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El gobierno federal accedió en menos de una hora a millones de registros médicos de inmigrantes con el fin de reforzar su política de restricción de beneficios públicos.
El gobierno de Donald Trump autorizó el uso de registros médicos de millones de inmigrantes inscritos en Medicaid, lo que ha encendido alertas legales y sociales sobre una vigilancia estatal con fines migratorios. La entrega de esta información fue solicitada por dos asesores del secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, quienes exigieron al Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) completar la transferencia en apenas 54 minutos, según reportó Associated Press.
La base de esta acción se encuentra en la iniciativa del presidente Trump para restringir el acceso de inmigrantes indocumentados a programas públicos. La medida busca identificar a quienes, presuntamente sin estatus legal, han hecho uso de servicios de salud financiados con fondos federales. Sin embargo, funcionarios internos advirtieron que dicha acción podría violar tanto la Ley del Seguro Social como la Ley de Privacidad de 1974.
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Gobernadores y activistas rechazan la medida
El traspaso afectó información sensible de residentes en estados como California, Illinois y Washington D. C., donde los gobiernos locales financian programas sanitarios para inmigrantes con fondos estatales. El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la entrega de datos como “posiblemente ilegal” y advirtió que vulnera la privacidad de las familias inmigrantes. Por su parte, la organización Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) denunció que este tipo de acciones erosiona la confianza en el sistema de salud pública.
Riesgos para la salud pública y efectos paralizantes
Expertos advierten que el uso de información médica para fines migratorios podría provocar que miles de inmigrantes eviten acudir a hospitales por temor a ser reportados. Según una encuesta de 2023 de KFF y Los Angeles Times, el 50% de inmigrantes indocumentados y el 18% de los residentes legales carecen de seguro médico, una cifra que contrasta con solo el 6% de ciudadanos naturalizados en la misma condición.
El efecto “paralizante” ya se había detectado en 2019, cuando estudios de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en inglés) revelaron que el 17% de adultos indocumentados no se inscribieron en programas públicos por miedo a poner en riesgo su estatus. Esta situación repercute directamente en el bienestar colectivo y ahonda la brecha sanitaria entre comunidades.
Indagaciones y tensiones legales en curso
Mientras agencias estatales como la de Washington investigan el alcance del traspaso, el estado de California evalúa si se violaron políticas locales de privacidad. En paralelo, la tensión se ha hecho visible en las calles con protestas en ciudades como Los Ángeles, donde organizaciones comunitarias rechazan el uso de la Guardia Nacional, drones y otras tácticas de vigilancia para redadas migratorias.
Desde el Ejecutivo federal, se argumenta que la entrega de datos responde a un memorando presidencial firmado en febrero, que autoriza acciones para evitar el uso indebido de beneficios públicos. No obstante, legisladores y abogados especializados en privacidad han planteado que esta medida podría contravenir normativas sanitarias y de protección de datos personales.
Diversas organizaciones se preparan para presentar demandas judiciales, apelando a la Ley de Privacidad de 1974 y al principio de confidencialidad médica. Al mismo tiempo, se organizan campañas informativas para reducir el miedo entre los inmigrantes y evitar que se alejen de los servicios de salud. Expertos advierten que el impacto de estas medidas podría ser duradero, afectando no solo a los indocumentados, sino a toda la red de salud pública.
Este hecho marca un nuevo episodio en la confrontación entre la política migratoria de Estados Unidos y los derechos fundamentales. La resolución de los tribunales y la posible reacción legislativa determinarán si esta práctica se consolida o si será revertida ante la presión social y jurídica.
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