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Nolveiro Vera, acusado de delitos menores, optó por una insólita estrategia para evadir a los agentes de inmigración que lo esperaban afuera del tribunal.
Lo que parecía una audiencia rutinaria en el Tribunal Penal de Manhattan se convirtió en una escena inusual: un inmigrante venezolano, acusado de delitos no graves, le rogó a una jueza que lo encarcelara. Su objetivo no era escapar de la justicia, sino evitar ser capturado por agentes de inmigración que lo esperaban para deportarlo.
Nolveiro Vera Ordóñez, de 30 años, enfrentaba cargos por vandalismo, hurto menor y posesión de propiedad robada. Normalmente, estos delitos no conllevan prisión preventiva, pero el miedo a la deportación llevó a Vera a jugar su carta más desesperada. La jueza Rachel Pauley accedió a fijar una fianza excepcional a petición del propio acusado, permitiendo que fuera esposado y trasladado a prisión, lejos del alcance inmediato de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
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La cárcel como refugio frente a ICE
En los pasillos del tribunal, al menos cinco agentes del ICE aguardaban la salida de Vera con una orden de detención en mano. La prisión, en este contexto, representó una pausa ante un destino incierto. Para muchos inmigrantes, este tipo de medidas extremas —como solicitar voluntariamente el encarcelamiento— son vistas como un respiro frente a un sistema migratorio que, bajo políticas más estrictas, ha intensificado su accionar. El New York Post calificó el caso como “altamente inusual”, subrayando la tensión creciente entre los procesos judiciales penales y los procedimientos migratorios.
Redadas en Federal Plaza refuerzan el miedo
El mismo día del arresto de Vera Ordóñez, en el edificio de 26 Federal Plaza, sede de la corte de inmigración, al menos cuatro personas fueron detenidas tras asistir a sus citas del Programa de Comparecencia de Supervisión Intensiva (ISAP, por sus siglas en inglés). Este programa, pensado para monitorear a inmigrantes en proceso de deportación, se ha transformado en una emboscada para muchos. En semanas recientes, al menos diez personas más fueron interceptadas a la salida del mismo edificio, donde los agentes del ICE se instalan estratégicamente como redes de captura.
La política migratoria actual, reforzada desde la era Trump y mantenida en gran medida, ha endurecido las estrategias de control migratorio, especialmente en espacios donde antes los inmigrantes encontraban cierta seguridad. Con operativos dentro y fuera de tribunales y sedes migratorias, se busca enviar un mensaje contundente: ninguna persona en situación irregular escapará al rastreo del ICE. Para personas como Vera Ordóñez, vivir un día más en EE.UU. implica, incluso, estar entre rejas antes que ser devuelto a un país del que huyeron.
Aunque su estrategia no garantiza un estatus migratorio legal ni resuelve su situación judicial, la acción de Vera abre una discusión sobre los límites del sistema migratorio estadounidense y las medidas a las que se ven forzadas personas que buscan permanecer en el país. La cárcel, antes símbolo de castigo, ahora se convierte para algunos inmigrantes en la única protección posible frente a una maquinaria legal que no ofrece tregua.
Comunidades amazónicas: entre la amenaza criminal y la ausencia del Estado
En la Amazonía peruana, numerosas comunidades indígenas están bajo creciente amenaza debido al avance del narcotráfico, la tala ilegal y la ausencia del Estado. Una de las más afectadas es la comunidad Kakataibo, situada entre Ucayali y Huánuco.
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Martha Seminario Rubio Periodista
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