como migrantes y comunidades indígenas. "La demora en la reglamentación obstaculiza la implementación de medidas clave para reducir los riesgos en el entorno digital", advierte Valdés, quien subraya la urgencia de que las autoridades tomen cartas en el asunto.
La falta de regulación efectiva en los espacios públicos con acceso a internet ha creado un escenario propicio para que los depredadores digitales operen con impunidad, mientras las autoridades locales se encuentran maniatadas por la ausencia de un marco regulatorio que les permita actuar. Esta situación demanda una respuesta inmediata del Estado para proteger efectivamente a la niñez y adolescencia peruana en el entorno digital.
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