Texas le da un duro golpe al bolsillo de los inmigrantes universitarios. Esta nueva medida les quitará un importante beneficio económico en el estado.
Estudiar en Estados Unidos ha sido el sueño de muchos jóvenes inmigrantes que, con esfuerzo, buscan abrirse camino en un país lleno de oportunidades. Durante años, algunos estados han ofrecido beneficios que les permitieron acceder a la educación superior sin que el costo fuera un obstáculo insuperable. Pero ahora, ese panorama está cambiando drásticamente.
Recientemente, una decisión judicial en Texas ha encendido las alarmas en los inmigrantes. Lo que antes representaba un alivio económico importante para miles de estudiantes, hoy se ve amenazado por medidas que podrían dejar a muchos sin opciones viables para continuar sus estudios. La preocupación crece, y con ella, la necesidad de entender qué está pasando.
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Inmigrantes universitarios no podrán ahorrar dinero en Texas
Una decisión judicial reciente en Texas podría cambiar la realidad de miles de jóvenes inmigrantes que soñaban con una carrera universitaria en Estados Unidos. Se trata del bloqueo de una ley estatal que, durante años, permitió a los estudiantes sin estatus migratorio regular acceder a tarifas universitarias reducidas. Esta medida había sido un gran alivio para muchas familias que luchan por darles un futuro mejor a sus hijos.
Según el Departamento de Justicia, la suspensión de este beneficio histórico afecta a los llamados "dreamers", jóvenes que llegaron al país siendo niños y que han construido su vida en Estados Unidos. En total, más de 57 000 estudiantes se verán perjudicados. La demanda fue presentada ante un tribunal federal con el objetivo de frenar por completo esta política, que los legisladores conservadores intentaron eliminar durante años.
Texas fue, en su momento, el primer estado del país en ofrecer este tipo de apoyo a los estudiantes indocumentados, marcando una diferencia importante en la vida de miles de familias. Pero ahora, con el aval del gobierno de Donald Trump, la situación parece haber dado un giro inesperado. Desde la administración federal se planea extender esta política a los otros 24 estados que actualmente ofrecen beneficios similares a los inmigrantes.
La secretaria de Justicia, Pam Bondi, respaldó la decisión afirmando que, según la ley federal, las escuelas no pueden ofrecer beneficios a los inmigrantes sin estatus que no estén disponibles también para los ciudadanos. Aunque la noticia generó preocupación entre muchas comunidades, también despertó una nueva ola de lucha por los derechos de quienes siguen viendo en la educación una vía de progreso y esperanza en EE.UU.
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