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por Paloma Verano
·Entre 2003 y 2023 se registraron un total de 261 ataques a mujeres defensoras de derechos humanos a nivel nacional, y el 23% de estos casos fueron en la Amazonía, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ante el avance de la minería ilegal, la tala indiscriminada y la presencia de organizaciones criminales internacionales en regiones amazónicas, la labor de las mujeres defensoras se encuentra amenazada.
"En todos los lugares donde hay minería, madera, petróleo... quienes están amenazados somos las lideresas y los líderes. Yo que he sido lideresa durante muchos años me han amenazado, hasta me han dicho que van a matar a mis hijas (...) Y sí, en algún momento he dicho mejor me cambio de lugar... Y me he cambiado de lugar", cuenta Teresita Antazú, lideresa de la comunidad indígena yanesa, a RPP Data.
Su testimonio evidencia el alto riesgo que enfrentan las mujeres que defienden el medio ambiente y los derechos humanos en nuestro país frente al avance de la minería ilegal, el tráfico de terrenos, la tala indiscriminada y delitos asociados como la trata de personas y la explotación sexual.
La minería ilegal se ha extendido en nueve regiones amazónicas en nuestro país: Madre de Dios, Amazonas, Loreto, Huánuco, Ucayali, San Martín, Pasco, Cusco y Puno, y hoy impacta directamente a 73 comunidades nativas, según un informe de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA). Madre de Dios es el centro de este delito, con más de 11,500 hectáreas deforestadas solo en el 2024.
"En Cerro de Pasco la minería ilegal es fuerte, pero en la parte andina. En la selva hemos visto más tala ilegal, porque por ahí sacan las maderas (...) Ahora sacan incluso de las reservas comunales y las áreas protegidas. Es bastante triste, yo he podido viajar a las nueve regiones de la Selva Central y he visto de todo. Hace poco estuve en Madre de Dios, en una comunidad bien alejada, donde no tienen agua para tomar cerca. Tienen que caminar una hora para traer agua... el río está pasando cerca de ellos, pero se ve la contaminación, parece una grasa negra encima del agua y ellos no pueden tomar esa agua, ni siquiera bañarse", agrega Antazú.
La "internacionalización" del crimen
También existe otra amenaza: la expansión de las bandas criminales internacionales en las fronteras del Perú, como Los Choneros de Ecuador o el Tren de Aragua de Venezuela. A fines de agosto el Apu Romer Orrego Ikam, líder indígena de la provincia de Condorcanqui en el departamento de Amazonas, denunció en RPP el avance de la organización criminal ecuatoriana Los Choneros, vinculados a minería ilegal y reclamó por la falta de operativos eficientes por parte de las autoridades.
"En el momento de la interdicción que va a realizar el Ejército peruano (...) ya sabe todo el mundo que va a haber interdicción y de pronto [los Choneros] utilizan a los niños como escudo y los llevan a las dragas y a los sectores donde están trabajando”, indicó.
Asimismo, el líder indígena denunció que estas actividades ilícitas también están corrompiendo a la juventud y niñez awajún y wampis. “Lo más indignante es que están adoctrinando a mis hermanos Aguajún con esta ideología, ahora ya nadie habla de la protección del medio ambiente, ya no tienen esa sensibilidad, hablan en contra del Estado, del Gobierno, del abandono”, manifestó.
Silvana Baldovino, directora de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, advierte que se comparte criminalidad entre países fronterizos.
"Si antes compartíamos temas de biodiversidad en las fronteras y teníamos una visión de Amazonía más general para conservar los recursos, ahora ya esto pasó a ser un fenómeno más crítico. Las fronteras se han vuelto focos donde el crimen pasa de un lado a otro y donde aparecen diferentes grupos, sea por donde sea. Tienes el Tren de Aragua, los Choneros... el crimen organizado cruza fronteras y entra al Perú, como entra a Bolivia, a Ecuador. Los riesgos hacia los defensores y defensoras ambientales en el país han aumentado", comenta.
Entre 2007 y 2023, 14 mujeres defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en el Perú, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Entre ellas figura la lideresa shipibo konibo Olivia Arévalo, asesinada en la provincia de Coronel Portillo en Ucayali en el 2018 y Felícita Cherre, defensora ambiental asesinada por traficantes de terrenos en Lambayeque.
A esta grave cifra se suman 261 ataques contra defensoras registrados entre 2003 y 2023, de los cuales el 23% ocurrió en la Amazonía, con mayor afectación a comunidades indígenas kichwa, shipibo konibo, asháninka y awajún, de acuerdo con el Registro sobre Situaciones de Riesgo de Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Aumento de violencia sexual en la Amazonía
El avance de la minería ilegal también arrastra delitos como la trata de personas, la explotación y la violencia sexual, sostiene Silvana Baldovino, vocera de la SPDA. "Estamos viendo un número de crímenes tan alto y cómo esta ilegalidad, trae delitos conexos que vulneran a las mujeres. En el caso de la minería ilegal, se vincula a la trata de personas, y las personas más vulnerables terminan siendo las mujeres y los niños. Las amenazas y riesgos de una mujer defensora tienen que ver con la familia, con los hijos, violencia sexual, intimidaciones, campañas de difamación o reputación", comenta Baldovino.
Teresita Antazú, lideresa yanesha, confirma este tipo de riesgos. "Muchas veces, en algunas comunidades, algunas lideresas han dejado sus cargos porque no quieren exponerse, porque las han amenazado, pues. Les han 'si no nos dejan pasar o si siguen hablando les matamos o matamos a sus hijos'. Algunas mujeres líderes han venido con nosotras a preguntarnos, hermanas, ¿qué podemos hacer? Nosotras hemos hecho documentos, pronunciamientos, en algunos casos hemos pedido para que les cuiden, pero el cuidado que nos han dado solo ha sido un documento nada más, porque no te ponen nada para que alguien que te cuide, ni Policía ni nada", narra.
Respecto a los delitos de violencia sexual contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, durante todo el 2024 se procesaron 4,602 casos de violencia sexual en el Poder Judicial en los distritos judiciales de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Ucayali y la Selva Central. En lo que va del 2025 ya van 2,711 casos, lo que indica que se podría superar la cantidad respeto al año anterior, sostiene Marcela Paliza, representante del Poder Judicial y coordinadora del Programa Nacional para la Implementación de la Ley N° 30364.
"Hablando solo de violencia sexual, se estima que [este año] probablemente se superen estos más de 4,600 casos (...). Hay dos cuestiones importantes: puede ser, por un lado, que, efectivamente, estén aumentando los casos, pero también puede estar relacionado con el aumento de espacios que tienen las mujeres para hacer denuncias", precisa Paliza.
Además, alerta sobre la relación entre minería y tala ilegal con la violencia sexual en la zona. "Conocíamos el caso de Amazonas, que salió el año pasado, donde se denunciaba a los profesores por violencia sexual [en Condorcanqui]. Ahora que estamos en el proceso de implementación del Sistema Especializado de Justicia para la Violencia contra las mujeres, cuando se ha ido al campo y se ha recogido la información, se ha evidenciado que muchas de las víctimas de violencia sexual, niñas y adolescentes, han sido violentadas sexualmente por mineros ilegales, principalmente, y por [personas vinculadas] de la tala ilegal", advierte Paliza.
La minería y la tala ilegal no solo destruyen bosques, también han instalado un sistema de violencia y crimen organizado que pone en riesgo la vida de mujeres defensoras de la Amazonía. Teresita Antazú sostiene que, desde su comunidad, están luchando contra la tala ilegal y la minería ilegal, pero que necesitan un mayor apoyo por parte del Estado. "Quisiéramos que el Estado diera una mirada a ese tema y que por lo menos nos dé la seguridad de nuestros territorios, la seguridad de nuestro modo de vida, el respeto a nuestra cultura y que seamos un peruano más en este país", reclama.
Más de 20 autoridades y exautoridades son investigadas por minería ilegal, según Fiscalía
A menos de un año de las elecciones 2026, la Fiscalía advierte sobre la posible presencia de la minería ilegal en campañas electorales y anuncia que más de 20 autoridades y exautoridades son investigadas por sus vínculos con este delito. Los detalles en el siguiente informe de RPP Data.
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