Análisis | Las respuestas que pueden dar el Estado y la sociedad ante la violencia contra menores

La violencia sexual contra un menor de edad no es un problema privado que le concierne solo a la familia de una víctima, sino uno público al que tanto la sociedad y el Estado se deben enfrentar, coincidieron los invitados de esta semana al panel de Enfoque los Sábados. Los especialistas conversaron con Raúl Vargas, consejero editorial de RPP Noticias, sobre qué respuestas pueden darse en el Perú ante el creciente problema de la desaparición de personas y de abusos contra niñas, niños y adolescentes.

A partir del caso de la menor que fue violada y asesinada por un hombre en San Juan Lurigancho, quien ya tenía antecedentes de violencia sexual, el panel planteó medidas que van desde la conducta de los padres de familia y de la sociedad con los niños hasta acciones concretas sugeridas al Gobierno, a la Policía y al Sistema de Justicia. Estas incluyen ofrecerles a los niños ambientes seguros para desarrollarse y la implementación de registros públicos de Personas Desaparecidas y de Agresores Sexuales.

Atención inmediata y registro público

Rosario Sasieta, excongresista y especialista en legislación familiar, pidió a los peruanos que no piensen en la violencia sexual contra menores como un tema que "nunca les va a tocar", sino que lo entiendan como uno público que “no termina en la casa”.  “No es que ‘no te metas con mis hijos, yo los educo, hago lo que creo conveniente con ellos’ (…) El tratamiento de abuso sexual o de temas de menores le corresponde al Estado, al país y a la ciudadanía”.

“Es un tema que transcurre en todas las clases sociales: va desde La Molina hasta Huaycán, no tiene ningún privilegio (…) Entendamos que esto va más allá de un segmento de la sociedad y que si 7 de cada 10 mujeres han sido violentadas en algún momento de su vida, no estamos hablando de una epidemia, sino de una pandemia". La abogada también lamentó que en muchos casos, los menores no encuentren el apoyo que deberían cuando son víctimas, y que no sepan a quien acudir cuando el agresor es un familiar cercano.

Las víctimas o testigos de estos casos, recordó Sasieta, pueden llamar al 105 de la Policía, donde hay personal especializado cuando se trata de una emergencia. Además, señaló que si sienten que estas autoridades no atienden bien su denuncia, pueden quejarse marcando el 1818. También señaló que hace dos años pidió la implementación y difusión del Registro Nacional de Agresores (RENA), que “permitiría al taxista o ama de casa saber exactamente quiénes son los agresores en este país (…) Es el Ministerio Público quien tiene la responsabilidad de hacerlo”.

Prevención y tratamiento

Para Rolando Pomalima, director ejecutivo de Investigación, Docencia y Atención Especializada de Niños y Adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado- Hideyo Noguchi”, analizar el rol de la familia en los casos de violencia es crucial para la prevención. “El 50% de nuestros niños son víctimas de violencia física. No hay adecuados apegos. Un apego seguro es cuando el padre da al niño espacio para que desarrolle todas sus habilidades potenciales. Estamos dándoles apegos inseguros o desorganizados. Los padres creen que pueden hacer lo que quieran con sus hijos. Eso es una equivocación: los niños son de todos, el niño que juega con mi hijo es también parte de mi familia”.

El psiquiatra explicó que las madres y padres son responsables de proteger a sus hijos, cuya crianza no debe ser autoritaria o llena de castigos, sino asertiva, dejando que actúen por su cuenta pero siempre explicándoles las consecuencias de sus actos.  “Las conductas de los padres, que muchas veces son sobreprotectoras, no permiten a los niños desarrollar sus habilidades. Las familias muy punitivas, muy autoritarias, tampoco lo permiten porque crean miedo”, alertó.

“Un compromiso que debemos tener [como sociedad] es el de interceder por los niños y a las familias darles principios de desarrollo de crianza”, explicó Pomalima. “Es importante y hay áreas específicas. Desde la salud, por ejemplo, tenemos que potenciar la promoción y la prevención del buen trato del niño, de su desarrollo adecuado. Una actividad es el juego: el niño aprende a través del juego, sin embargo encontramos colegios que no lo permiten".

Pomalima luego destacó la importancia de tratar y rehabilitar a la víctima. Explicó que cuando un paciente llega con trastornos como desórdenes alimenticios o depresión, recién cuenta en una etapa avanzada del tratamiento que sufrió un abuso y que en la mayoría de casos, los culpables son familiares cercanos. “El tratamiento no es de un día. Los tenemos por lo menos seis meses en el Instituto. Pasan por un proceso de confianza, de expresión de emociones –porque cuando alguien es violentado tiene una parálisis emocional-, de expresar el acto del abuso en un ambiente de confianza, y luego habilidades sociales”.

Respuestas institucionales

La adjunta para los Derechos de la Niñez y de los Adolescentes de la Defensoría del Pueblo, Matilde Cobeña, advirtió que “nos hemos olvidado desde la familia, el Estado y la sociedad, que los niños necesitan una protección especial". Esto se da, sostuvo, "probablemente porque no vemos al niño como un sujeto de derechos, porque creemos que son objetos de nuestra propiedad y que por eso los podemos maltratar”.

Cobeña pidió que el Estado y la sociedad promuevan “una cultura de respeto de derechos de la niñez”. “A veces las autoridades no se dan cuenta de que tienen obligaciones con los niños: los gobiernos locales, los regionales, todas las entidades en el sector Ejecutivo, las del sistema de Justicia”. Para esto, la Defensoría cuenta con un sistema de intervención que permite atender quejas sobre una entidad pública que no cumple su papel. Los ciudadanos pueden llamar al 0800-15-170 para hacer su denuncia.

La adjunta también advirtió sobre la importancia de un aspecto clave en la formación del niño: el colegio, el cual debe ser “un espacio donde sienta que puede desarrollarse libremente y ser respetado en sus derechos”. “El niño no puede tener miedo de ir a la escuela porque va a ser vulnerado por algún otro escolar o compañero, no puede tener miedo a que lo acosen, a que lo violenten. (…) La escuela debería ser un espacio donde se sienta protegido, amparado y escuchado".

A partir del caso de la niña asesinada en San Juan de Lurigancho, agregó, la Defensoría ha solicitado que se suspendan los talleres para niños “ya que no son espacios seguros o adecuados” para menores de edad. También pidió la implementación del Registro Nacional de búsqueda de Personas Desaparecidas, tema en el que luego incidió el titular de la institución, Walter Gutiérrez.

La urgencia del registro

El Perú no cuenta con un registro de personas desaparecidas. El único era el portal peruanosdesaparecidos.org, elaborado con información recopilada desde el 2003 por la ONG Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo) y que el 2008 fue compartida con la Policía como un registro transitorio mientras el Estado hacía uno propio. Sin embargo, ya no está en línea y la información se ha perdido, según explicó el subdirector de esta organización, Luis Enrique Aguilar.

“A la fecha, la información que tenemos es que el registro oficial será puesto a disposición en marzo de este año, pero con el inconveniente de que todavía no se ha logrado recuperar toda la información de casos previos que habían sido registrados en la base creada por la sociedad civil”, contó. “La primera unidad de búsqueda de personas desaparecidos que se crea en el Perú fue en 1958. Desde ese año deberíamos haber tenido una forma de registro y de cómo difundirlo”.

“Hay muchos casos, especialmente los de trata de personas y explotación sexual de niñas, niños, y adolescentes, que se inician como personas desaparecidas. Mientras no sea ubicada una víctima de trata, por ejemplo, es también una persona desaparecida”, explicó. “En el 2016, el sistema que desarrolló CHS y que fue traslado al Estado, registraba 2551 denuncias de desaparición de persona en el Perú. De esos, menores de edad eran 1166. Lamentablemente, no tenemos la data del 2017 porque la información ya no puede ser recuperada debido a la caída de la página web”.

Como parte de la lucha contra las desapariciones y agresiones sexuales a menores, destacó la importancia de generar “espacios y entornos seguros para niñas, niños y adolescentes” desde la familia, el Estado y la sociedad. "Esto ya no es un problema político, es un problema operativo. Hay leyes de protección, como la ley Brunito, pero quienes deben implementarlas no cuentan con los recursos, con las competencias, con los servicios de supervisión, no asumen las responsabilidades. Dejemos de ver esto desde la óptica de 'qué hacemos cuando un caso llega a medios de comunicación', solucionemos lo operativo”.