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por Redacción RPP
·Justicia peruana deberá analizar la condición de asilo de Jorge Torres Obleas, Mirtha Quevedo y Javier Torrez Goitia y decidir si la solicitud boliviana es procedente o no.
La Corte Suprema de Bolivia aprobó una resolución para solicitar a la justicia peruana la detención y extradición de tres ex ministros del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada asilados en ese país, informó una fuente oficial.
La Corte solicitó en un documento emitido el pasado viernes y al que accedió hoy Efe "la detención preventiva con fines de extradición" de los ex ministros Jorge Torres Obleas, Mirtha Quevedo y Javier Torrez Goitia, que figuran entre los 17 acusados por nueve delitos, entre ellos el de "genocidio".
El auto supremo será entregado a la Cancillería, entidad encargada de enviar el documento a su similar en Perú para hacer la solicitud de extradición.
El fiscal Milton Mendoza, encargado del caso, destacó la resolución emitida por la Corte y señaló que el éxito del trámite dependerá de las gestiones "que puedan realizar los diplomáticos bolivianos en Lima", según la agencia estatal ABI.
"Tenemos un acuerdo de cooperación judicial en materia penal con Perú y esto es muy importante porque no sólo daríamos paso a la reciprocidad entre los países, sino al cumplimiento de esta ley entre partes, que es el tratado de cooperación", indicó Mendoza.
De su lado, el abogado de las víctimas de la matanza del 2003, Rogelio Mayta, consideró que el paso del Tribunal de Penas de la Corte Suprema de Justicia es "muy importante", si bien observó que la aprobación del documento se haya demorado más de un mes.
"En los próximos días, deben realizarse los exhortos suplicatorios, remitirse a la Cancillería boliviana y de ahí enviar a sus pares en el Perú", explicó el abogado, según la agencia estatal.
Las protestas de octubre del 2003 causaron más de 60 muertos por la represión del Ejército y la Policía a sectores sociales opuestos a un proyecto de exportación de gas hacia Estados Unidos por puertos de Chile, país con el que Bolivia no tiene relaciones diplomáticas.
Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), quien vive en Estados Unidos desde entonces, es juzgado en ausencia por nueve delitos, entre ellos el de "genocidio" en su variante de "masacre sangrienta" establecida en la legislación local.
Quevedo, Torres Obleas y Torrez Goitia, asilados en Perú desde mayo, fueron declarados "en rebeldía" el mismo mes por no haberse presentado a la audiencia para iniciar el juicio y salieron del país sin las autorizaciones pertinentes pese a tener un proceso en contra.
El órgano judicial peruano deberá analizar la condición de asilados de los tres ex ministros y decidir si la solicitud de la Corte Suprema boliviana es procedente o no.
La decisión del gobierno de Alan García de otorgar asilo a los ex ministros contribuyó al deterioro de las relaciones bilaterales entre Perú y Bolivia, cuyas autoridades aseguran que la situación mejorará sólo si el Ejecutivo peruano revoca esa determinación.
EFE
La Corte solicitó en un documento emitido el pasado viernes y al que accedió hoy Efe "la detención preventiva con fines de extradición" de los ex ministros Jorge Torres Obleas, Mirtha Quevedo y Javier Torrez Goitia, que figuran entre los 17 acusados por nueve delitos, entre ellos el de "genocidio".
El auto supremo será entregado a la Cancillería, entidad encargada de enviar el documento a su similar en Perú para hacer la solicitud de extradición.
El fiscal Milton Mendoza, encargado del caso, destacó la resolución emitida por la Corte y señaló que el éxito del trámite dependerá de las gestiones "que puedan realizar los diplomáticos bolivianos en Lima", según la agencia estatal ABI.
"Tenemos un acuerdo de cooperación judicial en materia penal con Perú y esto es muy importante porque no sólo daríamos paso a la reciprocidad entre los países, sino al cumplimiento de esta ley entre partes, que es el tratado de cooperación", indicó Mendoza.
De su lado, el abogado de las víctimas de la matanza del 2003, Rogelio Mayta, consideró que el paso del Tribunal de Penas de la Corte Suprema de Justicia es "muy importante", si bien observó que la aprobación del documento se haya demorado más de un mes.
"En los próximos días, deben realizarse los exhortos suplicatorios, remitirse a la Cancillería boliviana y de ahí enviar a sus pares en el Perú", explicó el abogado, según la agencia estatal.
Las protestas de octubre del 2003 causaron más de 60 muertos por la represión del Ejército y la Policía a sectores sociales opuestos a un proyecto de exportación de gas hacia Estados Unidos por puertos de Chile, país con el que Bolivia no tiene relaciones diplomáticas.
Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), quien vive en Estados Unidos desde entonces, es juzgado en ausencia por nueve delitos, entre ellos el de "genocidio" en su variante de "masacre sangrienta" establecida en la legislación local.
Quevedo, Torres Obleas y Torrez Goitia, asilados en Perú desde mayo, fueron declarados "en rebeldía" el mismo mes por no haberse presentado a la audiencia para iniciar el juicio y salieron del país sin las autorizaciones pertinentes pese a tener un proceso en contra.
El órgano judicial peruano deberá analizar la condición de asilados de los tres ex ministros y decidir si la solicitud de la Corte Suprema boliviana es procedente o no.
La decisión del gobierno de Alan García de otorgar asilo a los ex ministros contribuyó al deterioro de las relaciones bilaterales entre Perú y Bolivia, cuyas autoridades aseguran que la situación mejorará sólo si el Ejecutivo peruano revoca esa determinación.
EFE
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