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El proyecto de ley busca atender a las comunidades más vulnerables, que suelen quedar desprotegidas en emergencias naturales, según informes oficiales.
Una propuesta legislativa presentada en California ha despertado un intenso debate al plantear que inmigrantes indocumentados reciban prioridad en la asignación de ayuda económica tras desastres naturales. Se trata del proyecto de ley AB 262, impulsado por la asambleísta Jessica Caloza, el cual ha recibido críticas de opositores que señalan un posible uso indebido de fondos públicos.
La iniciativa establece que las agencias locales con daños inferiores a un millón de dólares tendrán preferencia para recibir recursos federales. No obstante, voces como la del legislador Carl DeMaio alertan que la normativa permitiría redirigir fondos estatales hacia personas sin estatus migratorio legal, lo que ha encendido un debate sobre la equidad y la administración responsable de los recursos.
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Impacto en comunidades latinas afectadas por desastres
Un informe del Comité de Gestión de Emergencias de la Asamblea Estatal respalda la propuesta al señalar la vulnerabilidad de la población latina frente a desastres naturales. Según datos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en inglés), más de 74 000 latinos han sido afectados por incendios forestales en el área de Los Ángeles, representando uno de cada cuatro damnificados. Esta cifra refleja la carencia de seguros adecuados y planes de contingencia en estas comunidades.
Aunque los latinos constituyen cerca de la mitad de la población en Los Ángeles, la mayoría de los hogares afectados no cuenta con recursos suficientes para afrontar las pérdidas causadas por emergencias naturales, según el estudio. Ante esta realidad, la asambleísta Caloza insiste en que la asistencia debe centrarse en quienes más necesitan apoyo, sin discriminar por su situación migratoria.
Lo que propone la Ley de Asistencia Individual de California
Dentro del proyecto AB 262, se contempla también la creación de la Ley de Asistencia Individual de California. Esta norma proporcionaría apoyo económico y de vivienda a familias e individuos afectados por emergencias locales, incluyendo la cobertura de pérdidas de ingresos, reparaciones de bienes personales esenciales y gastos médicos o funerarios.
La propuesta también destina fondos a organizaciones comunitarias que trabajan directamente con los afectados. Estos recursos cubrirían costos de personal, adquisición de equipos y servicios de traducción, contribuyendo a una respuesta más inclusiva y eficiente en escenarios de crisis.
Críticas sobre posibles abusos en la aplicación del proyecto
A pesar de las buenas intenciones expresadas por sus impulsores, el proyecto AB 262 enfrenta objeciones que advierten sobre su vulnerabilidad a abusos. Algunos críticos temen que funcionarios locales puedan declarar desastres en situaciones menores para recibir más fondos, ante la falta de lineamientos estrictos que regulen este tipo de solicitudes.
El historial del gobernador Gavin Newsom en cuanto a la flexibilización de requisitos de transparencia financiera tras desastres naturales alimenta aún más las dudas. Para los opositores, la falta de controles claros podría comprometer la correcta distribución de los fondos y desviar los beneficios de las comunidades realmente necesitadas.
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Martha Seminario Rubio Periodista
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